Las empresas rehúsan pedir el fondo de rescate tras el fiasco de Air Europa

Las ayudas del Fondo de Solvencia de 10.000 millones habilitado por el Gobierno para rescatar a empresas al borde de la quiebra por la pandemia del coronavirus tienen unas condiciones tan duras que no sólo amenazan con echar por tierra la compra de Air Europa por Iberia, poniendo en peligro su futuro a largo plazo, sino que están espantando a otras empresas españolas, que se lo piensan más de dos veces antes de solicitarlo. Y es que, más allá de los elevados y crecientes intereses, el acuerdo de socios que deben firmar las sociedades para acceder a la financiación pública dan la tutela efectiva de la gestión de la compañía al Gobierno y abren la puerta a que éste entre en el capital si no se puede pagar en tiempo y forma, tanto si se consigue un crédito ordinario como si opta por un préstamo participativo.

Por ejemplo, Alsea, la dueña de VIPS, solicitó información a la SEPI, que gestiona el fondo, pero no ha presentado una petición formal por las condiciones exigidas, explican fuentes empresariales. En esta línea, Celsa todavía se lo está pensado debido a las duras exigencias financieras y la posibilidad, siempre latente, de que el Ejecutivo entre en el capital. Otros empresarios del sector hotelero también se han acercado al Fondo de Solvencia para pedir ayuda al Gobierno pero han optado por acudir a los bancos vía ICO o cerrar sus establecimientos ante el galimatías que supone acceder al Fondo. Duro Felguera, la otra empresa que ha solicitado ayuda formalmente, tiene el proceso paralizado porque los bancos no quieren respaldar el plan de viabilidad y sin su complicidad, el Gobierno no quiere avanzar en el rescate.

Según fuentes empresariales no más empresas grandes que hayan solicitado ayuda, que debe ser cómo mínimo de 25 millones. Algo que sorprende debido a que, por ejemplo, el turismo y el transporte atraviesan una de sus peores crisis y cada día queman millones de euros para seguir abiertos sin casi generar ingresos. Situación que se están agravando con la segunda ola. El Fondo se creó a finales de julio y la SEPI sólo ha recibido dos solicitudes formales de ayuda y sólo ha resuelto una: la de Air Europa.

El camino elegido por la aerolínea de Globalia, que se ha visto abocada a pedir un préstamo participativo de 240 millones al Gobierno y engordar su deuda con un crédito ordinario de 235 millones (475 millones de ayudas públicas), no sólo supone dar una patada hacia adelante a la crisis de liquidez y correr el riesgo de no poder cumplir con los acreedores por la falta de ingresos, si no que socava su futuro al aumentar las posibilidades de que se rompa el acuerdo con Iberia y acabe repitiendo la historia de Spanair o Alitalia, quedando a merced de que el Gobierno no le retire el apoyo en un futuro.

Así, lejos de suponer el aliciente que el mercado esperaba para cerrar su integración en IAG, el rescate a Air Europa ha complicado su venta a Iberia y puesto en duda su futuro a largo plazo, que en solitario será mucho más negro ya que no tendrá capacidad para devolver las ayudas en el plazo fijado de seis años, ni el músculo suficiente para recuperar la actividad en un mercado que será más competitivo y mucho más pequeño durante años.

No en vano, según recuerda Eurocontrol, la crisis de 2008 se llevó por delante 600.000 operaciones y el mercado necesitó hasta ocho años para recuperarlas. De momento, se han perdido seis millones de vuelos con la pandemia y, según las estimaciones más optimistas, la demanda podrá volver a los niveles de 2019 en 2024, siempre y cuando la vacuna llegue en 2021. El más pesimista lleva la recuperación a 2029.

La segunda ola del coronavirus han situado a la aviación en el peor escenario posible para este año, lo que hace que Air Europa vaya a cerrar el ejercicio con un descenso de los pasajeros de más del 70%, unas pérdidas por encima de los 600 millones, una deuda de más de 615 millones, incluyendo el crédito ICO de 140 millones, y una nula capacidad de acceder a los mercados para lograr más liquidez en solitario. Algo que se antoja más que fundamental ya que IATA prevé que las aerolíneas sigan quemando caja en 2021. Así, el rescate de 475 millones del Gobierno parece más un parche para evitar la quiebra que una solución a largo plazo.

