El Covid-19 redirigió, en 2020, la atención de los inversores sostenibles hacia la S de ESG (acrónimo anglosajón que alude a la inversión en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno). La pandemia destapó y acentuó carencias sociales, ligadas al desempleo, la exclusión o la salud. 2021 ha estado, quizá, más marcado por la E, por las cuestiones ambientales (con la UE sacando adelante parte de su taxonomía verde para los activos financieros), y los expertos consultados por elEconomista apuntan a que 2022 y 2023 la S será, de nuevo, la que marque el paso en la inversión sostenible. Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la S de ESG? Los puntos clave los resume el Reglamento europeo de Divulgación de Información relativa a la sostenibilidad, que entró en vigor en marzo. Considera inversiones sostenibles a las que -además de favorecer las cuestiones ambientales y de cuidar el buen gobierno- "contribuyan a un objetivo social y, en particular, toda inversión que contribuya a luchar contra la desigualdad (...), refuerce la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales, o toda inversión en capital humano o en comunidades económica o socialmente desfavorecidas".
¿En qué invierten los productos focalizados en la S? Si pensamos en renta variable, es más habitual encontrar fondos (e índices y ETF, en el caso de la gestión indexada) centrados en subtemáticas, como la igualdad de género, la inclusión social o las mejoras en la sociedad. Esos fondos pueden invertir en empresas que, por la naturaleza de su actividad, trabajan en solucionar este tipo de problemas (como puede ser una compañía dedicadas a buscar trabajo a personas en riesgo de exclusión), y/o en compañías que cuentan, a nivel corporativo, con políticas que los abordan. En renta fija, los bonos sociales, que vivieron su boom el año pasado, son una herramienta que permite al inversor tener impacto en proyectos sociales muy específicos.
Un futuro 'social'
En palabras de Silvia García-Castaño, directora general de Inversiones y Productos de Tressis: "Estamos en la década de lo social", y en los próximos cinco años el foco estará en este pilar de la inversión sostenible. "Hemos vivido el desarrollo de la E y el de la G; y nos preocupamos cada vez más de cuestiones que tienen que ver con las personas. Acabamos de vivir una pandemia, estamos preocupados por el desigual reparto de la riqueza, las formas de relacionarnos han cambiado, no sabemos si la tecnología nos sustituirá como trabajadores... Afrontamos enormes retos desde el punto de vista filosófico", reflexiona. Andrea González, subdirectora de Spainsif, el foro español de la inversión responsable, también considera que en los dos próximos años "los temas de transición justa, con el híbrido entre lo social y lo climático, estarán por todas partes".

Según el estudio La dimensión social de la inversión sostenible, de Spainsif, los temas sociales clave en los que se invertirá en los próximos años son, en este orden, educación, igualdad de género, inclusión, alimentación sostenible, salud y capital humano. Las conclusiones de este informe son fruto de las encuestas específicas sobre el pilar social realizadas a 42 entidades financieras (25 nacionales y 17 internacionales), en el marco del informe anual que realiza Spainsif sobre la inversión sostenible en España.
Silvia García-Castaño apunta a tres subtemáticas clave: "En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la capacidad de retener al empleado, ya que en un mundo en que la tecnología absorberá parte de los puestos, el mejor talento sigue siendo objeto de disputa; por otro lado está la seguridad del producto y la protección del consumidor, sumamente necesaria; y en tercer lugar, los proveedores. Puedes tener un objetivo muy claro como compañía, pero tus proveedores no siempre están alineados con ellos", explica.

En opinión de Sebastián Velasco, director general de Fidelity para España y Portugal, "desde que comenzó la pandemia, se ha acelerado la adopción del capitalismo sostenible, en especial en cuestiones relacionadas con el bienestar social. Entre las empresas cunde la idea de que su existencia como sistema de asignación de recursos se fundamenta en un permiso implícito otorgado por la sociedad, y que dicha existencia solo puede fortalecerse buscando resultados que beneficien a todos, en lugar de solo a los accionistas", señala. El énfasis en la seguridad de los empleados "viene a reconocer que el aumento de la productividad y los intangibles que se consigue con estas medidas ayudará a las empresas a sobrevivir y prosperar a largo plazo", añade.
La taxonomía social europea es un proyecto que la subdirectora de Spainsfi, Andrea González, no da por asegurado
En lo que respecta al minorista, y en particular al inversor pasivo, pese a que el interés sigue dirigiéndose fundamentalmente a la E -a las cuestiones ambientales-, los aspectos sociales ya se cuelan entre sus prioridades, al menos en lo que respecta a los usuarios de los roboadvisors. Así lo revela un sondeo realizado por el gestor automatizado inbestMe entre sus clientes: "En primer lugar se sitúan los temas de cambio climático y en segunda posición las energías limpias, pero en el tercero, cuarto y quinto puestos aparecen ya cuestiones como la salud y el bienestar, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la pobreza", explica Jordi Mercader, CEO de esta fintech.
El reto: los datos y la taxonomía
La clave para que una compañía forme parte de un fondo enfocado a la S no es otra que los datos públicos que permitan evaluarla en estas cuestiones. La Directiva de información no financiera, transpuesta por cada país miembro, obliga, en España, a las empresas "a reportar en base al porcentaje de mujeres y hombres en la empresa, el porcentaje de contratos media jornada, de trabajadores con capacidades especiales...", explica Verónica Sanz, responsable de análisis y estudios de Spainsif (y autora del citado estudio sobre la dimensión social del ESG). La ley obliga a detallar múltiples cuestiones, pero el problema, señala Sanz, "es que esa información no está estandarizada".
A esto se suma la opacidad de las agencias de rating -a las que muchas entidades contratan precisamente para disponer de datos de sostenibilidad que les ayuden a tomar sus decisiones de inversión- que, por el momento, no revelan qué parte de esa información está extraída de las memorias de sostenibilidad (y, por tanto, ha sido verificada) y qué parte son meras estimaciones. "Como gestor, no me sirve; necesito saber por qué puntúas bien a una compañía, y preciso, además, bastante detalle. Yo también quiero aportar valor a mis inversores", reclama Lluís Peralta, gestor del fondo Robust Renta Variable Mixta Internacional FI en GVC Gaesco.
"Es un porcentaje cuya medición está empezando a ser obligatoria en distintos países"
Peralta apunta a que, en el maremágnum de datos sociales, el denominado equal pay previsiblemente se irá normalizando como una de las métricas estándar. "Es un porcentaje cuya medición está empezando a ser obligatoria en distintos países. Mide la igualdad salarial entre hombres y mujeres para un mismo puesto". Es distinto del pay gap, que refleja la diferencia de sueldo entre féminas y varones, independientemente de su posición (que el pay gap se reduzca implica que, en líneas generales, el número de mujeres en puestos altos es similar al de hombres).
En Europa, piedra angular para estandarizar este reporte por parte de las empresas será la taxonomía social, un proyecto que Andrea González no da por seguro. "Con la taxonomía verde sí podemos contar, pero hay personas dentro de la Plataforma de Finanzas sostenibles de la Comisión Europea que están preocupados por si la social es viable". El motivo es la diversidad existente en cuestiones de este tipo (condiciones laborales, género...) entre los diferentes estados miembros.
En opinión de Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance, "la inversión ESG no es tanto una cuestión de rentabilidad sino de invertir respetando determinados principios". No son temas siempre fáciles de medir, pero, cuando existen zonas grises, la cuestión "debe dejarse al buen criterio del gestor al seleccionar empresas", señala.