El Gobierno está recibiendo peticiones de rescate a cuenta gotas. De momento, tres empresas han solicitado formalmente la ayuda pública, entre las que se encuentran Air Europa y Duro Felguera, y otras dos han requerido información. En total, las peticiones rondan entre el 7 y el 10% de la dotación del fondo de solvencia (10.000 millones), informan fuentes empresariales a este diario.
Pese a la moderada demanda inicial, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que gestiona el fondo, prevé que éste se agote y que incluso haya que incrementar su dotación ya que, según estima, "la avalancha de peticiones de rescate llegará en los primeros meses de 2021", tal como señalan fuentes empresariales que, a su vez, aseguran que la crisis es tan brutal que 10.000 millones no van a ser suficientes. Desde Sepi han rechazado realizar comentarios.
Los 10.000 millones serán insuficientes para cubrir las necesidad de las empresas al borde de la quiebra
Y es que, por un lado, el grueso de las empresas no tendrá una imagen completa o clara del impacto de la pandemia en su negocio hasta que no termine el ejercicio y cierren las cuentas y, por el otro, muchas sobrevivirán hasta final de año gracias a los créditos ICO y las moratorias, por lo que hasta que no se acaben o haya que empezar a devolver la deuda, la solvencia no se verá comprometida.
Asimismo, la crisis del coronavirus todavía sigue dañando al sector privado, sobre todo al transporte y el turismo, por lo que es difícil valorar el impacto total y la recuperación, que puede ralentizarse en un escenario pesimista. No hay que olvidar que para que conseguir el salvavidas, las compañías tienen que presentan una "clara perspectiva de pérdidas como consecuencia del covid" que les coloque en una situación de insolvencia, un plan de viabilidad y ahorro de costes, una previsión de ingresos y evolución del negocio así como fijar el plan de reembolso con los intereses e hitos de pago.
En este punto, fuentes cercanas al Fondo recuerdan que la fecha tope para conceder las ayudas es el 30 de junio por lo que habría empezar a pensar en ampliar el plazo para poder gestionar las todas solicitudes y garantizar que ninguna empresa estratégica solvente desaparezca por culpa del coronavirus. También se ha planteado que se amplíe la carencia de los créditos ICO.
Una vez que las empresas requieren el "apoyo público temporal" y cumplen los requisitos básicos de ser estratégicas, no estar en crisis antes del covid-19 y estar al corriente de pago de todos los impuestos, el Consejo Gestor tiene un plazo de seis meses para analizar las peticiones y aprobarlas o rechazarlas. Si el rescate obtiene el visto bueno y el monto supera los 250 millones, la operación tendrá que ser aprobada en Consejo de Ministros y la UE.
"La Sepi no va a otorgar una financiación que no vaya a controlar", explican fuentes empresariales
Entre las condiciones que tienen que asumir las empresas para recibir dinero público se encuentran el compromiso de devolución del mismo con intereses, la presentación de un plan de viabilidad y la firma de un acuerdo de gestión o de socios, en función de la modalidad del rescate, que dará voz y capacidad de veto al Consejo Gestor en algunas decisiones estratégicas de la compañía, como ampliaciones de capital, compras o fusiones. "La Sepi no va a otorgar una financiación que no vaya a controlar", explican fuentes empresariales.
Ayuda temporal y cara
El acuerdo de gestión o de socios, que fijará las decisiones estratégicas que deben estar sujetas a la aprobación de Consejo Gestor, es fundamental para que el Gobierno otorgue la ayuda y abre la puerta a que se plantee la necesidad de tener presencia en el consejo de administración tanto si el rescate se articula vía ampliación de capital, préstamo participativo o compra de deuda convertible.
El plan de reembolso es otro de los pilares básicos del fondo de garantía de solvencia ya que la compañía debe fijar el periodo de devolución de la ayuda, calcular los intereses y establecer hitos de devolución. La estructura de intereses está montada para que la empresa quiera devolver lo antes posible el dinero público o recomprar al Estado su participación. Así, cuanto más tiempo pase más alta será la remuneración que reciba el Gobierno. Por ejemplo, en el caso de un préstamo participativo o deuda convertible, el Ejecutivo puede llegar a cobrar hasta un 9% anual de intereses si la empresa no le ha devuelto el dinero pasados ocho años.
Por ejemplo, en el primer año, el interés es de 250 puntos básicos, sube a los 500 puntos en el cuatro año y llega a los 950 puntos en el octavo y noveno. Además, si pasados cuatro años la firma rescatada no ha devuelto el 75% de la ayuda se añade una penalización de un 10%.
El Ejecutivo cobrará un 9% anual de intereses si la empresa no le ha devuelto el dinero pasados ocho años
En el caso de que el Ejecutivo entre en el capital, la recompra de las acciones se tendrá que hacer a precio de mercado o a la cantidad que resulte de aplicar un tipo de interés de 200 puntos básicos anual a la ayuda concedida. Primará la opción que más beneficie al Gobierno. Además, hasta que no se devuelvan las ayudas públicas, las firmas no podrán repartir dividendos, deslocalizar sus centros de producción o comprar más del 10% de sus empresas competidoras.
Una vez concedida la ayuda, el control y la transparencia se instalarán y las compañías tendrán que dar cuenta una vez al año del destino de los fondos y de cómo evoluciona el plan de viabilidad.
Las empresas podrán pedir un mínimo de 25 millones y nunca una cantidad que supere su situación patrimonial previa a la crisis. "El límite máximo con el que se puede ayudar a una empresa es la situación patrimonial a 31 de diciembre de 2019 para que no se de la situación de esté mejor que antes de la crisis", explican fuentes empresariales. Así, deja fuera a muchas pequeñas empresas de transporte de pasajeros y mercancías.
