Las incesantes subidas del precio de la luz en los últimos meses no han dado ni un respiro a unos consumidores que se enfrentan a unos recibos de precio récord. Después de que agosto trajese la factura de la luz más cara en la historia, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que los ciudadanos con un consumo medio pagasen en el conjunto del año, en concepto de electricidad, "una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018". Pero, ¿es esto cierto? Según datos del consultor especializado en mercados eléctricos Francisco Valverde, la factura eléctrica anual será un 13,5% más cara que la de 2018, un año ya caro en sí.
El análisis experto revela que el recibo anual de la luz para los hogares acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se situaría en los 890 euros, frente a los 784 euros que se pagaron en el año 2018. De cumplirse las previsiones de Valverde, el vigente ejercicio traería un aumento del 36,6% con respecto al año pasado, en el que se registró el recibo de la luz más barato de los últimos diez años. Es más, si ponemos la vista más de una década atrás, concretamente en el año 2009, el precio de la electricidad que pagan los hogares españoles en la totalidad del año registraría un incremento del 47,6%, desde los 603 euros que costó la factura ese año.

¿Por qué sube la luz?
Este encarecimiento de los precios responde, principalmente, a las subidas del coste de los derechos de emisión de dióxido de carbono en Europa y de los precios del gas, materia prima que emplean las centrales de ciclo combinado. Incrementos a los que se han sumado, durante los meses del periodo veraniego, la demanda causada por las altas temperaturas y una menor contribución de las renovables, especialmente la eólica por la falta de viento.
Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado a las plantas de generación hidráulica como las principales responsables de las subidas del precio de la luz. Pues, según la organización, estas compañías obtienen ingresos caídos del cielo muy elevados que salen del bolsillo de los consumidores y son responsables directas de que el precio marginal que fija el mercado mayorista sea desorbitado.
Para cumplir la propuesta de Pedro Sánchez de igualar la factura de 2018 y evitar este tipo de situaciones, la OCU considera que sería indispensable eliminar el Impuesto Especial de la Electricidad, que supone un 5,11% de la factura de la electricidad.
Además, ha instado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) a investigar la actuación de la energía hidroeléctrica para verificar que siga la normativa.
Declaraciones de Sánchez
En una entrevista concedida al diario El País el domingo pasado, el presidente del Gobierno explicó que su compromiso de alcanzar un precio medio semejante al de 2018 en la factura de los hogares solo puede pasar por "amortiguar" el encarecimiento del precio mayorista del mercado de la energía. En el corto plazo, eso conlleva revisar los sobrebeneficios que tienen las eléctricas. Según Sánchez, el Gobierno ya ha detraído 650 millones de euros que iban a ir a la cuenta de las eléctricas para volcarlos en los consumidores.
Sánchez quiso insistir en que su Ejecutivo ya está llevando a cabo una serie de reformas estructurales, como la apuesta por las energías renovables, la rebaja del IVA en la factura de la luz al 10% y la protección de los consumidores más vulnerables con el escudo social.
En cuanto a las medidas por venir en este sentido, el presidente afirmó que tiene en proyecto definir un consumo mínimo vital en el ámbito de la electricidad y la energía y que está en tramitación parlamentaria un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico.
Volvió a rechazar, sin embargo, la propuesta de Podemos de crear una empresa pública de electricidad pues, según declaró, esta no forma parte del acuerdo de coalición.