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Andalucía sigue los pasos de Ayuso y aprueba recurrir el impuesto a grandes fortunas

  • La Junta, al igual que Madrid, pide la suspensión cautelar del tributo
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo central, y pide su suspensión cautelar hasta que haya una resolución, ya que considera que invade competencias autonómicas y que va "contra Andalucía".

El Ejecutivo andaluz, que sigue así los pasos de la Comunidad de Madrid que también recurrió el impuesto, entiende que es una tasa creada "única y exclusivamente" para contrarrestar la bonificación del impuesto de Patrimonio aprobado en la comunidad y ha advertido de que el Gobierno presidido por Juanma Moreno no permitirá que nadie "pisotee" ni "injiera" en la autonomía fiscal de la región.

El recurso, que se presentará en los próximos días, se basa en tres argumentos, el primero por una invasión de las competencias normativas atribuidas a la comunidad y recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades.

Además, argumenta que se vulnera el artículo 23 de la Constitución por el procedimiento utilizado para aprobar el impuesto, ya que se hizo a través de una enmienda en una ley por que la que se creaban otros dos impuestos.

La Junta entiende que con esa fórmula se ha privado a los grupos parlamentarios de la posibilidad de presentar enmiendas, por lo que se "cercena" un derecho de los diputados, ha explicado en rueda de prensa la consejera de Economía, Carolina España.

El tercer argumento en el que se sustenta el recurso es la vulneración del principio de seguridad jurídica que establece el artículo 9.3 de la Constitución, ya que introduce una novedad normativa "de una forma sorpresiva" e impide a los afectados "reaccionar y adaptarse", ha explicado España.

La Junta pide la suspensión cautelar del impuesto hasta que haya una resolución para que las familias no se vean obligadas a hacer frente a su primer pago.

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