Valencia
La liquidación que se cierne sobre el histórico fabricante de medias Marie Claire ha servido para recrudecer los continuos enfrentamientos entre los representantes del Gobierno autonómico valenciano y el central. La consellera de Innovación, Nuria Montes arremetió contra el propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por la postura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que vetó la venta de la unidad productiva a la oferta de la española For Men y la polaca Koltex.
La responsable de la política industrial de la Generalitat Valenciana llegó a asegurar que Pedro Sánchez "es quien ha matado a la fábrica de Marie Claire, que contaba con más de cien años de existencia, a través de la negativa del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a aceptar su operación de venta".
Según la consellera, esta venta "era una opción de continuar con la actividad productiva de esta firma", por lo que si el Gobierno central "no se autoenmienda antes del próximo martes, cuanto termina el plazo de cinco días dado por el juzgado para recurrir la decisión, "el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, será el responsable de firmar el certificado de defunción de esta empresa centenaria".
Montes, que compareció explícitamente en la rueda de prensa posterior al Consell para hablar sólo de este asunto, se mostró indignada con las críticas desde las filas del Ejecutivo central y los socialistas. La jornada anterior la propia delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé criticó al Gobierno valenciano por su actuación y cargar contra la Administración central.
Bernabé comparó la actuación del actual Consell con el de Ximo Puig, "que puso en marcha todos los mecanismos posibles que tenía a su alcance para sacar adelante una factoría como la de Marie Claire" frente a "otro gobierno, el valenciano, donde su máxima representante de industria vino a decir que las empresas morían y ésta también", según recogió Europa Press.
Una alusión a las palabras de Montes en una entrevista publicada en elEconomista.es en diciembre pasado en que se le preguntó sobre la quiebra de Marie Claire, que tiene como principal acreedor a la propia Generalitat Valenciana a través del IVF. Una entrevista que se puede leer íntegramente aquí.
Una agonía de un año
La consellera rebatió las críticas recordando la evolución de la textil de Villafranca del Cid. "Cuando el Botànic llega al Gobierno", la fábrica contaba con con 720 trabajadores, y tras expedientes de regulación de empleo en 2019 (cien despidos), 2022 (306 despidos) y 2023 (190 despidos) se ha quedado en 72 empleados. La histórica empresa castellonense acumuló en los años previos desde el fallecimiento de uno de sus dos socios a catástrofes meteorológicas, como una nevada que destrozó parte de su techo, a la marcha de su mayor cliente y, por supuesto, la pandemia, en la que intentó reconvertir parte de su producción al sector sanitario y de la que nunca llegó a recuperarse.
La compra de la empresa por A2D Business Retail, propiedad de David Lasheras y Álvaro Bordils, para reflotarla en 2021 tampoco logró el resultado esperado pese a los fondos públicos. Montes recordó las aportaciones desde 2019 a 2023 del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). "En total, la aportación de los valencianos ha sido de 24 millones de euros", detalló.
Montes recordó que tras presentar el preconcurso en febrero de 2023 sin que trascendiera, la empresa rescatada por la Generalitat anunció su posible cierre el 30 de mayo de 2023, "solo dos días después de conocer el resultado de las elecciones municipales y autonómicas y solo once meses después de que se le concedieran 12 millones de euros, comunica que entra en concurso de acreedores". En julio cesa su actividad y el 19 de septiembre el juzgado declara la situación de concurso.
Aduciendo esas fechas, Montes justifica que cuando ella empieza a gestionar la conselleria la empresa está ya en situación concursal y que en abril de este año llegó una oferta de compra de C2 Private Capital, que de la que había "dudas acerca de su posible viabilidad", y la Generalitat, a través del IVF, informó en contra. En cambio, de las dos ofertas que estaban sobre la mesa, la de For Men fue "valorada positivamente por el administrador concursal, la representación legal de los trabajadores" y el Consell.
"Ha sido el Fogasa, y solo el Fogasa, organismo que depende del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de España, el que ha ejercido su derecho a veto por un importe de 1,2 millones de euros, que es el importe que tiene el Gobierno de la deuda que tiene con Marie Claire, y ha impedido la formalización o la autorización de esta operación de compra", insistió.
Lo cierto es que en el auto judicial, además de poner el foco en el veto del Fogasa por los derechos que tiene sobre una deuda de 1,2 millones, también se mencionan las dudas sobre la viabilidad, al no incluirse en la oferta la compra de activos considerados imprescindibles para su actividad, como la planta de gas y las balsas de aguas residuales.
Más allá del ruido, la negativa de organismos como la Seguridad Social y el Fogasa a ventas de empresas en concurso no es una novedad. De hecho fue uno de los argumentos que llevaron a modificar la normativa concursal para tratar de intentar garantizar la supervivencia de empresa, aunque como recoge la propia decisión judicial se siguen fijando límites legales que permiten situaciones como la que se ha producido en este caso.
