Los fondos de inversión que compraron la deuda de las autopistas de peaje en quiebra han contraatacado con una demanda contra la concesionaria de las radiales 3 y 5, Accesos de Madrid, cuyos accionistas son Abertis, Sacyr, ACS y Bankia. Reclaman el cumplimiento de los contratos de apoyo suscritos entre las empresas y los bancos que financiaron las infraestructuras, según explican diversas fuentes conocedoras y confirman desde los propios fondos, que sin embargo no quisieron dar ningún detalle. El movimiento se ha producido después de que en 2017 la Audiencia Provincial de Madrid tumbara las sentencias que obligaron a las cuatro compañías a pagar 371,9 millones de euros por la deuda de la sociedad a los fondos.
El auto ordenó la devolución de los importes satisfechos por Abertis, Bankia, ACS y Sacyr, que se aproximaban a los 278,5 millones, tal y como adelantó elEconomista. Ante aquella decisión, los fondos que adquirieron la deuda de las autopistas con descuentos próximos al 90%, entre los que figuran King Street, Taconic, SPV y Attestor, han decidido dar un nuevo paso en los juzgados.
Accesos de Madrid está controlada por el vehículo Alazor Inversiones. Abertis es el mayor accionista de la sociedad, con el 35% del capital, seguido de Sacyr, con el 25%, y ACS y Bankia, con el 20% cada una. Ambas compañías entraron en concurso de acreedores en octubre de 2012. La deuda supera los 611 millones de euros. El grueso se concentra en el crédito sindicado que las empresas solicitaron para construir las dos autopistas, la R-3 Madrid-Arganda del Rey y la R-5 Madrid-Navalcarnero.
En 2014, el juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid admitió la demanda de una parte de los bancos acreedores para la ejecución anticipada de aproximadamente la mitad del sindicado. Aunque los accionistas de Accesos de Madrid apelaron, en 2016, Abertis, ACS y Bankia pagaron a las entidades las cantidades correspondientes reclamadas. Sacyr, mientras, rechazó pagar su parte y, a cambio, dispuso una serie de activos y acciones como garantía.
La sentencia de 2017, con fecha de 19 de septiembre, revocó la de 2014 con carácter definitivo. Así, los fondos tuvieron que devolver las cantidades embolsadas. De los 278,5 millones que pagaron, a Abertis le correspondía el mayor importe, casi 131 millones; a Bankia, 74,4 millones y, a ACS, 73,6 millones. Sacyr, por su parte, habría asumido más de 93 millones, y pudo liberar las garantías.
Proceso desde el inicio
La decisión de la Audiencia Provincial respondió, entre otras cuestiones, a las irregularidades en la elección de las entidades ejecutantes por parte de los bancos acreedores, entre los que se hallaban Santander, RBS, BBVA, ING, Barclays, Lloyds, BMN, Kutxabank, Unicaja o Commerzbank. Tras conocerse la sentencia, fuentes próximas a los fondos adelantaron que reabrirían el proceso desde el inicio con la utilización de las figuras correctas y con el fin de cobrar la deuda en unos años. Un extremo que han llevado a cabo en la recta final de 2018 aludiendo a los contratos de apoyo, por los que los socios de un proyecto otorgan garantías para que los financiadores se aseguren el cumplimiento de las obligaciones.
A este proceso le seguirá en los próximos meses la judicialización de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), asociada a las nueve autopistas de peaje quebradas: R-2 Madrid-Guadalajara, R-3, R-4 Madrid-Ocaña y R-5, la M-12 Eje Aeropuerto, la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-41 Madrid-Toledo (la única que aún no ha revertido al Estado), la AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
El Ministerio de Fomento ultima el cálculo definitivo. La semana pasada, no obstante, trascendió una primera estimación del coste que tendrá la resolución de los contratos para el Estado y que supera los 2.000 millones de euros. Una cantidad que rebasa los 1.800 millones que habían cifrado tanto el Gobierno anterior como el actual para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y su anotación como déficit público.
Fomento tendrá que determinar a mediados de enero, para cumplir con el plazo legal, la cantidad definitiva que debe pagar a las concesionarias por la inversión que realizaron para construir la vías y que no han podido amortizar con la explotación, ya que su gestión fue asumida por el Estado tras liquidarse. Los administradores concursales ya han rechazado el primer cálculo al dejar fuera los costes por infraestructuras adicionales o las expropiaciones. Los fondos elevan la cifra hasta el entorno de los 4.500 millones por lo que la factura final la dirimirán los tribunales.
El tráfico cae el 0,96%, a la espera de la rebaja de precios
El tráfico medio de las autopistas de peaje quebradas, cuya gestión ha asumido el Ministerio de Fomento, a través de Seitt, se redujo el 0,96% entre enero y noviembre de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017, según los últimos datos provisionales del departamento que dirige José Luis Ábalos. La caída, que da continuidad a las registradas en meses previos, se produce a la espera de que entren en vigor, el 15 de enero, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios. El Gobierno ha aprobado una rebaja media del 30% para estas autopistas así como su gratuidad entre las 00:00 y las 06:00 horas. El objetivo es favorecer la circulación por estas carreteras para generar más ingresos y descongestionar otras vías. El descenso del tráfico hasta noviembre contrasta con el repunte del 2,7% para el conjunto de la red estatal de autopistas de pago. El dato está afectado, no obstante, por la bajada en la R-5, del 23,36%, en la que hubo un tramo gratuito en 2017 por unas obras.
