El Pleno del Senado ha aprobado, con una sola enmienda aprobada, por el sistema de lectura única, los textos de reforma de la Ley Concursal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil aprobados por el Congreso de losDiputados. La tramitación de ambas normas, por su interrelación, se realizó de forma conjunta.
Una buena parte de los senadores se han quejado de las prisas del Gobierno para transponer la Directiva de Insolvencia, que no ha permitido poder debatir con mayor profundidad esta normativa.
Cada uno de los grupos parlamentarios, autores de las 252 enmiendas presentadas en la Cámara Alta, ha defendido sus propuestas. Entre las enmiendas citadas se plantearon algunas como que el no se puede reducir la modificación del plan de pagos a una sola vez, cuando las circunstancias del deudor pueden alterarse más de una ocasión en un plan de pagos que puede durar varios años; o que se pueda cambiar de ley en los procedimientos no finalizados a la entrada en vigor de la nueva ley lo que reduce las cuantías exoneradas frente a la actual legislación.
También, que se incluya la r la posibilidad de que las Administraciones Públicas estudien la viabilidad de las empresas en el caso de que el 75% de la deuda sea pública, al considerar que esta limitación abocaría a las empresas a la liquidación y a la pérdida de valor con la imposibilidad de acudir a tiempo a la reestructuración real de la deuda en empresarios diligentes.
Se han reiterado las solicitudes de que se den mayores medios personales y materiales en los juzgados mercantiles, replanteandose la carga de trabajo de cada unos de los juzgados y no haciendo el reparto por argumentos poblacionales.
Críticas de los economistas
Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas, hace balance para elEconomista del texto aprobado, explicando que las prisas por transponer la directiva para no ser sancionados por Bruselas han hurtado el debate sobre muchas propuestas que parecían interesantes.
Para Robles, "el problema es que no se ha entendido la directiva, que plantea dos cosas para hacer viables los concursos y que son: la desjudicialización y la reestructuración empresarial". Y añade que "el problema es que no se ha entendido que lo que hay que reestructurar es la empresa y no la estructura de activo, que es en lo que se ha centrado la reforma, porque para ello ya estaba la figura del convenio".
También entiende que se ha dejado sin eficacia el asunto de las alertas tempranas. "Aquí se ha dado la responsabilidad a Hacienda, a la Seguridad Social y a los Registros Mercantiles, pero hay que tener en cuenta que los datos que tienen en la actualidad corresponden a las cuentas, impuestos y cotizaciones de 2020, lo que sirve para realizar estudios históricos, pero no para alertas tempranas. Habrá que ver como evolucionan estas instituciones para mejorar este aspecto".
Destaca la falta de definición de las exigencias de conocimientos del experto en reestructuraciones. "En otros países como Reino Unido o Italia, se ha apostado por la labor de los economistas por sus conocimientos profesionales", destaca.
Y finalmente, se refiere a la segunda oportunidad, sobre la que cree que nace "tocada" por el mantenimiento de una parte del crédito publico, que va a ser incobrable y que va a fomentar la economía sumergida y rebajar la recaudación.
