La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado hoy que el Estatuto de los consumidores electrointensivos se aprobará "en las próximas semanas". El Consejo de Ministros de la semana que viene aprobará un fondo de garantía de 600 millones, ligado a dicho Estatuto, que gestionará Cesce.
Preguntada por la prensa por la situación de las plantas de Alcoa y Alu Ibérica, Maroto ha rechazado que los problemas de ambas empresas provengan del coste de la energía eléctrica, muy barato en lo que va de año, y los ha achacado a la "falta de inversión y de proyecto industrial" por parte de la multinacional norteamericana.
Luego ha señalado que en el próximo Consejo de Ministros, del 23 de junio, se aprobará el Anteproyecto de ley por el que se crea el fondo de reserva para garantías de entidades electrointensivas, que complementa el Estatuto de los consumidores electrointensivos. Y ha añadido que una vez dado este paso "podremos dar curso al Estatuto, que estará también en las próximas semanas aprobado".
La industria lleva muchos meses esperando el Estatuto, cuya última versión prevé ayudas por unos 250 millones por los costes energéticos y avales públicos para la firma de contratos de compraventa de energía renovable a largo plazo (PPA por sus siglas en inglés), otorgados por medio de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
Fondo de 600 millones
Este mecanismo de avales estará respaldado por un fondo dotado con unos 600 millones de euros durante los primeros tres años -que puede crecer hasta los 800 millones al año- que se crea en el Proyecto de Ley que aprobará el próximo Consejo de Ministros.
El Estuto incluye otras dos medidas para compensar partidas incluidas en la factura eléctrica: los costes indirectos de CO2 -en 2019 se pagaron 172 millones y este año se mantendrá en ese nivel- y hasta del 85% del importe de las ayudas a las renovables históricas y del sobrecoste de la electricidad en las islas, que rondará los 90 millones este 2020.
Las empresas electrointensivas consideran que estos apoyos son muy escasos, en comparación con los que otorgan otros países de nuestro entorno. Andrés Barceló, en representación de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, los calificó de "insulto" la semana pasada en el Congreso, al plantear una ayuda de 56 céntimos de euro por MWh.
