Abengoa vuelve a aparecer en la vida de Josep Borrell. El ahora ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación centra ahora la polémica tras conocerse que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le sancionó por el uso de información privilegiada en la firma andaluza, de la que era consejero. .
Según avanzó La Información, Borrell procedió a la venta de acciones de Abengoa por un valor de 9.030 euros cuando era consejero de la compañía y conocía "información relevante que no había sido publicada". "Era una parte muy, muy pequeña de mi cartera de valores, que desgraciadamente perdí, si hubiera tenido información privilegiada no lo habría perdido todo", ha dicho.
El ministro confirmaba así que en 2016 la CNMV inició "actuaciones administrativas" sobre una operación de la cartera de valores de "un familiar" (su exmujer Carolina Mayeur), que él administraba y "ha concluido que se produjo una falta administrativa".
Borrell no ha querido desvelar el importe de la sanción pero ha reconocido que es "bastante mayor" que los 9.000 euros de la operación en cuestión. Así, ha dicho que discrepa de las conclusiones e la CNMV y está estudiando con su abogado las posibilidades que ofrece la ley para recurrirla.
La resolución del expediente de la CNMV, dictada el 27 de septiembre pasado, no es firme y puede ser recurrida ante el Ministerio de Economía y, en su caso, posteriormente ante la justicia ordinaria.
Ya tuvo que ir a juicio en 2017
A finales de noviembre de 2015 Abengoa, con una deuda neta de 6.300 millones de euros y bruta de 8.900 millones solicitó el preconcurso de acreedores, y consiguió evitar la quiebra mediante un acuerdo con los acreedores para la reestructuración del grupo mediante la inyección de 1.170 millones de euros a cambio de ceder el 90 % del capital a fondos, banca y bonistas.
Borrell declaró en octubre de 2017 en el juicio contra la excúpula de la multinacional Abengoa por las indemnizaciones al expresidente de la compañía Felipe Benjumea y su ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese, si bien lo hizo en calidad de testigo como integrante de la comisión de nombramientos y retribuciones y alegó que él no estuvo presente en la reunión del consejo de administración que finalmente aprobó dichos pagos.
Un gabinete bajo la lupa
El caso de Borrell es el último de una serie de escándalos relacionados con presuntas irregularidades protagonizadas por diversos miembros del gabinete de gobierno de Pedro Sánchez que ya han provocado la dimisión de dos ministros en menos de cuatro meses de gobierno.
A la dimisión de los titulares de Sanidad y Cultura - por supuestas irregularidades en la obtención de un título universitario y una sanción de fraude fiscal de hace una década -, se ha sumado la filtración de unas comprometidas grabaciones de la ministra de Justicia, acusaciones de evasión fiscal al ministro de Ciencia desmentidas por él e incluso informaciones sobre sospechas de plagio en la tesis doctoral del propio presidente.
Sánchez se hizo con el poder tras una moción de censura en la que consiguió el apoyo de un dividido parlamento bajo la causa común de luchar contra la corrupción, tras un duro revés judicial sobre irregularidades en el seno del PP que presidía el anterior gobierno.
Aunque desde el gobierno insisten en que pretenden agotar la legislatura, la capacidad de Sánchez y sus 84 diputados para seguir gobernando está en duda ante la falta de apoyos aparentes para sacar adelante los presupuestos y la escalada de tensión con las fuerzas secesionistas catalanas, uno de sus apoyos básicos en el Congreso.
El último sondeo del CIS, que se realizó antes de que se destaparan algunos de los escándalos, seguía otorgando al PSOE una estrecha victoria en unas hipotéticas elecciones anticipadas, a diez puntos del PP y muy lejos de la mayoría absoluta.
