El sector inmobiliario se prepara para encajar un nuevo golpe por parte del Ejecutivo, que tiene previsto aprobar un decreto que prohíbe los desahucios a familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.
Desde el sector han apuntado a elEconomista que ven de forma favorable que el Gobierno trabaje para proteger a las personas vulnerables, si bien, consideran que con las medidas que se están estudiando lo único que se hace es trasladar al sector privado y a una parte de la población una responsabilidad social que debería ser asumida por la propia Administración.
Según la información que se ha hecho pública en las últimas semanas y a falta de que el Gobierno presente el decreto definitivo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna. Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, por lo que el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad.
El problema que ven añadido desde el sector es que actualmente las "Comunidades Autónomas carecen de vivienda social suficiente para garantizar el realojo de los colectivos vulnerables, ya que el parque público residencial tan solo representa el 2,5% del total del parque total de vivienda, uno de los más exiguos de Europa. Esto generará grandes problemas y deja desamparados a los propietarios frente a fenómenos como la ocupación".
De hecho, uno de los detalles que más preocupa en el mercado inmobiliario, según han explicado a este medio, es que "el pacto podría incluir también a las familias en precario: ocupantes de una vivienda sin contrato legal, es decir, ocupas en viviendas de grandes tenedores" (propietarios de más de una decena de viviendas).
En este caso, los gobiernos regionales tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad. "Este es el supuesto de mayor gravedad, ya que supone proteger la ocupación ilegal de vivienda", advierten desde uno de los fondos consultados por este medio, que prefiere no opinar de forma pública hasta que se conozca el contenido del decreto definitivo.
Si bien, apuntan que si esto es así "generará un efecto llamada de la ocupación ilegal" ya que "desde su entrada en vigor se paralizará el desahucio de aquellas personas sin contrato de alquiler o título de propiedad que estén ocupando una casa de propietarios con más de una decena de viviendas, lo que protege a los ocupas ilegales y puede incrementar aún más los intentos de ocupación ante la expectativa de que no van a poder ser desahuciados". Esto puede tener un "efecto devastardor en el mercado en un momento en el que se producen entre 40 y 50 ocupaciones al día". Según datos del Ministerio de Interior, la ocupación de viviendas ha aumentado un 40% entre 2015 y 2019.
Otra de las fuentes consultadas coincide en alertar que "el efecto llamada empezará en cuanto se apruebe el decreto incrementando la ocupación ilegal en todo España, como ya vimos en Cataluña tras la aprobación de la medida que exigía a grandes tenedores ofrecer un alquiler social a okupas ilegales y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional".
Se incentivan los impagos
Según explicó la ministra María Jesús Montero, la futura normal implica la paralización de los desahucios para todas aquellas familias que acrediten su vulnerabilidad, independientemente de si es efecto de la crisis provocada por el Covid o no.
"Esto fomentaría más impagos del alquiler ante la expectativa de no poder ser desahuciado, incrementado la morosidad que ya ha repuntado hasta el 15% como consecuencia de la crisis generada por la pandemia", advierten desde el sector. Los inversores consultados consideran que se trata de una "medida desproporcionada y discriminatoria" que deja prácticamente indefensos a quienes legítimamente son propietarios de una vivienda, cargando sobre ellos la responsabilidad de la Administración de dar una solución habitacional a los colectivos vulnerables. Es discriminatoria "porque distingue entre grandes propietarios (más de 10 viviendas) y pequeños propietarios, una división que no tiene ningún sustento jurídico", apuntan.
Asimismo, advierten que genera indefensión e inseguridad jurídica. "Esta medida se una a otras medidas intervencionistas en Cataluña y en el resto de España que están generando un grave perjuicio al sector y frenando su necesaria profesionalización y desarrollo". Así, apuntan que no hay que olvidar que, con las diferentes prórrogas de la prohibición de los desahucios, que comenzaron el pasado mes de marzo y que con el nuevo decreto se extenderán ahora hasta mayo de 2021, "miles de propietarios van a ver cómo sus viviendas están inmovilizadas durante más de un año".
"La imagen de España como país ser verá gravemente dañada dado que se abre la puerta a reclamaciones de restitución de daño patrimonial por expropiación del derecho de uso de la vivienda afectando a miles de viviendas, lanzando un mensaje contrario a la seguridad jurídica que reclama la inversión que quiere entrar en nuestro país para desarrollar este mercado", alertan los inversores consultados.
Estos recuerdan que con esta medida "se pone en riesgo la tutela judicial efectiva, que garantiza que la resolución de los problemas por vía judicial se realice sin dilaciones y sin injerencia de la Administración Pública. Esta medida supone un retraso excesivo para que un propietario recupere su vivienda".
Sobreprotección a los inquilinos
"No han pasado ni dos años, y las diferentes medidas que ha adoptado el Gobierno de coalición sobre el mercado del alquiler, están dejando ya, sobre la mesa, un resultado muy palpable: se ha roto el equilibrio del mercado del alquiler, fruto de una política muy intervencionista, donde se está sobreprotegiendo al inquilino y desprotegiendo claramente al propietario", explican desde Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
"Prácticamente el cien por cien de las medidas (ver gráfico) se han tomado para beneficiar a los inquilinos y perjudicar gravemente a los propietarios. Se quiere intervenir, no solo las rentas de alquiler, sino la totalidad de un mercado, que es entre particulares, porque el Gobierno carece de una política social de vivienda, donde al final son principalmente los propietarios particulares, los que están pagando la factura", sentencia José Ramón Zurdo, Director General de ANA.
Además, estas medidas "están especialmente dirigidas a los grandes arrendadores tenedores de inmuebles, como promotoras, fondos, socimis, que, además de los particulares, pueden hacer que la oferta de alquileres aumente construyendo viviendas para luego alquilar".
Zurdo, detalla estas medidas "les obligan a destinar porcentajes importantísimos de las viviendas que construyen a VPO, sin ningún incentivo por ello, a destinar alquileres sociales para ocupas por imposición, o incluso a subidas considerables en su imposición fiscal en el caso de las Socimis". También, prosigue Zurdo, "anunciándoseles que se va a intervenir el precio de los alquileres, que se van a prohibir los desahucios para estos grandes arrendadores, o también anunciándoseles expropiaciones si no alquilan las viviendas, o subidas en el IBI".
"La necesaria colaboración público-privada, para solucionar el problema de escasez de vivienda pública, que es donde radica el origen del problema, ha quedado dinamitada con la concatenación de medidas tan restrictivas en el alquiler contra de los intereses de los arrendadores. Es una auténtica broma de mal gusto, y por este camino no van a encontrar ni a uno sólo que quiera participar de estas fórmulas de colaboración", alerta José Ramón Zurdo.