En estas condiciones, es casi imposible que Air Europa cumpla con el horizonte temporal fijado para su devolución (seis años) en solitario ya que es una compañía que en uno de los mejores años de la aviación (2018) registró un resultado operativo de 100 millones. Además, enfrenta un 2021 de incertidumbre y débil demanda en el que también quemará liquidez y seguirá en números rojos, dificultando la amortización del rescate. Así, se abre la puerta a que necesite más dinero, a que soporte más gastos financieros, ya que cuánto más tarde en devolver el préstamo más caro es, y a que el Gobierno entre en su capital.

Según consta en el acuerdo de Consejo de Ministros, el préstamo participativo de 240 millones, como elemento híbrido de capital, podrá remunerarse en función de la evolución de la empresa, por lo que si le va mal pagará menos intereses y viceversa. Aun así, la retribución subirá año a año ya que se contempla que en el primero ésta sea de 250 puntos básicos (pb) sobre euribor; en el segundo y el tercero de 350 pb, de 500 pb en el cuarto y quinto año llegando a superar os 900 pb si tarda más de seis años en devolverlo. El acuerdo incluye que el Estado pueda convertir en acciones este préstamo si no cumple. En el caso del ordinario se podría refinanciar. Así, si la compañía, tanto en solitario como dentro de IAG, no puede devolver los préstamos ante la falta de ingresos, el Gobierno tiene la capacidad de entrar en el accionariado de Air Europa, algo a lo que se negaron los Hidalgo en desde un primer momento y que, por supuesto, no agrada a Iberia.

¿Qué asusta a Iberia?

Además de las condiciones de financiación, el Gobierno ha puesto una serie de requisitos a las ayudas de 475 millones que atarían las manos al equipo de Javier Sánchez Prieto a la hora de tomar decisiones estratégicas y "gestionar profesionalmente" la compañía de los Hidalgo, llevando al grupo a instalarse en la cautela y dar dos pasos para atrás. En concreto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el martes tras el Consejo de Ministros, que el contrato otorga al Ejecutivo derecho de veto en "operaciones de mayor nivel", como "la compra-venta de la aerolínea". Es decir, que tendrá la última palabra en el acuerdo que Iberia y la compañía aérea de Globalia están renegociando. Asimismo, se ha arrogado el poder para decidir sobre futuros ajustes de plantilla, se ha reservado dos sillones en el consejo de administración y su veto en la elección de consejero delegado.

Las condiciones no han gustado nada a Iberia, que no querría verse en la obligación de tener que devolver 615 millones tutelada por el Estado. No en vano, unos días antes de que se aprobara oficialmente el rescate, el consejero de IAG, Luis Gallego, ya dejó claro que el futuro de la operación dependía, entre otras cosas, de las limitaciones que el Ejecutivo pusiera "a la capacidad de toma de decisiones estratégicas". Y es que si la compañía madrileña no tiene capacidad para ajustar el tamaño de Air Europa no estaría interesada en asumir el riesgo de absorber una firma con 68 aviones y 6.801 empleados en un momento en el que ella misma tiene que reestructurarse, afrontar una fuerte caída de ingresos y hacer frente al aumento de su deuda.

Aunque ni Iberia ni IAG se han pronunciado oficialmente sobre las condiciones del rescate, lo cierto es que en el entorno de la compañía cada vez son más los que cuestionan la compra de Air Europa. Ante el auge de las dudas, el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industrial (SEPI), Bartolomé Lora, aseguró en el Congreso que el holding "ajustará las condiciones" de las ayudas si finalmente se cierra la venta a Iberia. "El contrato de financiación cuenta con mecanismos que permiten ajustarlo a la nueva situación si tuviera lugar la compra. La operación se aprobó sin tener en cuenta que se fuera a producir la venta", explicó el alto ejecutivo de SEPI, que gestiona el Fondo de 10.000 millones.

Lora no especificó qué puntos se pondrían suavizar por lo que no se sabe si serán suficientes para hacer atractiva la operación, que también depende del precio final y de las condiciones de la financiación que, como ya se apuntado no son atractivas. Otro punto clave a tener en cuenta, sobre el que el Gobierno también tiene la última palabra, es la renegociación del precio de la operación pactado hace un año, ya que ante el desplome del mercado, principalmente el de largo radio, el que da dinero a ambas compañías, ni Air Europa vale 1.000 millones ni Iberia puede pagarlos. ¿Aceptarán los Hidalgo o el Ejecutivo un euro?

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