Los grandes caseros de pisos en alquiler, agrupados en Asval, que cuenta también con más de 700 propietarios particulares, advierten de que tan solo un 1,3% de sus inquilinos ha mostrado interés en solicitar un crédito ICO para hacer frente al pago de la renta, a pesar de que la morosidad en las más de 30.000 viviendas que representan ha crecido hasta situarse en el 15% en los primeros meses de la pandemia.
Este bajo porcentaje demuestra que "las ayudas propuestas hasta la fecha para hacer frente al pago de la renta no están siendo efectivas para paliar las dificultades de los inquilinos más vulnerables en el pago del alquiler, lo que está perjudicando también a millones de propietarios particulares", explican desde la asociación, que prevé que el impacto generado por la crisis del Covid-19 en la economía española seguirá teniendo un efecto directo en el mercado del alquiler "con un incremento de los impagos de las rentas en el último trimestre del año".
Según apuntan desde Asval, las peticiones de moratorias de los inquilinos están aumentando y cada vez son más los arrendatarios que advierten de que van a tener dificultades para hacer frente al pago de las rentas.
El interés mostrado por el 1,3% de los inquilinos de la cartera de sus asociados, "que se traducirá en un número de beneficiarios aún menor, confirma la escasa utilidad que está teniendo esta medida entre las familias con mayores dificultades económicas ante la imposibilidad de estos inquilinos para asumir una nueva deuda a la que no pueden hacer frente", explican.
En el caso de las ayudas directas para el pago del alquiler de las Comunidades Autónomas, "la dotación presupuestaria es insuficiente debido a la alta demanda por parte de los inquilinos. Por ejemplo, en el caso de Cataluña la partida para estas ayudas ya se ha agotado, mientras que en la Comunidad de Madrid, la demanda triplica a la oferta de los solicitantes", apuntan desde Asval.
Piden ayudas por 700 millones
Ante este contexto de repunte de la morosidad y falta de efectividad de las ayudas ya planteadas, Asval reclama, tal y como adelantó elEconomista, un paquete de medidas de apoyo directo para los inquilinos en situación de vulnerabilidad a través de la creación de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias en situación de vulnerabilidad social a reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la renta del 48 al 30% de sus ingresos.
La fórmula que proponen pasaría por una ayuda pública de 2.000 euros anuales por unidad familiar y destacan que "si el impacto de la crisis es mayor, el número de familias con dificultades para el pago del alquiler podría incrementar sustancialmente, lo que obligaría a ampliar estas ayudas".
Beatriz Toribio, directora general de Asval, explica que "los créditos ICO no están funcionando porque los inquilinos en dificultades económicas no quieren endeudarse para el pago del alquiler y acuden directamente al impago, una situación perjudicial tanto para el propietario como para el inquilino porque genera una situación de incertidumbre jurídica. Además, las ayudas directas de las CCAA, que cuentan con una alta demanda, no están siendo efectivas porque están infradotadas presupuestariamente".
"Desde la Administración y el sector debemos adelantarnos a los problemas que provocará esta crisis. Si se cumplen las previsiones de organismos nacionales e internacionales y el paro aumenta hasta el 20%, se hará aún más difícil el pago de la renta de alquiler a las familias más vulnerables en el tercer trimestre del año. Esto tendrá un importante impacto en los ingresos de muchos propietarios, la amplia mayoría particulares, que utilizan estos ingresos para completar su sueldo o pensión", añade Toribio.
El control de precios genera inseguridad jurídica
En paralelo a la petición de ayudas directas para los colectivos vulnerables, Asval solicita también que se incremente la seguridad jurídica tanto en materia de ocupación como de las últimas iniciativas relacionadas con el control de los precios del alquiler. Recientemente, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que tramitará una reforma de la ley que regula el mercado del alquiler para imponer un control de las rentas del alquiler.
Sobre esta medida, Beatriz Toribio asegura que "el control de precios no es la solución para los problemas del mercado del alquiler. Necesitamos favorecer la oferta, no contraerla porque si hay menos vivienda en alquiler disponible, las familias con menos recursos lo tendrán aún más difícil para acceder a ella. La experiencia internacional ha demostrado que este tipo de medidas no han funcionado para frenar las subidas de precios. Y, además, no sólo reducen la oferta disponible, sino que también frenan la mejora del parque inmobiliario existente y el desarrollo de una oferta atractiva, asequible y profesionalizada de vivienda en alquiler, ya que generan inseguridad de cara a la inversión".
Crece la ocupación ilegal
En este sentido, Asval quiere alertar también del notable incremento de las cifras de ocupación ilegal, que se ha convertido en un elemento de creciente preocupación para muchos propietarios y comunidades de vecinos.
"Algunas administraciones públicas, como la catalana, han desarrollado marcos regulatorios que premian el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como es el de la propiedad privada", destacan desde Asval. Por ello, la asociación reivindica una mayor protección a la propiedad privada para frenar este fenómeno, porque en caso contrario se incrementará la inseguridad jurídica, dificultando inversiones futuras y el crecimiento del alquiler en España.
