La Justicia no tiene todavía del todo claro si los repartidores de Glovo o Deliveroo son falsos autónomos o no, pero el Ministerio de Trabajo no tiene dudas al respecto, por lo que ha decidido acelerar el desarrollo de un proyecto de ley que garantice la laboralidad de los riders y cierre la puerta definitivamente a cualquier posibilidad de crear la figura del autónomo digital.
El plan del departamento que dirige Yolanda Díaz es que la ley, en la que lleva trabajando desde febrero, vaya al Congreso de los Diputados antes de que termine el verano, tal y como informa Cinco Días, y así regular a los riders como asalariados antes de que el Tribunal Supremo o Europa puedan decir lo contrario.
La nueva regulación no solo afectaría a los repartidores y pondrán en peligro el futuro de Glovo, Deliveroo o Uber Eats en nuestro país. También obligaría a decenas de plataformas que intermedian en la prestación de servicios a contratar a los autónomos que tienen suscritos, como por ejemplo las empresas online de ayuda a domicilio o las compañías de traductores e intérpretes. Y es que, antes de que Podemos llegara al poder, el PSOE ya había abierto una guerra contra las plataformas digitales para acabar con los falsos autónomos, por lo que la Inspección empezó a investigar a firmas como Cuideo o Joyners, que realizan una labor de intermediarias entre cuidadores que buscan trabajo atendiendo a ancianos y gente que requiere el servicio.
Yolanda Díaz cierra la puerta a crear la figura del autónomo digital que piden las plataformas
La Justicia española lleva varios años analizando si los repartidores de estas plataformas son trabajadores por cuenta ajena o no. Un trabajo que ha dividido a muchos juzgados en primera instancia, aunque poco a poco la balanza se ha ido decantando a favor de los que defienden que son falsos autónomos. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Asturias determinaron que existe una relación laboral directa entre riders y plataformas.
En concreto, el TSJM desmonta la presunción de que los ciclistas de Glovo son autónomos al asegurar que, aunque no existe contrato laboral materializado, la catalana se lucra del trabajo de los repartidores y determina elementos de la relación, como su retribución o la franja horaria. Las sentencias siguen saliendo en un sentido y otro y el sector confiaba en que el conflicto llegara al Supremo para que fijara una doctrina o en poder llegar a un acuerdo con Trabajo para crear una nueva figura de autónomo dependiente digital que disipara las dudas.
En este punto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría dar un vuelco al debate judicial abierto en España, ya que la Sala octava del TJUE ha dictado un auto en el que, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Trabajo de Watford (Reino Unido), niega la existencia de una relación laboral y la calificación jurídica de trabajador a los riders. A la vista de esta resolución y del principio de "primacía" que caracteriza al Derecho de la UE, es de esperar que se reabra el debate redefiniendo el concepto de subordinación que ha tachado a los riders de falsos autónomos.
Tras una denuncia presentada contra la firma Yodel Delivery Network, el TJUE dictamina, en concreto, que no estamos ante un trabajador, ya que puede subcontratar los pedidos, rechazar encargos o trabajar cuando quiera. Para el TSJ de Madrid y de Asturias estas características no son suficientes, ya que consideran que la app es la herramienta de trabajo fundamental, puesto que sin ella no tendrían clientes.
Nueva figura
La velocidad que el Ministerio ha imprimido a la reforma, con el aplauso de RidersXDerechos, ha desatado todas las alarmas entre tres asociaciones de repartidores que no quieren ser asalariados y piden que no se modifique nada sin "diálogo social" y sin contar con la opinión de otros actores. Así, la Asociación Autónoma de Riders (AAR), la Asociación Profesional de Riders Autónomos (Apra) y la Asociación Española de Riders Mensajeros (Asoriders), formada por algo más de 1.400 repartidores a corriente de pago, han enviado una carta en la que defienden "la necesidad de mantener su condición de autónomos para tener independencia y flexibilidad" aunque sí que piden cambios, como tener vacaciones pagadas o fijar sus tarifas. "Deberíamos poder asignar el precio de nuestro trabajo. Decidir cuánto vamos a ganar con los pedidos. Ahora es la plataforma la que fija las tarifas y nosotros solo podemos rechazar", apunta Héctor Merino, presidente de Asoriders.
"Deberíamos poder asignar el precio de nuestro trabajo. Decidir cuánto vamos a ganar con los pedidos. Ahora es la plataforma la que fija las tarifas y nosotros solo podemos rechazar"
En la misiva alertan de que un cambio en su estatus pondría en riesgo su actividad, ya que algunas plataformas optarían por abandonar España y otras reducirían mucho el número de repartidores a los que asignan encargos.
Merino explica a este diario que Trabajo ha decidido reformar la ley sin contar con ellos, por lo que reclaman el derecho a "estar representados en el debate sobre su futuro". "Aunque seamos protagonistas, no se ha dado voz a nuestros argumentos e intereses. En realidad, somos un grupo satisfecho con muchas de las condiciones de nuestro trabajo", abundan en la carta abierta.
Pese a que quieren mantener el estatus de autónomo, reconocen que la ley no está de su parte, ya que no contempla las peculiaridades que requiere su trabajo, por lo que piden "un nuevo marco regulatorio" que les "proteja sin exponerles". "Necesitamos una legislación muy clara. La ley laboral actual no contempla esta nueva modalidad de trabajo tecnológico. Necesitamos una nueva figura que nos proteja y nos permita ser autónomos. Un modelo que nos reconozca como autónomos digitales", señala Merino.
