El Gobierno pagará 1.070 millones de euros a Abertis por la reversión al Estado de la concesión de Acesa, que hasta el pasado 31 de agosto gestionaba los tramos de las autopistas AP-7 Barcelona–La Jonquera, Barcelona–Tarragona, Montmeló–El Papiol y AP-2 Zaragoza–Mediterráneo. Desde el 1 de septiembre, todos ellos pasaron a ser gratuitos para los usuarios.
El pago se realizará antes de que finalice este mes de febrero. No obstante, la cantidad acordada por el Consejo de Ministros ayer está muy alejada de las pretensiones de Abertis, que reclama más de 4.200 millones de euros. La concesionaria se limitó ayer a señalar a este diario que "analizaremos los pasos a seguir", sin aclarar si presentará recurso ni, llegado el caso, ante qué instancia. La compañía propiedad de Atlantia y ACS ya tiene presentada una demanda por el reequilibrio de Acesa que se halla a la espera de resolución final del Tribunal Supremo.
La diferencia entre lo reconocido y lo reclamado por Abertis deviene del hecho de que Moncloa elimina la indemnización por el descenso del tráfico
La diferencia entre lo reconocido y lo reclamado por Abertis deviene del hecho de que Moncloa elimina la indemnización por el descenso del tráfico derivado de la crisis financiera a la que el Gobierno del PSOEse comprometió en 2006. En 2017, el Ejecutivo del PPacordó no abonar ninguna compensación derivada de la caída del tráfico como consecuencia de la crisis. El cálculo anunciado ayer recoge solo el saldo por las inversiones realizadas.
El saldo de compensación de liquidación asciende a 1.069,9 millones de euros. De ellos, 505,5 millones corresponden a la inversión ejecutada, 143,5 millones corresponden al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo.
Origen del conflicto
Acesa interpuso un recurso contra esta resolución para anular este acuerdo del Gobierno, pero el Tribunal Supremo lo desestimó en junio de 2019, una decisión con distinta interpretación para las dos partes. Mientras Abertis sigue calculando para su reclamación los descensos de los tráficos, el Gobierno se escuda en el acuerdo de 2017 y en esa primera sentencia del Supremo.
En 2006, la concesión se modificó para la construcción de un tercer y cuarto carril según el tramo y la implantación de un sistema de peaje cerrado. El coste fue asumido por la empresa, aunque compensado con el peaje recaudado del tráfico adicional, algo que no pasó tras el estallido de la crisis en 2008. En caso de que este incremento del tráfico no fuese suficiente, el Estado se comprometió a abonar a la empresa la parte proporcional al vencimiento de la concesión. No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo.
Entidades
José Aljaro
Consejero delegado de AbertisRelacionados
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