Controlar los medios de comunicación y la libertad de información y expresión, uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de 1978. Esa es la hoja de ruta que está siguiendo el Gobierno del PSOE y Podemos con sus últimos movimientos.
Tras el fracaso en el intento de nacionalizar los medios por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el decreto del estado de alarma se han ido imponiendo la utilización de censores afines en las redes sociales, el control de las preguntas en las ruedas de prensa y la suspensión del Portal de la Transparencia.
Una fuente de información
El último paso ha sido el Barómetro del CIS, con una pregunta en la que parece prepararse ya el terreno. "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?", ha consultado el organismo que dirige y controla José Félix Tezanos.
Lo llamativo es que, según la encuesta, los españoles están dispuestos a renunciar a sus derechos y casi siete de cada diez aprueban por establecer "solo una fuente oficial de información", imponiendo la censura no solo en las redes sociales sino también en los medios de comunicación.
Una pregunta polémica
La disyuntiva ha provocado una gran polémica, obligando a las organizaciones profesionales a plantar cara al Ejecutivo sociocomunista del PSOE y Unidas Podemos. Una de las primeras en reaccionar ha sido así la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, que respondió con un comunicado contundente: "La pregunta puede ser interpretada como un globo sonda, que consideramos intolerable, sobre una posible restricción del derecho a la información, consagrado en la Constitución Española, y de imponer la censura. Además, la experiencia indica que el control gubernamental de la información genera muchos más rumores y bulos que la información libre y plural".
La pregunta del CIS no es, sin embargo, nada más que un paso más en una larga estrategia impulsada desde el primer momento por el vicepresidente Pablo Iglesias, que ha defendido siempre la necesidad de controlar los medios de comunicación tanto públicos como privados, antes incluso de que empezara la crisis causada por el coronavirus y se decretara el estado de alarma.
"Los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público", aseguraba ya en 2014 en el libro Conversación con Pablo Iglesias, del periodista Jacobo Rivero. "Si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho", aseguraba el actual vicepresidente, que insistía en que "no puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté solo en manos de multimillonarios".
Nacionalización
El problema es que una vez en el Gobierno, Iglesias ha pretendido llevar a la práctica su plan y, aprovechando el decreto por el que se aprobaba el estado de alarma intentó hasta el último momento un férreo control de la información mediante la nacionalización de los medios, algo que no logró sacar adelante, tal y como pretendía, ante la oposición de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Pero el Gobierno fue avanzando a partir de ahí, poco a poco. Y fue precisamente un periodista con una dilatada experiencia en los medios, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el que dio un primer paso, imponiendo el control en las ruedas de prensa con las intervenciones diarias de los distintos miembros del Gobierno. La Secretaría elaboró un sistema de preguntas en diferido que permitía conocer de antemano y filtrar las cuestiones que los periodistas querían plantear a los dirigentes y evitaban cualquier tipo de repregunta, por lo que el ministro o directivo de turno podía evitar contestar a la pregunta paseando la respuesta por lugares comunes.
Tras varias semanas de restricciones, los profesionales de los medios de comunicación se pusieron en pie de guerra y tuvieron que negarse a seguir participando en las ruedas de prensa para que se permitiera realizar las preguntas en directo por videoconferencia. Algo que sigue ocurriendo, por ejemplo, con Fernando Simon, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Fiel a su estrategia, el Gobierno dio un segundo paso el 18 de marzo, cuando reformuló el texto normativo de la declaración del estado de alarma y neutralizó el uso del Portal de Transparencia.
En medio de esta aspiración de controlar la información, se sitúa Newtral, una suerte de verificador de la veracidad de las noticias, no controlado por organismo alguno, y que es a la vez juez y parte, al ser un medio con atribuciones para calificar de bulo o no las noticias difundidas por los periodistas y comunicadores en medios y redes.
Rebaja del IVA
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el Gobierno estudia, por otro lado, la rebaja "inmediata" del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de libros y periódicos digitales. Montero ha recordado que esta rebaja ya estaba prevista en el acuerdo de Gobierno y ahora piensa "muy seriamente que podamos, en muy breve plazo de tiempo, traer esta iniciativa legislativa". "Nos preocupan las empresas", ha señalado la ministra, incluidos los medios de comunicación, "que han visto mermados sus ingresos de forma importante" por los efectos de la epidemia de coronavirus.
El fallido proyecto presupuestario de 2019 ya preveía la bajada del IVA para libros, periódicos y revistas en formato electrónico del 21% al 4%. "El Entertainment and Media Outlook 2019-2023 España de PWC estimaba la venta de periódicos digitales para 2020 en 31 millones de euros. Cabría esperar que esta reducción pudiera aplicarse a este u otros indicadores, como las suscripciones digitales", asegura la Asociación de Medios de Información.
