La sequía no entiende de límites territoriales. Simplemente, priva de agua a una región, aunque siga regando la que está inmediatamente a su lado. Si bien los embalses españoles están recuperando paulatinamente sus reservas, todavía muy alejadas de los parámetros que se considerarían normales para esta época del año, Cataluña y Andalucía siguen sometidas a una falta de agua histórica y sus ciudadanos conviven con restricciones impropias del invierno. En suma, tres de cada diez españoles deben observar hoy alguna pauta singular en su relación con el grifo o la manguera.
No obstante, las previsiones no son halagüeñas. De hecho, anticipan una situación más que comprometida. Más allá de lo que apuntan los estudios en el medio y largo plazo cuando se refieren a procesos de desertificación, subida de las temperaturas medias o falta de lluvias, en un plano más inmediato las reservas de nieve en las cumbres anticipan un deshielo relativamente pobre y, con él, unas aportaciones a los ríos y pantanos igualmente exiguas.
En todo caso, situaciones como la que se presenta no tienen ideología. Simplemente, son. Y por eso están procurando formas poco frecuentes de entendimiento político entre diferentes partidos que, ante la emergencia, si se muestran capaces de dejar a un lado sus posicionamientos y aspiraciones frente a otros asuntos para colaborar en favor de la sociedad.
Cataluña, cuyas cuencas internas llevan semanas sin superar la barrera del 20% de capacidad con agua embalsada, y no pocos puntos de Andalucía, en una situación apenas un poco más favorable, son los dos principales escenarios de un entendimiento político relativamente inusual.
El PSC, al lado de Esquerra Republicana
El Govern de la Generalitat de Cataluña describía un paso capital hacia la presentación de sus presupuestos para 2024 al recibir el apoyo del Partido Socialista. Salvador Illa acercaba así un poco más la posibilidad de blindar a su adversario político Pere Aragonès ofreciéndole un apoyo casi definitivo, pero supeditado a que el president aceptase elevar hasta los 1.045 millones de euros la dotación para combatir la escasez de agua en la Comunidad. De esa cantidad, 327 millones deberán destinarse a las obras de ampliación y mantenimiento de las plantas de regeneración y desalinización.
Por otro lado, 120 millones tendrán que ser derivados a los ayuntamientos de las comarcas en situación de emergencia, a fin de que puedan invertir en la rehabilitación de infraestructuras para la captación de aguas subterránea y ayudar a sus poblaciones a convivir con las medidas restrictivas.
Pero, más allá de leer la crisis en clave meramente autonómica, el Ejecutivo regional y el Gobierno central también se han tomado el retrato de la coordinación… en lo que a la tarea de enfrentar la sequía se refiere. El Ministerio para la Transición Ecológica ha comprometido 467 millones de euros para financiar los proyectos de las desaladoras Tordera II y Foix. La primera, situada en Blanes, estará en funcionamiento en 2028 y tratará 60 hm3 al año, multiplicando por cuatro la actual capacidad de desalación de la Tordera I, hoy en funcionamiento. La desaladora de Foix se levantará entre las localidades de Cunit y Cubelles, empezará a funcionar en 2029 y tratará hasta 20 hm3 anualmente.
Además, y de persistir la sequía en los próximos meses, el Miteco pondrá a disposición de las autoridades catalanas agua desalada de la planta de Sagunto, en la Comunidad Valenciana y de titularidad estatal. Así, desde Sagunto podrán salir, a partir de junio, hasta dos barcos diarios con 40.000 hm3 en dirección al puerto de Barcelona, asumiendo el Gobierno central el sobrecoste de producir más agua en la planta y la Generalitat, el precio de las operaciones de los barcos.
Ahora mismo, hasta seis millones de catalanes de las provincias de Barcelona y de Girona, abastecidas por el sistema Ter-Llobregat, ven limitado su consumo de agua al día a 200 litros por persona, teniendo en cuenta que esta cantidad se aplica también sobre los usos agrícolas, industriales o turísticos.
En Fase de Emergencia por sequía, Cataluña apenas ve llover desde hace más de 40 meses, una circunstancia que, según señalan desde la Universidad de Barcelona, no tiene equivalente en un periodo de al menos 200 años. "Estamos delante de una situación absolutamente excepcional", reconoce Javier Martín Vide, miembro del Instituto de Investigación del Agua de la UB.
Tras Doñana, Ribera y Moreno sellan la paz
Anticipando un verano inusualmente caluroso y siendo conscientes de que las poblaciones de la costa mediterránea pueden llegar a triplicar, en algunos casos, su población, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han previsto una solución similar a la que puede llegar a aplicarse en Cataluña: el envío de agua desalada en barco a determinados puntos.
Las dos administraciones, sin concretar cuál, piensan en la misma planta desaladora como centro de emisión, y se han comprometido igualmente a sufragar de forma conjunta los costes de las operaciones. Los barcos, a razón de uno al día, acercarían hasta el puerto de Algeciras, en Cádiz, al de Carboneras y al de Málaga hasta 100.000 hm3 al día.
Para Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, estas dos proyecciones son "pruebas del clima de confianza mutua" entre administraciones, destacando la importancia de "trabajar juntos, más allá de las competencias de cada uno, para encontrar soluciones".
Andalucía ha vivido ya, durante el mes de febrero, con el IV Decreto de Sequía en vigor, por el que han sido aprobados otros 217,8 millones de euros para financiar nuevas acciones y obras que palíen la escasez de agua. Con esta última partida, el Ejecutivo andaluz ha invertido ya más de 500 millones en la búsqueda de soluciones.
Las obras, que según las previsiones comenzarán de forma inmediata, son las que señalan a las comarcas malagueñas de la Axarquía, Guadalhorce y la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, el Levante de Almería, Guadalete y Barbate (en Cádiz), y Béznar y Rules (en Granada). Todos estos territorios son los que, precisamente, más están sufriendo la escasez de agua.
El reparto de agua embalsada en las diferentes provincias andaluzas es desigual. No en vano, se trata de la Comunidad más extensa de España y una de las mayores de Europa. También, una de las que se encuentra más al sur de todo el continente y, por tanto, una de las más expuestas al proceso de desertificación. La cuenca del Guadalquivir apenas roza el 25% de su capacidad de agua embalsada, y la del Guadalete-Barbate ve recortada esta cifra por debajo del 20%.
Fuera de Cataluña y Andalucía, la falta de agua está provocando problemas en otros territorios, principalmente Tenerife y Albacete. La isla canaria se ha visto obligada a convocar la emergencia hídrica para garantizar el suministro durante el verano ya que, según los informes locales, los embalses comenzaron febrero al 34,6% de su capacidad, frente al 52% del mismo periodo del año pasado. Por su parte, la zona de la Mancha Oriental, que comprende Albacete y alrededores, también atraviesa una situación complicada. En los últimos meses ha llovido casi un 75% menos de lo habitual y la cuenca del Segura se encuentra al 18,6% de su capacidad.
