La Generalitat ha solicitado al Banco de España la licencia bancaria para que el Institut Català de Finances (ICF) pueda operar como un banco público. Hace tiempo que el Govern trabaja en convertir el ICF (como el ICO catalán) en una entidad pública y quieren completar los trámites esta legislatura.
El nuevo banco, si consigue las autorizaciones pertinentes tanto de los supervisores españoles como europeos, nacería bajo la marca ICF Banc y con un capital social de 600 millones de euros, según publica este jueves el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Este capital social lo aportará en su totalidad el ICF, como accionista único de la nueva entidad, en el momento de su constitución a través de la segregación del negocio crediticio, siempre que se produzca el proceso de autorización pertinente por parte de los organismos reguladores.
La obtención de la licencia de entidad de crédito es un proceso que podría alargarse hasta un año. El ICF aspira a operar como banco para impulsar la financiación y la inversión del tejido productivo para potenciar el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de la economía catalana.
El planteamiento es similar al que Unidas Podemos quería realizar con Bankia, aunque nunca llegó a encarrilarse y menos aún tras conocerse su fusión con CaixaBank. El partido morado pretendía que la entidad ya extinta se transformara en un banco público para financiar proyectos de infraestructuras, equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo plazo, con el foco puesto en favorezca a las pymes, facilitar el acceso a la vivienda, entre otros objetivos. Finalmente, tras la fusión, el ya expolítico Pablo Iglesias, pero entonces vicepresidente del Gobierno, apuntó a conseguir esta banca pública a partir del ICO.
Según apunta el DOGC, el nuevo ICF Banc tendrá por objeto la realización de las actividades y prestación de los servicios bancarios, como son la toma de depósitos, concesión de préstamos o servicios de pago con un "público objetivo concretado en personas jurídicas, grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas y autónomos, entidades del sector público y entidades sociales en el marco de su actividad profesional".
Sede en Barcelona
De momento, si el Instituto consiguiera licencia su sede estaría en la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona, aunque la junta general de accionistas podrá acordar el traslado del domicilio social a cualquier otro punto del territorio nacional. Asimismo, el consejo de administración podrá acordar el traslado dentro del mismo término municipal y la creación o traslado de sucursales, agencias o delegaciones dentro y fuera de España.
