Empresas y finanzas

Botín y Álvarez refuerzan su blindaje y doblan la indemnización por salida

  • Cobrarán dos anualidades frente a la cifra anterior del 80% del sueldo si se van
La presidenta del Santander, Ana Bot?n, y el consejero delegado, Jos? Antonio ?lvarez.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el consejero delegado, José Antonio Álvarez, refuerzan su blindaje en el banco. El grupo financiero llevará a la junta de accionistas del próximo 26 de marzo una modificación en la cláusula de exclusividad y no concurrencia de los dos mayores ejecutivos de la entidad por la que recibirán como compensación por su compromiso de no competencia dos años de su retribución total anual en el caso de su marcha.

Hasta el momento, tanto Botín como Álvarez tenían estipulado en sus respectivos contratos que el banco les abonaría en caso de marcha y por esta prohibición de competencia durante los dos siguientes años a su salida el 80% de la retribución fija, de la que un 40% se pagaría al finalizar el contrato y el restante 60%, al terminar el plazo de dos años.

La retribución total de Botín en 2019 (año realmente comparable puesto que en 2020 y a causa de la pandemia los principales directivos del banco renunciaron a parte del bonus) 9,68 millones de euros por la retribución fija y variable. Además, a cierre del año pasado, la presidenta del grupo financiero ya acumula 49,4 millones de euros en concepto de pensión.

Por su parte, el sueldo fijo y variable de Álvarez en 2019 fue de 6,89 millones, de los 2,54 millones fueron de fijo y 4,35 millones, en concepto de variable. El consejero delegado, junto con Botín, es el otro único ejecutivo que recibe una aportación anual por pensión y ya suma 18 millones en su plan de previsión.

Sin relevos tras el 'caso Orcel'

Este blindaje refuerza a Álvarez como consejero delegado después de que el grupo financiero decidiera hace tres años relevarlo para poner al italiano Andrea Orcel al frente. Finalmente, el fichaje se vio frustrado por falta de un acuerdo económica entre Orcel y la entidad, que ha acabado en los tribunales. El italiano reclama al banco 112 millones por dar marcha atrás a su contratación, parte de la indemnización que perdió en UBS y por daños. Botín, preguntada el pasado febrero si seguía con la intención de sustituir al consejero delegado, señaló que el equipo "ha hecho un gran trabajo y no hay planes de cambio".

Por otro lado, el banco ha congelado los sueldos de los miembros del consejo de administración de cara a este 2021, adecuándose a las actuales circunstancias de crisis sanitaria.

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