Nunca es un buen momento para enfrentarse a una pandemia que está matando a miles de personas por todo el mundo. Pero la crisis del Covid-19 probablemente ha escogido el peor para llegar a Latinoamérica: el virus ha pillado a la mayoría de los países sumidos en grandes problemas o crisis internas y externas, y en un grave estado de debilidad. En estos momentos, los países desarrollados del hemisferio norte son los que se están enfrentando a la crisis un un momento más avanzado, pero en pocas semanas, el sur de América podría encontrarse en una situación crítica. Las señales que emiten, por el momento, no son muy esperanzadoras.
A simple vista, los países podrían dividirse en tres grandes grupos. Por un lado, los que tienen recursos pero se niegan a enfrentarse al virus con todas sus armas, esperando a que pase sin más. Un segundo grupo es el de los que sufren una fuerte crisis económica y ven a las medidas necesarias para contener el virus como algo letal para su ya maltrecha situación. Y, por último, los que están viviendo una crisis social desde hace meses y llegan al momento clave con el país patas arriba. Y luego hay algunos, como Venezuela, que están en dos de estos grupos.
Los 'negacionistas': México y Brasil
Quizá lo más sorprendente de la crisis es la actitud que mantienen los presidentes de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, respectivamente, especialmente desde que España e Italia empezaron a dar las señales de alarma y un país tras otro fue al confinamiento obligatorio.
En México, el Gobierno seguía recomendando salir a la calle y hacer vida normal hasta hace una semana, simplemente respetando la "sana distancia" con otras personas. En sus guías especificaba que no hacía falta dejar de ir a restaurantes si se estaba bien, y que lo peor que podía pasar era una gripe. Solo la semana pasada, el Gobierno suspendió las clases y pasó a aconsejar no salir de casa y cerrar los locales que no fueran necesarios, pero sin ordenarlo. Una decisión similar a la del premier británico, Boris Johnson, que se vio forzado a rectificar poco después.
El Supremo brasileño estudiará si suspender a Bolsonaro de la presidencia durante seis meses por negligencia
México, en principio, se arriesga a sufrir un impacto económico mayor que el resto por el cierre de la frontera con EEUU, a donde cruzan a trabajar cada día miles de personas, y por el frenazo de su economía, que atacará de lleno a la del vecino sureño. Aunque probablemente, por esas mismas razones, sea el primero en recuperarse cuando EEUU reabra sus puertas. Si el virus, eso sí, no se ha propagado más de lo controlable estos días.
En Brasil, por su parte, Bolsonaro va más allá, negando que el Covid-19, un mero "resfriado miserable", afecte a nadie más que los mayores de 65, entre los que se incluye él mismo, que "es muy fuerte". Mientras él pide a los trabajadores que vuelvan a sus puestos, los otros poderes del Estado, el Supremo y el Congreso, piden a los ciudadanos que le ignoren y se queden en sus casas. El propio Tribunal Supremo estudiará en pleno, tras admitir a trámite, una denuncia contra el presidente de un diputado opositor, que pide su suspensión por 6 meses por negligencia criminal. Hasta las mafias de las favelas de Río de Janeiro están ocupando las responsabilidades del Gobierno para imponer una cuarentena.
Lo malo es que, en un país acostumbrado a gestionar la pobreza, la dejadez del Ejecutivo y la situación de guerra abierta entre poderes puede llevar a una explosión del virus en las megaurbes del país que acabe haciendo más daño a la maltrecha economía del país que el presidente había prometido reparar. La exitosa reforma del insostenible sistema de pensiones puede irse al garete si los infectados acaban contándose por millones.
Los que no tienen dinero: Argentina y Venezuela
Los siguientes países más afectados son dos que llevan décadas viviendo en una crisis casi permanente. Argentina se encuentra en medio de la pandemia renegociando su deuda impagable para evitar la suspensión de pagos y con una inflación desbocada. El resultado es que las medidas económicas a las que puede recurrir el presidente, Alberto Fernández, son más débiles que las que pueden usar en Europa o EEUU. Y este mismo viernes, las imágenes mostraban largas colas de jubilados, el grupo más vulnerable, esperando para sacar su pensión en efectivo de un cajero, en una situación de descontrol causada por el cierre de los bancos durante las dos semanas previas. Los constantes traumas económicos y políticos de la sociedad argentina hacen más difícil la gestión de una situación ya de por sí compleja.
