El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reformulará de nuevo el Plan Especial de Carreteras (PEC), heredero del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que anunció en 2017 el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y que nunca llegó a ver la luz.
El departamento que dirige José Luis Ábalos plantea ahora un modelo en el que el plazo de concesión de los proyectos se situará en el entorno de los 25 años, alineado con el contemplado originalmente y frente a los 10 años que el propio ministro había anunciado, según indican fuentes del mercado. La intención es arrancar con los primeros proyectos que ya tiene aprobados en Murcia.
"Un modelo que equilibra los riesgos y que posibilitará desarrollar proyectos concretos en breve plazo"
Ábalos indicó la semana pasada en el Senado que "seguiremos explorando aquellas fórmulas de colaboración con el sector privado mediante contratos de concesión que permitan abordar actuaciones prioritarias, pero siempre salvaguardando la viabilidad futura de estas fórmulas". En este sentido, "hemos avanzado en estos meses para cerrar con el Ministerio de Hacienda y las autoridades europeas (Eurostat) un modelo que equilibra los riesgos y que posibilitará desarrollar proyectos concretos en breve plazo", aseguró el ministro.
Ábalos no dio más detalles sobre las condiciones del pliego ni sobre el calendario para su lanzamiento definitivo. No obstante, es de prever que con los últimos cambios introducidos deba recibir el visto bueno del Consejo de Estado o, al menos, ser sometido a información pública.
Implica un modelo concesional más tradicional que lo aleja del denominado método alemán en el que se basaba el anterior planteamiento
La ampliación del plazo de los contratos del PEC hasta alrededor de 25 años implica un modelo concesional más tradicional que lo aleja del denominado método alemán en el que se basaba el anterior planteamiento. Éste contemplaba concesiones para la explotación y conservación por un periodo de 10 años, incluyendo las obras de construcción de la carretera en cuestión. Fuentes oficiales de Transportes se limitan a señalar que "se está trabajando en ello, pero todavía no está cerrado, por lo que no podemos avanzar nada todavía".
El Ministerio mantiene, en todo caso, la fórmula de pago por disponibilidad, por el que el Estado paga a las concesionarias por mantener y operar la vía en óptimas condiciones durante la vida del contrato.
Los riesgos de expropiación correrán a cargo de la Administración
Además, los riesgos de expropiación correrán a cargo de la Administración, una cuestión que cambia sustancialmente con respecto a la compartición con el sector privado que planteaba el PIC original y que supone un atractivo para las constructoras, que aún tienen reciente lo ocurrido con las autopistas de peaje quebradas. Ahora bien, esta es una de las cuestiones más problemáticas por la situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las exigencias de déficit público y los crecientes costes de conservación de carreteras. En este sentido, una opción que se ha estudiado es que las empresas financien las expropiaciones hasta un valor determinado.
Transportes ha admitido algunas de las alegaciones que trasladó el sector de la construcción, como el reconocimiento de algunos costes en los modelos económico-financieros inherentes a las concesiones y la actualización de la inversión de los proyectos, con impactos limitados en los presupuestos.
El lastre de la rentabilidad
El Gobierno, por el contrario, mantiene su negativa a cambiar la Ley de Desindexación de la economía española, que limita la rentabilidad de las concesiones al bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos. Esto es un obstáculo para la participación en el PEC de fondos de inversión y de pensiones internacionales que buscan rendimientos próximos al doble dígito. El secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, aseguró en una entrevista con elEconomista en mayo que "el Gobierno no está planteando cambiar ese precepto legal".
"Los tipos de interés de la deuda pública española son desconocidos por bajos. Hay que buscar ese equilibrio y creo que el PIC lo va a encontrar y, si no, al tiempo. Entiendo que el sector privado reclame rentabilidades mayores. Es legítimo que lo hagan. Pero para no equivocarnos, para ser sostenible en el tiempo, tiene que ser equilibrado para las dos partes, para los contribuyentes y para el sector privado", explicó Saura. Con la última subasta del Tesoro, el interés se limitaría al 2,55%. Un porcentaje muy alejado de las expectativas de los fondos que pone en duda el éxito de planes de concesiones no solo en carreteras, sino en otras infraestructuras necesarias como hospitales y plantas de agua.
El Ministerio ya tiene dos actuaciones en la rampa de salida. Se trata del tramo A del Arco Norte de Murcia, por 215,13 millones de euros, y la A-7 Crevillente-Murcia, por 199,79 millones. Además, cuenta con otros proyectos en fases anteriores en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, entre otras.
"Sería una excelente noticia poder recuperar un modelo que está abandonado desde 2012 de la contratación pública"
"La recuperación del modelo concesional y de la colaboración público-privada es esencial más que nunca en la coyuntura actual para poder invertir en las infraestructuras prioritarias que necesitamos y sería una excelente noticia poder recuperar un modelo que está abandonado desde 2012 de la contratación pública". Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), aplaude el anuncio del ministro de la semana pasada, aunque aboga por aguardar a los detalles del nuevo Plan Especial de Carreteras (PEC) para hacer una valoración más precisa.
La patronal de las grandes constructoras defiende la implantación de la colaboración público-privada para desarrollar las infraestructuras prioritarias de España en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030, que requieren un volumen de inversión de cerca de 157.000 millones de euros. Unos 28.500 millones corresponden al ámbito de las carreteras tanto urbanas como interurbanas.
