Barcelona/Madrid
Una vez obtenido el visto bueno de la justicia, los fondos miran ahora al Gobierno en su camino para quedarse con Celsa. El Ejecutivo tardó menos de 24 horas en advertir a los acreedores de que será necesaria su aprobación para tomar el control de la siderúrgica, extremo sobre el que los inversores tenían dudas y estaban analizando. Vista la obligación, se espera que la petición se curse durante las próximas semanas, lo que obligará a Moncloa a decidir antes de final de año, como muy tarde.
El grupo de acreedores liderado por Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean ya trabaja con Lexaudit -el experto independiente en la reestructuración- para abordar su entrada en el accionariado de la compañía catalana. Pero tras el respaldo del magistrado falta el de la administración. Y aunque parece poco probable que se posicione contra la sentencia del juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona ya ha hecho saber que querrá jugar su papel.
El Ministerio de Industria avisó el martes de que en el caso aplica la ley antiopas, aprobada durante la pandemia para blindar a las compañías españolas frente a inversores de fuera de la Unión Europea y modificada en el nuevo Real Decreto sobre inversiones exteriores que recogió el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de julio. Según las modificaciones aplicadas a la norma, el Ejecutivo cuenta solo con tres meses para tomar una decisión sobre el devenir de la operación. Un trimestre en el que, además, pasará semanas en funciones.
El juez abrió la puerta en su sentencia a modificaciones a la reestructuración en caso de que no se pueda aplicar como está prevista
Sus palabras no chirrían con las promesas de los fondos: mantenimiento del empleo en España y una gobernanza "moderna independiente y profesional". Enfrente tendrán a una familia Rubiralta que cuenta con el respaldo de la Generalitat y que, hasta el momento, ha mostrado buena sintonía con el Ejecutivo. En un comunicado, también avisó de que "llevará a cabo las acciones necesarias junto a sus grupos de interés para asegurar la continuidad del proyecto industrial". Y estas acciones pasan por convencer al Gobierno.
De toparse con la negativa de la administración, los fondos sopesan varias alternativas. Para empezar, el juez abre la puerta a una implementación alternativa del plan de reestructuración si no se pudiera ejecutar el original que debería, eso sí, homologarse de nuevo.
El magistrado declina mojarse en su sentencia sobre la posibilidad de un veto gubernamental. "La ley 19/2003 dista mucho de resultar de inmediata y directa aplicación en este supuesto, dado que exige una previa valoración de una situación de excepcionalidad que justifique la aplicación de mediadas extraordinariamente proteccionistas derogatorias del régimen de libre competencia". El tono, eso sí, parece contrario al freno gubernamental.
Otra de las opciones que ya barajaban los acreedores en anteriores fases del conflicto era la de dar entrada a un socio europeo en la operación que evitase el mal llamado 'escudo antiopas' del Ejecutivo. Los fondos sopesaban tanto nombres industriales -con experiencia en el sector- como firmas financieras.
Ya aplica el nuevo Real Decreto
Según confirman fuentes jurídicas a elEconomista.es, el nuevo Real Decreto de inversiones exteriores está en vigor desde el pasado día 1 de septiembre de 2023 y resulta plenamente aplicable a todas las inversiones que se cierren a partir de esa fecha y que impliquen cualquier inversión extranjera superior al 10% en empresas españolas, coticen o no.
La normativa, por lo tanto, aplica también al caso Celsa al tratarse, en concreto, de fondos de fuera de la Unión Europea adquiriendo una participación de control en una sociedad española. El RD simplifica el proceso de autorización de las inversiones extranjeras, agilizando y reduciendo a tres meses los plazos para que el Consejo de Ministros autorice la inversión, en lugar de los seis meses que se venían aplicando con la legislación anterior.
