Nuevo varapalo judicial para Florentino Pérez. La sentencia del Tribunal Supremo por la que rechaza la mayor parte de los 4.300 millones de euros que Abertis reclama al Estado por los peajes de la autopista AP-7, en Cataluña, han hundido de inmediato los títulos de ACS, dueña del 50% de la concesionaria -el otro 50% es propiedad de la italiana Mundys, controlada por la familia Benetton-. Así, la cotización de la constructora española ha cerrado la sesión de este lunes con un derrumbe del 9,99%, hasta los 35,66 euros.
La reacción del mercado revela el duro golpe que esta sentencia representa para Abertis, que ahora analizará sus opciones legales, esperándose que continúe batallando en los tribunales. La compañía que dirige José Aljaro había mostrado en múltiples ocasiones su confianza en que la resolución del Alto Tribunal sería favorable para sus intereses. Sin embargo, el Supremo ha negado la práctica totalidad de sus demandas y apenas reconoce 33 millones de euros por las inversiones que la concesionaria, a través de su filial Acesa, realizó años atrás en la autopista. La reclamación ascendía 4.303 millones de euros, después de que el Consejo de Ministros aceptara en 2022 compensar a la empresa con 1.069,9 millones de euros por la reversión al Estado de los peajes que gestionaba esta concesionaria, los tramos de las autopistas AP-7 Barcelona–La Jonquera, Barcelona–Tarragona, Montmeló–El Papiol y AP-2 Zaragoza–Mediterráneo.
Para Abertis la sentencia, en todo caso, tendrá consecuencias muy limitadas en sus cuentas. Ahora bien, sí supone un impacto en sus aspiraciones de crecimiento a medio plazo, puesto que contaba con obtener una cantidad al menos cercana a las 4.300 millones que reclamaba por el reequilibrio de la concesión por menores tráficos de los esperados cuando firmó el convenio con la Administración General del Estado en 2006 y por las inversiones realizadas en la AP-7.
Los 4.300 millones que exigía Abertis equivalen, por ejemplo, a aproximadamente el volumen de inversión comprometido en los tres activos que sumó a su cartera en 2023: la SH-288 de Texas, en Estados Unidos (poco más de 1.400 millones de euros), un lote de autopistas en Puerto Rico (2.700 millones de euros) y la Autovía del Camino, en España (unos 400 millones, con deuda). El año 2023, eso sí, ha sido muy fructífero en crecimiento inorgánico para Abertis. No en vano, desde 2019, cuando ACS y Mundys -entonces Atlantia- se hicieron con su contro, apenas había agregado a su cartera vía adquisiciones Red de Carreteras de Occidente (RCO), en México, con una inversión de 1.500 millones, y la Elizabeth River Crossing (ERC), en Virgina (Estados Unidos), por más de 500 millones.
El pasado verano ACS y Mundys acordaron modificar el pacto de accionistas, con un mayor equilibrio de fuerzas tanto en el accionariado como en la gestión, y potenciaron su apuesta conjunta para fortalecer a la concesionaria de autopistas. Así, ACS y su filial Hochtief tendrán el 50% (30% y 20%, respectivamente) y Mundys el 50%. Con anterioridad, la italiana tenía el 50% más una acción y la alemana el 20% menos una acción. Además, ACS adquirió el derecho a nombrar, además del presidente -Juan Santamaría, CEO del holding español-, al director financiero, cargo que ahora ocupa Martin D'Uva, antiguo directivo del grupo que preside Florentino Pérez, sustituyendo al italiano André Rogowski. De igual modo, el consejo de administración estará compuesto por seis miembros de cada empresa. Unos cambios que serán aprobados en la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará este martes, 30 de enero.
En cuanto a la mayor apuesta inversora, ACS y Mundys aprobaron también sustentar una ampliación de capital en Abertis de 1.300 millones de euros para financiar la operación de Puerto Rico y para la adquisición del 56,8% de la autopista de peaje SH-288 de Texas.
Tanto para ACS como para Mundys Abertis emerge como un gran generador de ebitda (resultado bruto de explotación). La firma que dirige Aljaro, como consejero delegado, registró en los nueve primeros de 2023 unos ingresos de 4.199 millones de euros, un 10,5% más que en el mismo periodo de 2022, y un ebitda de 2.940 millones, un 12,5%. Cifras que borran ya las fuertes caídas en sus datos operativos que sufrió durante la pandemia.
Además, los accionistas nutren sus resultados con los dividendos que Abertis les genera anualmente. Para este año, al igual que en los anteriores, tiene proyectado repartir 600 millones, si bien el objetivo de sus propietarios es que se incremente en los próximos años gracias al desarrollo de su cartera con las nuevas adquisiciones -antes de la pandemia el dividendo era de 800 millones-.
La sentencia supone un revés inesperado, si bien Abertis cuenta con el respaldo tanto de los bancos como de sus propietarios para avanzar en el crecimiento de su cartera de activos con compras y nuevas licitaciones que le permitan sustituir la pérdida de negocio por la reversión de las concesiones que agotan sus contratos que enfrenta desde 2019 en España y que presumiblemente también afrontará en unos años en Francia, su primer mercado.
Para 2024, la prioridad de Abertis es consolidar los proyectos que agregó en 2023 en Estados Unidos, Puerto Rico y España y tiene también en el punto de mira varias operaciones, como la adquisición de la Eastlink de Melbourne (Australia), por la que ya ha presentado una oferta, o los distintos procesos que hay en marcha en Chile tanto por nuevas licitaciones como por desinversiones en el mercado secundario.
La resolución del Supremo ha castigado los títulos de ACS en bolsa. Se trata de un nuevo contratiempo judicial para el grupo que preside Florentino Pérez, después de que el pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional dictaminara que tiene que devolver 210 millones de euros que había cobrado por el Proyecto Castor, un depósito de gas natural sumergido frente a las costas de Tarragona y Castellón.
