Abertis recibirá 1.291 millones de euros del Estado por las obras que realizó al calor del convenio de concesión de la parte catalana de la AP-7 este año. En cambio, esta cifra dista enormemente de la que calcula la compañía participada por ACS y Atlantia que debería percibir y que supera en unos 3.000 millones a la que el Gobierno ha apuntado en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. La diferencia parte del convenio firmado en 2006, que dividía la cuenta de compensación del equilibrio económico-financiero en dos partes: por un lado, las obras realizadas, y, por otro, los flujos de tráfico esperados. Los cálculos realizados por la compañía desvelan que el fin de la concesión conllevaría, en lo que a esta última parte se refiere, una indemnización que superaría los 3.000 millones de euros.
En concreto, Abertis ha calculado que, hasta el cierre del ejercicio 2020, la compensación a recibir por la caída del tráfico era de 2.815 millones de euros, tal y como se recoge en la documentación de cierre de año. A ello, habría que sumarle las cuantías que se deriven de los meses trascurridos durante este 2021, de enero a finales de agosto. Esta cifra se calculará una vez que se obtengan los datos de tráfico de la concesión durante este año. La situación vivida en los últimos meses hace prever que el número de coches que han pasado por las barreras de peaje de la AP-7 haya caído de forma muy importante, por lo que el incremento con respecto a la cifra calculada a cierre del pasado ejercicio promete ser importante.
Cabe recordar que esta segunda parte del pago que el Estado debe hacer a Abertis lleva años en los Tribunales, pues la concesionaria y el Gobierno nunca se han puesto de acuerdo en las cuantías que la empresa participada por ACS y Atlantia debía percibir. Según un documento que se incluyó en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio de 2018 de Abertis, el convenio firmado más de una década antes establecía un tráfico medio anual para estos tramos de la AP-7. De acuerdo con la citada documentación, la diferencia de ingresos que se produjese por la divergencia entre el tráfico real y el fijado en ella, se añadiría a la cuenta de compensación creada para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión.
Con la llegada de la crisis del 2008, las cifras que se habían puesto sobre el papel se convirtieron en ciencia ficción y Abertis comenzó a apuntar las cuantías que le correspondían por una bajada del tráfico con respecto a las previsiones. Las discrepancias en este punto llevaron a judicializar este pago, terminando en 2018 en el Tribunal Supremo. Fue el alto tribunal el que en junio de 2019 falló que "hasta el 31 de agosto de 2021", fecha en la que termina esta concesión, "no hay nada que interpretar, pues de lo que ocurra en el tráfico hasta esa fecha no hay certeza". De esta forma, evitaba cifrar la compensación total y trasladarla a las cuentas públicas en ese momento.
El Gobierno ha seguido el mismo esquema en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas dos años después. Si bien contabiliza los 1.291 millones de euros que deberán pagar por la ampliación de la AP-7 entre Girona y Tarragona y que tendrá impacto en el déficit, en la documentación no hay ni rastro del resto de las cuantías que se deriven de las caídas del tráfico contabilizadas. Cabe pensar que, dadas las circunstancias, esta parte de la indemnización que podría superar los 3.000 millones no se pagará este año.
Abertis ya abrió la puerta tras la sentencia de 2019 a negociar con el Ejecutivo la compensación correspondiente a esta parte, tratando de evitar una nueva lucha legal que podría extenderse durante años. El pago total de las cantidades que se han calculado supondría un problema que impactaría directamente en el déficit público y modificaría las previsiones, algo que en un momento como el actual supone más de un dolor de cabeza.
