Salvador Illa dimitirá este martes para poner rumbo a Cataluña con una maleta cargada de errores en la gestión de la peor pandemia que ha habido en los últimos cien años. España no solo llegó tarde a la primera reacción contra el coronavirus, sino que durante todo este tiempo ha ido a remolque. En el bagaje del ministro queda una batería de compras llevadas a cabo con precipitación y descoordinación, cambios en las políticas sobre los test que impidieron un diagnóstico certero, decisiones amparadas en un comité de expertos que no existía, giros de timón en las directrices y un proceso de cogobernanza que no ha funcionado.
Si se observan los datos que proporciona el Instituto de Salud Carlos III, se comprueba que la curva de contagios empezó a crecer en el mes de febrero mientras los controles sanitarios la desconocían. Se menospreciaron las alarmas de China, pero también se hizo lo propio con las que llegaron desde el norte de Italia. Fue a finales de febrero, en un Consejo Interterritorial, cuando aún la directriz era que España se encontraba en una fase de contención.
Esa falta de anticipación, común por otra parte en la mayoría de países del entorno europeo, provocó que hubiera que echar mano del Estado de Alarma y de un confinamiento muy severo. Ya en él, llegó uno de los peores pecados de Illa. Se arrogó la competencia absoluta para comprar material sanitario con un equipo muy escaso y sin la experiencia necesaria (estas adquisiciones llevan 20 años entre las competencias de las comunidades autónomas). El resultado, en un entorno de guerra comercial, fue que el material llegó tarde, hubo tests y mascarillas que no cumplían unos mínimos de calidad y los profesionales sanitarios se enfrentaron a lo peor de la pandemia sin medios para atender y protegerse. Sanidad, en concreto la Dirección de Farmacia, se aferró a proveedores muy alejados del sistema nacional de salud, como empresas de material de construcción o de marketing.
Aquellas compras trajeron otro de los fallos en la previsión de la crisis. La OMS, casi desde el minuto uno de la epidemia, alertaba de que la única forma de hacer frente era realizar una cantidad ingente de tests. Sin embargo, Sanidad tenía compradas muchas pruebas rápidas de anticuerpo (4,2 millones de dispositivos) que comenzó a repartir entre las comunidades autónomas. Semanas más tarde de aquellas entregas, los documentos de actuación del Ministerio cambiaron y eliminaron la capacidad diagnóstica a las pruebas repartidas. Aquello fue duramente criticado por varias comunidades autónomas, varias de gobiernos socialistas. A esto habría que sumarle la tardanza en habilitar los test de antígenos como prueba diagnóstica similar a la PCR. Casi todo el mes de septiembre se pasó entre deliberaciones para, al final, aprobarlos (aunque aún no pueden usarlos los viajeros).
Al unísono de lo anterior, el Ministerio decidió no contar con la sanidad privada a pesar de que la había puesto al servicio de las necesidades del país. En lo peor de la pandemia, a finales de marzo y principios de abril, con los hospitales públicos desbordados, se desperdiciaron 2.000 camas UCI.
Entre tanto, llegó el momento de la desescalada y también el momento de la cogobernanza. Las decisiones que tomaban cada 15 días en el Ministerio de Sanidad se amparaban en un comité de expertos. Durante meses, Illa escondió sus nombres hasta que Transparencia entró en juego. Fue entonces cuando asumió que aquel comité de expertos estaba formado por los funcionarios de la Dirección General de Salud Pública y del Centro de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón.
Tras el fin de la primera ola, llegó el verano y con él el supuesto liderazgo y coordinación del Ministerio sobre las comunidades autónomas. Se acordó un Plan de Actuación Temprana para adelantarse a una segunda ola que siempre se previó para el mes de octubre. A pesar de que se inyectaron unos 9.000 millones de euros, las comunidades no estuvieron rápidas y el Ministerio no asumió su rol en una emergencia de Salud Pública. Fue en julio, un mes después de la desescalada, cuando se atisbó que no había rastreadores suficientes para controlar al coronavirus y que la herramienta RadarCovid se retrasaba. El resultado fue que España fue el primer país de Europa en comenzar una segunda ola que nunca se consiguió atajar y que se acumula a la incipiente tercera.
El último fallo de gestión en la maleta de Illa es el Plan de Vacunación, íntimamente con el anterior mencionado: la cogobernanza. Salió el ministro hace semanas a presentar la estrategia asegurando que ningún país de Europa tenía tanta previsión como España, con la excepción de Alemania. Tal anticipación desembocó en unas cifras depecionantes de vacunación en las primera semanas, desde que llegó a España el antígeno de Pfizer. Con todo, el ministro dijo por aquellas fechas que el trabajo de las automías era bueno.
La tardanza del gran contrato
Acababa el mes de julio cuando el Ministerio de Sanidad anunciaba un mega contrato de 2.500 millones de euros para surtirse de material sanitario. Se licitaron mascarillas, tests, batas, guantes y gafas de protección para generar una despensa con vistas a no volver a tener escasez de material necesario. El Acuerdo Marco empezó mal. Salvador Illa tuvo que anularlo y volver a sacar unos nuevos pliegos ante las quejas tanto de algunas comunidades autónomas como de pymes, que se quejaban de unas condiciones draconianas para poder participar. Una vez rehecho, la promesa fue resolverlo en agosto y parte de septiembre para que durante el noveno mes del año las comunidades autónomas pudieran ya surtirse. No fue hasta el 11 de noviembre cuando Sanidad comunicó que había resuelto el 54% del contrato, dejando fuera, entre otros materiales, las mascarillas. No fue hasta dos semanas después que el mega contrato anunciado a finales de julio se resolvería. Una de las razones de este retraso, como pasó con las compras centralizadas en la pandemia, es la escasez de personal que hay en el Ingesa.
