El Gobierno ha aprobado, dos años después de anunciarlo, el Estatuto de los consumidores electrointensivos, que les otorga ciertas rebajas en la factura de la electricidad, como una reducción máxima del 85% en algunas partidas relacionadas con la política energética o el acceso a avales para firmar contratos de suministro a largo plazo
La ministra portavoz, María José Montero, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que proporcionará "una mayor estabilidad, seguridad y certidumbre" sobre el precio de la energía a los grandes consumidores, que ha cuantificado en 612 empresas de más de 60 actividades industriales y con unos 300.000 empleados.
Para acogerse al Estatuto, las empresas deben tener un consumo energético anual superior a 1 GWh durante dos de los tres últimos años, con un 50% de su demanda en las horas valle, las más baratas, entre otras medidas de eficiencia energética, sustitución de fuentes contaminantes y apoyo a la I+D+i. El Ministerio de Industria se encargará de certificar estos requisitos y los beneficiarios tendrán que mantener su actividad al menos durante los tres años posteriores.
Aval público a los contratos de suministro a largo plazo
Entre los mecanismos de apoyo está la cobertura de riesgos en los contratos de compraventa de energía a largo plazo mediante el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, gestionado por Cesce y dotado con 600 millones durante tres años.
También contempla la compensación a la repercusión del coste del CO2 en el precio de la electricidad, por 61 millones este 2020, menos que el año pasado, así como la compensación hasta un 85% de los costes de política energética repercutidos en la electricidad, como las primas a las renovables históricas o el extracoste de la luz en las islas.
El apoyo con relación a los costes de las renovables es independiente de la medida propuesta hoy de retirarlos de los costes del sistema e incluirlos en un Fondo independiente, que obtendrá sus ingresos de las aportaciones de las comercializadoras de todo tipo de energía, en vez de los consumidores eléctricos por medio del recibo de la luz.
En un comunicado, la ministra de Industria, Reyes Maroto, señaló que este "es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno de España mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión industrial al contar las empresas, por primera vez, de un marco normativo de reconocimiento a estos consumidores, con nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía".
Unos 250 millones en ayudas
Maroto ha venido anunciando reiteradamente la inminente aprobación del Estatuto, sin que ésta llegara a materializarse. En las primeras versiones del documento, se valoraba el nivel de apoyo en unos 250 millones anuales. Tanto el retraso como el nivel de las ayudas despertó el rechazo de las empresas, que llegaron a tildarlo de "insulto".
La industria papelera hoy ha aplaudido la aprobación del Estatuto; su patronal, Aspapel, lo considera "un punto de inflexión y un primer instrumento de apoyo a la industria española tras el grave deterioro de nuestra economía por la Covid-19".
