La caída de beneficios de la banca como consecuencia de la pandemia del coronavirus ha ocasionado un roto a las arcas públicas en el primer semestre del año. Las principales entidades han reducido un 78% el pago por el Impuesto de Sociedades. Han abonado por este concepto 255 millones frente a los 1.150 millones del mismo periodo del año anterior.
A diferencia de épocas anteriores. esta merma de su contribución al Estado no se debe, en líneas generales, a las deducciones que hacen efectivas por los créditos diferidos que acumulan por las cuantiosas provisiones de la crisis inmobiliaria de 2008, sino que obedece en su mayor parte al desplome de las ganancias.
Hasta junio, el resultado antes de impuestos del sector ha descendido un 68% por las elevadas dotaciones que han reservado para insolvencias de créditos en un futuro próximo. Estos números incluyen los datos de los doce mayores grupos financieros -los del Santander y BBVA, únicamente el negocio de España-.
Tan solo el Sabadell ha activado créditos diferidos con la Administración que le han permitido una devolución neta. En concreto, de 59 millones, que ha servido para mejorar el beneficio del semestre. El resto, aunque sea mínimamente, han tenido que abonar dinero a Hacienda por el gravamen de Sociedades.
El que menos fondos ha desembolsado ha sido CaixaBank, con un importe de apenas 1 millón de euros frente a los 104 de hace doce meses. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ya indicó que en la presentación de las cuentas (a finales de julio) que esta menor carga fiscal se debía a una caída de las ganancias.
Hay dos entidades, por contra, que sí han aumentado la aportación al Estado por este impuesto y de manera considerable. Son Kutxabank y Abanca, aunque la subida se produce porque en el mismo periodo de 2019 apenas contribuyeron.
Reforma fiscal
La bajada de los pagos tiene lugar en un momento en que el Gobierno de coalición prepara una reforma fiscal, que está negociando junto a los Presupuestos Generales. Según la hoja de ruta, la intención es fijar una tasa mínima efectiva del 15% para las empresas, que en el caso de los bancos ascendería al 18%. De esta manera, con los números del primer semestre este umbral no se cumpliría, pero por muy poco. El tipo aplicado por el sector se situó en junio en el 16%, siete puntos porcentuales por debajo que en la primera mitad del ejercicio pasado, cuando ascendió al 23%.
Lo que parece totalmente descartado, es la idea de Podemos de imponer un gravamen especial a las entidades para recuperar las ayudas públicas del rescate de 2012. El objetivo de la formación de Pablo Iglesias es que la tasa llegara a un 30% en los próximos diez años y, así, poder reembolsar los más de 40.000 millones que el Estado perdió en la pasada crisis. Sin embargo, algunos ministros como la de Economía, Nadia Calviño, han convencido al presidente Pedro Sánchez para que no castigue con este gravamen especial a los bancos. Y sobre todo en estos momentos, en los que el sector es clave para la reactivación de la economía mediante la concesión de préstamos.
Por encima del 30%
La tasa fiscal de algunos grupos, en la actualidad, pese al descenso de los beneficios, está por encima de el listón que pretende establecer como mínimo el partido morado. Así, por ejemplo, el tipo efectivo de Cajamar es del 34%, mientras que el de Ibercaja, del 32%. Y, el de Unicaja y el de las unidades del Santander y BBVA en España lo rozan.
Para los próximos ejercicios, si se cumplen los pronósticos, la aportación de los bancos a Hacienda por Sociedades será muy inferior al de ejercicios pasados, ya que sus resultados se verán mermados sustancialmente como consecuencia del aumento de la morosidad. El alza de los impagos, previsiblemente, se producirá entre este otoño y finales de 2021. Será en ese momento cuando las insolvencias toquen su techo. a juicio de los banqueros.
En este periodo, los beneficios de las entidades se contraerán significativamente, como lo han hecho en la primera parte de 2020, ya que se tendrán que reservar dotaciones millonarias. El sector, incluyendo las filiales extranjeras, ha más que duplicado esta hucha entre enero y junio, que acumula ya 16.000 millones (7.600 millones de manera extraordinaria).
Unas cuentas que, de salir adelante, la reforma fiscal que pretende sacar adelante el Ejecutivo, solo podrán compensarse parcialmente con los créditos diferidos con la Administración que todos los grupos atesoran en sus balances desde la crisis financiera que estalló hace más de un decenio.
