Bruselas
La crisis del coronavirus ha provocado una intervención estatal sin precedentes para salvar a empresas y estimular la economía en este parón productivo. Las primeras medidas fueron de apoyo a la liquidez con garantías y créditos blandos. Pero con un PIB en caída libre, la Comisión Europea (CE) sabe que el capital público puede terminar entrando en el sector privado para mantenerlo a flote. Algunos países, como Italia y Francia, ya coquetean con la idea. Bruselas está dispuesta a aflojar el corsé que limita las ayudas estatales, pero con condiciones. El mensaje queda claro: las inyecciones de dinero público, o nacionalizaciones completas, son un "último recurso".
El borrador de la comunicación, al que tuvo acceso elEconomista, fue enviado este martes a los Estados para que realicen sus comentarios, antes de su aprobación en los próximos días. El documento enmienda el esquema temporal que aprobó Bruselas el 19 de marzo para las ayudas de Estado durante esta pandemia, abriendo algo más la mano con la flexibilidad otorgada el pasado mes.
El Ejecutivo comunitario recalca que esta crisis provoca que las firmas sufran problemas temporales de liquidez, e incluso "pueden también encarar problemas de solvencia a largo plazo". Para parar la hemorragia que pueden estar sufriendo en su capital, o las dificultades para atraer financiación, Bruselas permite la entrada de capital público pero "debería permanecer como una intervención de último recurso", indica el documento.
La institución comunitaria explica que este tipo de movimientos son "muy distorsionadores" para la libre competencia. Por lo tanto, añade que estas operaciones estarán sujetas a "condiciones claras en cuanto a la entrada, remuneración y salida del Estado de las empresas, las disposiciones de gobernanza y las medidas apropiadas para limitar las distorsiones de la competencia".
"Remuneración suficiente"
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager, a cargo de Competencia, señaló en un comunicado que "nos aseguraremos de que los contribuyentes reciban una remuneración suficiente por su inversión, y las empresas que reciben apoyo de capital están sujetas a controles y disposiciones de gobernanza que limitan las posibles distorsiones de la competencia en el mercado único".
Entre los controles que establece para garantizar que no se producen distorsiones se incluye una serie de directrices para asegurar que el Estado resulte suficientemente remunerado por los riesgos que asume. También hay limites para el capital, ya que "no debe exceder el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario", y en ningún caso debe ir más allá de lo que las firmas hayan perdido a causa del coronavirus (tomando como foto fija su situación el 31 de diciembre de 2019).
La CE también advierte de que el capital público no podrá dedicarse a una "expansión comercial agresiva" o para la toma de "riesgos excesivos". En el caso de que se inyecten más de 100 millones de euros en una empresa "con un poder de mercado significativo" o relevante en su sector, los países deberán proponer medidas adicionales para garantizar la competencia, por ejemplo, con compromisos estructurales o de actuación por parte de las beneficiarias. Las empresas respaldadas por los Estados tampoco podrán repartir dividendos o sus ejecutivos mejorar sus salarios.
El documento además fija directrices para la salida del capital público. Las firmas deberán enviar a los Gobiernos a los seis meses de recibir el respaldo público su estrategia de salida. Si para el 31 de diciembre de 2024, la participación estatal no se ha reducido por debajo del 15%, se deberá diseñar un plan de reestructuración de la empresa.
Los servicios comunitarios de Competencia están trabajando para aprobar todas la ayudas públicas remitidas a Bruselas, bajo el nuevo marco más benigno enmendado para la situación de la pandemia. Hasta entonces, la Comisión había aprobado 53 medidas nacionales.
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