El Gobierno ha aparcado el plan de Pablo Iglesias de implantar un impuesto especial a la banca para hacer frente a su política social y económica. El ala más moderado del Ejecutivo, liderado por la vicepresidenta, Nadia Calviño, está bloqueando la puesta en marcha de esta tasa, con la que Unidas Podemos pretende recuperar buena parte de las ayudas públicas inyectadas al sector financiero en la pasada crisis, por un importe total de 60.000 millones de euros.
Fuentes del Ministerio de Hacienda sostienen que sobre la mesa del proyecto de Presupuestos Generales se incluyen los tributos que forman parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y la formación morada. En dicho pacto no figura ningún tipo de gravamen especial para las entidades financieras, consistente, a priori, en la elevación de Sociedades en 10 puntos para incrementar la recaudación.
Ya en 2019, los socialistas pudieron echar por tierra la pretensión de Podemos de sacar adelante este impuesto, que pagarían bancos que fueron solventes y que no percibieron ningún tipo de ayuda directa. Además, sería discriminatorio y, posiblemente, anticonstitucional.
Ahora, dos son los argumentos principales, para frenar dicha iniciativa. Una, que no se puede castigar en demasía al sector financiero porque es clave para la recuperación. Cuánto más dinero se le retire, menos crédito otorgarán tanto a familias como empresas para que la reactivación de la economía sea lo más rápida y contundente posible. Y dos, el acercamiento del Pedro Sánchez a los partidos de la derecha (especialmente Ciudadanos) para logra el apoyo definitivo a las cuentas del Estado, que llevan a bloqueadas varios años y que son necesarias para impulsar todas las medidas sociales surgidas tras la pandemia del coronavirus.
Pese a esta congelación, Podemos ya ha propuesto en la Comisión para la Reconstrucción la necesidad de que la banca pague más a las arcas públicas a través de un impuesto extraordinario, con el que poder sufragar, entre otras medidas, la renta mínima universal que fue aprobada recientemente.
Desde el sector, sus máximos responsables confían en que tal gravamen finalmente caiga en saco roto, pero temen que se produzca un giro en los acontecimientos, ya que algunos de los postulados de Iglesias han tenido aceptación por parte de Sánchez pese a la oposición (a veces expresada con significativos encontronazos) por parte de diferentes miembros del Ejecutivo.
Hace unos días, tanto Ana Botín (Santander) como Carlos Torres (BBVA) y Jordia Gual (CaixaBank) han rechazado cualquier tipo de impuesto al sector discriminatorio, ya que entre otras cuestiones, provocaría un descenso de sus niveles de competitividad frente a otros sistemas bancarios y perjudicaría el flujo de crédito, que tan necesario es en estos momentos.
Sociedades
Pese a ello, lo que sí está encima de la mesa del Gobierno es el aumento en la tributación de la banca por encima del resto de empresas. De acuerdo con los planes -incluidos en el acuerdo entre PSOE y Podemos- es la obligatoriedad de que todas las compañías paguen al menos un 15% de sus beneficios, que en la banca sería del 18%.
Con esta medida, las entidades tendría limitada la recuperación de los activos fiscales diferidos, exenciones a las que tienen derecho por ley por las elevadas provisiones y pérdidas llevadas a cabo entre 2009 y 2012 y por el coste de las prejubilaciones.
Dividendos de filiales
También, en la hoja de ruta del Ejecutivo, se mantiene la imposición a los dividendos que repatrian las compañías de sus filiales en el extranjero y que afectaría, entro otros, al sector financiero. Esta tasa, que supondría una doble tributación por los mismos ingresos, se llevaría a cabo a través de la limitación de las exenciones totales de las que ahora se benefician las multinacionales españolas por embolsarse la remuneración a los accionistas de sus franquicias en el exterior. La intención sería reducir en un 5% dicha deducción fiscal, según lo acordado a principios de año.
