La suspensión de los desahucios provocará pérdidas medias de 9.000 euros por propietario y una morosidad de 132 millones

Las nuevas suspensiones de los desahucios que va a aprobar previsiblemente el Gobierno antes de que acabe el año supondrán un impacto medio para los propietarios de pisos en alquiler de unos 9.000 euros, según las estimaciones elaboradas por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

La comprañía ha analizado la situación de impagos a la que están haciendo frente los propietarios desde el inicio de la pandemia, y "las cifras son alarmantes". Así, la firma ha calculado el impacto tomando los datos de lanzamientos por impago de alquiler que ofrece regularmente el Consejo General del Poder Judicial y la renta media de alquiler en España, que es de 674 euros, según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

"Esta nueva suspensión de los lanzamientos de los desahucios sin alternativa habitacional, que en breve se aprobará hasta el 9 de mayo de 2021, va a provocar pérdidas totales de más de 9.000 euros a cada arrendador de vivienda que desde que se iniciara el Estado de Alarma ya viniera sufriendo impagos de rentas", explica ANA. 

Para José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, el cálculo económico es muy sencillo y la cifra puede ser aún mayor, "desde la primera suspensión de los lanzamientos, por la publicación del  R.D del 31 de marzo, hasta la última prórroga, que previsiblemente será aprobada antes de fin de año, y durará hasta la finalización del Estado de alarma prevista para el 9 de Mayo de 2021, van a pasar 14 meses, donde muchos propietarios no han cobrado todavía sus rentas, y tomando el precio medio del alquiler en España, la morosidad media llegaría a los 9.436 euros por propietario".

"Pero la cosa todavía puede ser, aún más dramática", añade Zurdo, ya que "cuando el propietario vaya finalmente a recuperar la vivienda se puede encontrar con desperfectos y en algunos casos con impago de suministros, que pueden tranquilamente duplicar esa cantidad de impago anteriormente señalada".

La morosidad media en el alquiler llegará a los 132 millones

Por otro lado, la compañía ha calculado la estimación media de la morosidad en 2020, por los lanzamientos por no pagar el alquiler, que no se han llevado a cabo por las prohibiciones decretadas.

Hasta el tercer trimestre de 2019 hubo un total de 27.157 lanzamientos, según los datos del CGPJ, por desahucios por no pagar el alquiler. En el mismo período de 2020, se han producido 13.095 lanzamientos. Si se restan de la cifra total del año pasado, significa que, "por las medidas adoptadas por el Gobierno, en el mejor de los casos, durante los Estados de Alarma se han dejado en suspenso hasta el tercer trimestre de 2020, inclusive, 14.062 lanzamientos a cargo de propietarios que no les han pagado la renta de alquiler", calcula ANA.

"Si ese dato se multiplica por el perjuicio medio causado al propietario por haber estado 14 meses sin cobrar rentas, calculado en 9.436 euros, nos da un volumen medio de morosidad de 132.689.032 euros". Esto es lo que, según ANA, van a dejar de percibir los propietarios que hubieran iniciado un procedimiento de desahucio, calculado desde que se aprobó el Estado de Alarma en marzo de 2020 hasta el mes de mayo de 2021, que es cuando se tiene previsto, por ahora, levantar la suspensión de los desahucios por finalizar el Estado de Alarma.

"Queremos hacer hincapié, prosigue José Ramon Zurdo, que nos parece muy acertado y necesario que el Gobierno quiera proteger a los inquilinos y familias vulnerables, desde luego con los créditos ICO no lo han conseguido, dejando finalmente desamparados a unos y a otros. No entendemos como hasta la fecha, no se ha contemplado ninguna contraprestación económica para los propietarios particulares que han dejado de percibir la renta de alquiler, de los muchísimos inquilinos que no han solicitado un ICO para no endeudarse o no se lo han concedido. Algunos, son propietarios vulnerables, que también están en Ertes y están siendo despedidos, y el alquiler era su única fuente de subsistencia", sentencia Zurdo.

Expropiación temporal del derecho de uso

Para José Ramón Zurdo, "si el Gobierno interviene para paralizar otra vez los desahucios y para prorrogar de nuevo de forma obligada, todos los contratos de arrendamiento que venzan hasta la finalización del Estado de Alarma, estaría limitando temporalmente el derecho de los propietarios a usar sus viviendas y obtener sus frutos (renta de alquiler). Es como si se les expropiara temporalmente a los propietarios su derecho de dominio; por ello, por esta limitación del dominio, el Gobierno tiene que compensar a los arrendadores, como si de un justiprecio se tratara, con una indemnización justa que compense la limitación del dominio realizada, sobre todo en caso de arrendadores particulares, que pueden perfectamente estar viviendo la misma situación de vulnerabilidad que los inquilinos".

"Como hemos visto", añade Zurdo, "por los datos que ofrecemos, hay miles de propietarios que no cobran sus rentas desde hace mucho, mucho tiempo, y para ellos no hay ningún tipo de ayudas, y no pueden esperar ni un solo mes más para cobrar sus rentas"

"Desde marzo de 2019 el Gobierno lo único que ha hecho, en materia, arrendaticia ha sido legislar mirando solo hacia los arrendatarios favoreciéndoles claramente en perjuicio de los arrendadores y de paso, desestabilizar el mercado de alquiler en España", aletra Zurdo.

"Durante la pandemia, cuando el alquiler debía ser rescatado, solo se rescató, y a medias, a los inquilinos, ahora esperamos que las medidas sean justas también para los arrendadores", sentencia el directivo.

Para Zurdo, "todas estas medidas están suponiendo un importante varapalo para la seguridad jurídica, trasladando al sector privado la responsabilidad de la Administración, por no haber sabido aumentar el parque público de viviendas destinadas al alquiler".

Normas claras, equitativas y seguridad jurídica

Ante las medidas que sigue adoptando este Gobierno y que "afectan de forma muy negativa al mercado de arrendamientos urbanos, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) solicita normas claras, equitativas para las dos partes y estables en el tiempo, que doten de seguridad jurídica al mercado del alquiler".

Cree que son necesarias normas que sean iguales para todo el territorio nacional, sin diferencias por tipos de propietarios, que protejan a los arrendadores frente a los impagos y a la ocupación, que les incentiven a sacar viviendas al alquiler. Que se pongan en marcha ayudas directas, también para los arrendadores más vulnerables como existen en otros países europeos.

Para el Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), estas medidas que se están legislando en materia de alquileres, "no aportan ninguna credibilidad ni confianza a los inversores, tanto nacionales como internacionales, por la inseguridad jurídica que producen, con la consiguiente e importante minoración de las rentabilidades previstas.

Una situación, que, para José Ramón Zurdo, "inevitablemente provocara un desplazamiento de esas inversiones hacia otros países donde haya más seguridad jurídica, y por tanto, dejarán de invertir en nuestro país, lo que reducirá la oferta de vivienda en alquiler, con el consiguiente aumento o mantenimiento de los altos precios, algo que no nos podemos permitir".

Por último, José Ramón Zurdo, declara que, "este tipo de medidas tan permisivas hacia la ocupación, como las que nos vienen anunciando pretenden imponer, que tampoco se puedan cortar los suministros de las viviendas ocupadas, y nos pueden llevar al absurdo de que un ocupa que no paga impuestos tenga más derechos que un propietario, que, si no paga la luz o el gas, las compañías suministradoras puedan cortarle el suministro".

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