El Gobierno ha dado a conocer este viernes los detalles del fondo de rescate de 10.000 millones de euros para salvar a empresas insolventes, que ya adelantó ayer Pedro Sánchez. Para acceder a esta ayuda pública, serán las propias empresas las que deban solicitarla, pero no todas las compañías serán beneficiarias. El Consejo de Ministros ha aprobado que el Estado solo entrará en el capital de aquellas empresas que sean consideradas estratégicas por su impacto social y económico o su relevancia para la seguridad.
Este fondo de rescate, similar al que ya se utilizó durante la última crisis financiera para salvar a la banca, forma parque del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para la reconstrucción de la economía tras la crisis del coronavirus. El objetivo de la ayuda pública es dar apoyo a compañías que tengan problemas de solvencia, pero que sean viables. Además, estos apuros deben haberse iniciado a consecuencia de la pandemia. No se entrará a rescatar compañías que ya tuvieran problemas de liquidez antes del estallido del Covid-19.
¿Qué empresas podrán acceder a la ayuda pública?
Según el Real Decreto-ley, sólo se rescatará a empresas que sean estratégicas para la sociedad o la economía, o relevantes para la seguridad de los españoles, entre las que se encontrarían las del sector sanitario, las de infraestructuras, las de comunicaciones o cualquier otras que contribuyan al buen funcionamiento de los mercados. Eso sí, según la normativa, serán las propias compañías las que deban pedir el apoyo público. El Estado no entrará en el capital de ninguna empresa que no lo solicite.
Asimismo, según Bruselas, el rescate por parte de los Gobiernos debe ser siempre el último recurso del que se tire para salvar el tejido productivo.
¿Cómo se articulará la entrada del Estado?
El Gobierno ha avanzado hoy en más detalles sobre cómo se gestionará el apoyo a estas compañías insolventes. En primer lugar, la entrada en el capital la hará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Economía. A través de esta compañía, el Estado ya tiene otras participaciones desde hace años en empresas como RTVE, Airbus, IAG o Correos.
La ayuda podrá ser a través de la concesión de préstamos participativos. Asimismo, también podría articularse mediante la adquisición de deuda subordinada por parte del Estado o la suscripción de acciones y otros instrumentos de capital.
¿A dónde irán los beneficios que se obtengan?
Según el Real Decreto-ley, los beneficios que obtenga el Estado por la entrada en el capital de las empresas, ya sea bien en forma de dividendos, a través de los intereses cobrados por los préstamos participativos o mediante plusvalías, se ingresarán en el Tesoro Público.
¿Qué condiciones temporales exige Bruselas?
La Comisión Europea, encargada de dar luz verde a la opción de que los Estados miembro entre al capital de determinadas empresas para evitar su quiebra, señaló que las compañías rescatadas deberán remitir un informe a sus respectivos Gobiernos a los seis meses de recibir el apoyo público con un claro plan de privatización. No obstante, advirtió que si el control público se situaba por encima del 15% a diciembre de 2024, la compañía debía comunicar un plan de reestructuración.
¿Cómo recuperará el erario público el dinero?
Esta es la parte más difusa. A pesar de que el Gobierno ya ha adelantado que cualquier plusvalía o dividendo irá al Tesoro Público, eso no significa que las ganancias obtenidas sean equiparables a la ayuda ofrecida. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, aseguró el pasado 15 de abril que Bruselas se encargará de que los contribuyentes reciban la remuneración suficiente por su inversión. Sin embargo, en el caso del rescate a la banca, que en España costó más de 60.000 millones de euros, el Banco de España, ocho años después, ha reconocido que no se recuperarán en torno al 75% de las ayudas.
¿Qué condiciones afrontarán las firmas rescatadas?
El Congreso, a través de la Comisión de Reconstrucción, aprobó el pasado miércoles fijar condiciones para las empresas que sean rescatadas por el Gobierno, sin embargo, este viernes y tan solo dos días después, el PSOE ha eliminado todas las condiciones. Por tanto se suprimen las condiciones iniciales que prohibían a las firmas rescatadas dividendos durante dos años. Otro de los condicionantes era que la firmas no operen ni tengan filiales en paraísos fiscales. Además, debían cumplir las exigencias medioambientales que recoge el Acuerdo Climático de País. También tendrían que cerrar la brecha salarial entre hombre y mujeres y comprometerse en política de protección de la biodiversidad.