Y qué decir de Venezuela, país que vive en una crisis permanente desde hace casi una década. El Gobierno de facto de Nicolás Maduro ha dado la puntilla a lo poco que quedaba de producción económica en el país con el confinamiento, y el hundimiento del precio del petróleo -prácticamente su único ingreso- ha reventado las ya de por sí inasumibles cuentas públicas. Y Maduro, al carecer de legitimidad internacional, ha visto rechazada su petición al FMI de un crédito de 5.000 millones de dólares para gastos médicos.
Es posible que la crisis del virus, que puede provocar miles de muertos ante la falta de materiales médicos, de comida y simplemente de dinero para sostener a los afectados por el desempleo, acabe por hacer insostenible la situación de Maduro. La apuesta de EEUU es que esto le obligue a renunciar a su poder absolutista sobre el país y negociar un regreso a la senda electoral con la oposición, aunque es difícil apostar por ello tras años de destrucción sistemática del orden constitucional y político. Donald Trump ha decidido redoblar su presión contra él poniendo una recompensa de 15 millones por su captura y, a la vez, ofrecerle zanahorias si cede, como un Gobierno de transición y la posibilidad de volverse a presentar a las siguientes elecciones a ver si esto funciona.
Los países en crisis social: Chile, Bolivia y Ecuador
Por último, están los países que han visto la crisis llegar justo en medio de una fuerte crisis política. Chile tenía previsto celebrar un plebiscito para aprobar una asamblea constituyente que reformara la Carta Magna que dejó el dictador Augusto Pinochet. Un texto que, aunque ha sido enmendado 40 veces y actualmente tiene la firma de un presidente democrático, Ricardo Lagos, sigue teniendo un origen que la población considera ilegítimo. No solo eso, sino que sus sistemas privados de pensiones y, más importante, de salud, llevaban provocando meses de protestas callejeras que habían sobrepasado por completo al Gobierno conservador del empresario Sebastián Piñera, cuya aprobación se había desintegrado hasta el 6%.
Con la crisis, Piñera ha aplazado el referéndum y ha puesto al país en un toque de queda total, con el ejército patrullando por las calles. Las protestas contra su Gobierno se han detenido, y su aprobación se ha recuperado hasta el 20%, pero el sistema binario de salud -una privada fuerte y una pública débil- puede exacerbar aún más la crisis si, a la salida, los muertos se concentran entre los más pobres. Por suerte para ellos, las cuentas públicas del país están mucho más fuertes que las de sus vecinos, pero el parón obligado puede hacer que el descontento se concentre aún más.
Algo similar ocurre en Bolivia, que lleva con un Gobierno en funciones desde que el expresidente izquierdista Evo Morales se fuera del país por las protestas levantadas tras ganar unas elecciones tachadas de fraudulentas por la Organización de Estados Americanos. Unas elecciones a las que ni siquiera debería haberse podido presentar, tras perder un plebiscito en el que la ciudadanía se lo prohibió explícitamente, y cuyo resultado ignoró. El vacío de poder fue ocupado por la senadora conservadora Jeanine Áñez, mientras el sistema político se fragmentaba al máximo y el país vivía protestas de todos lados de forma permanente.
El Gobierno declaró la emergencia y el confinamiento en marzo, con niveles crecientes según avanzaba el problema, pero la crisis política ha hecho la situación inestable. La suspensión de las elecciones, aunque obligada, ha dejado a Áñez al frente de un Gobierno que la oposición tacha de ilegítimo por no haber salido de las urnas. Y Áñez ha denunciado la falta de medios hospitalarios que dejó Morales y ha pedido ayuda a los países extranjeros. Nada indica que la crisis vaya a calmar los ánimos en un polarizado país en el que el heredero de Morales sigue liderando las encuestas.
Y Ecuador está viendo los resultados de la guerra de guerrillas entre el centrista Lenín Moreno y su predecesor, el populista Rafael Correa. Los correístas controlan el Parlamento del país y han bloqueado las medidas de Moreno, sucesor designado por Correa que se rebeló contra él y rompió con su estilo populista. Moreno negoció el año pasado con el FMI medidas para estabilizar la economía, pero manifestaciones multitudinarias promovidas desde Europa por correa acabaron dando al traste con sus planes para reducir las subvenciones a la gasolina, que podía haber ahorrado 1.500 millones de dólares al año.
Ese dinero le vendría ahora de perlas a un país que está sufriendo el peor brote del continente, y que no tiene margen fiscal para ayudar a los miles de desempleados que ha provocado el confinamiento. Al tener el dólar de moneda, además, no hay un banco central que pueda echar una mano al Ejecutivo. La única solución que queda es lanzarse aún más fuerte en brazos del FMI, lo que difícilmente gustará a los correístas. La situación no pinta bien: una Italia o una España sin socios ni credibilidad fiscal.
