Globalvia alargará en el Tribunal Supremo la guerra que mantiene abierta, desde distintos frentes judiciales, por su pretensión de tomar el control de la concesionaria española de autopistas Itínere.
El Alto Tribunal ha admitido el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal presentado por el grupo que dirige Javier Pérez Fortea contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que validó la transmisión en febrero de 2019 del 17,5% de Sacyr en Itínere a Itinere Investco BV, un vehículo gestionado entonces por la gestora estadounidense Corsair y participado por el fondo de pensiones neerlandés APG. El objetivo de Globalvia es revocar esta operación y, con ello, hacerse con las acciones que tenía Sacyr, convirtiéndose así en accionista mayoritario de Itínere.
La admisión del recurso de Globalvia, dictaminada en febrero, implica que la sala de lo civil del Tribunal Supremo deberá determinar la validez del derecho de preferencia que Sacyr e Itinere Investco invocaron en su momento para rubricar la transacción o si, por el contrario, ese derecho se extinguió en febrero de 2018, como sostiene Globalvia y como, también, ya se determinó en un laudo arbitral.
En el caso de que el Supremo sentencie a favor de la empresa que, por ahora, preside Juan Béjar, ésta podrá hacerse con el control de Itínere y desactivar, de igual modo, el veto que su actual accionista mayoritario, APG (tiene el 59,8% directo y el 76,1% incluyendo su posición indirecta) mantiene a Globalvia en el consejo de administración del grupo, operador de siete autopistas en el norte de España. El Supremo también admitió en otoño pasado el recurso de Globalvia contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que le negó tener tres representantes en el consejo de Itínere por su participación (superior al 40% entre posiciones directas e indirectas) y tendrá igualmente que resolver al respecto.
El 4 de abril de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso de Globalvia contra la compraventa entre Itinere Investco y Sacyr. Previamente, el 8 de enero de 2020, el juzgado de Primera Instancia 82 de Madrid ya desestimó la demanda de Globalvia. Aquella sentencia también desechó la reclamación del grupo que controlan USS, OPTrust y PGGM para que Sacyr le compensara con 100 millones de euros por incumplir un acuerdo previo para venderle su participación.
La guerra por Itínere arrancó en el verano de 2017, cuando Sacyr, Abanca y Kutxabank, que sumaban el 55% de Itínere, intentaron vender sus acciones a Globalvia. Corsair, que tenía el control político de Itínere gracias al pacto de accionistas de 2009, se opuso y dio al traste con la operación. Un año después, en julio de 2018, siguieron adelante con la venta, por un precio superior (1.300 millones frente a 1.150 millones de valoración). Sin embargo, Corsair y APG ejercieron su derecho de primera oferta para comprar las acciones de Sacyr. Con ello, elevaron su participación a casi el 60%, por el 40,2% de Globalvia.
La disputa se elevó a la Corte de Arbitraje de Madrid, que en septiembre de 2019 emitió un laudo en el que resolvió que dicho pacto de accionistas quedó anulado el 5 de febrero de 2018. La Corte, no obstante, no se pronunció sobre la transacción entre Itínere Investco y Sacyr que sí tendrá que juzgar el Supremo.
