Bruselas va a retrasar la mayoría de las medidas del Pacto Verde Europeo, que aspira a canalizar un billón de euros hasta 2030 para actividades ecológicas, a pesar de que tanto ella como los Gobiernos anuncian que el crecimiento verde será clave para la recuperación económica tras la crisis del Covid-19.
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, está al mando del plan del Ejecutivo para acabar con al confinamiento y relanzar la economía, lógicamente con un fuerte componente verde. El lunes pasado, su Cartera anunció que ella y otros 12 ministros comunitarios habían remitido una carta a la Comisión Europea para que "analice qué elementos de los que integran el Pacto Verde Europeo pueden ir adelantándose".
Sin embargo, la Comisión no parece que vaya a hacerles mucho caso: el portal especializado en noticias europeas EurActiv ha tenido acceso a la revisión que el Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen piensa hacer del calendario de aplicación del Pacto Verde -European Green Deal en inglés- y sucede todo lo contrario: se retrasan la gran mayoría de documentos legislativos, estrategias y comunicaciones previstas para este 2020.
Se espera que el nuevo Programa de trabajo de la Comisión, adaptado a las necesidades urgentes de la crisis provocada por el Covid-19, se publique el próximo 29 de abril, y, según su borrador, del Pacto Verde sólo se mantendrán la Renovada estrategia financiera sostenible -se lanzó una consulta pública el día 8 de este mes de abril- y la denominada Ola de renovación -para rehabilitar edificios-, ambas previstas para el tercer trimestre.
También se incluye el Plan sobre los Objetivos Climáticos para 2030 (tercer trimestre), pero es muy probable que termine retrasándose porque quería presentarse en noviembre, en la Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26), a su vez postpuesta para 2021.
Retrasos para aviación y transporte marítimo
Los técnicos de Bruselas ya han decidido que se retrasan a 2021 la nueva legislación sobre el Empoderamiento de los consumidores en la transición verde -ligado al Paquete de Economía Circular-, las normativas para que la aviación y el transporte marítimo usen combustibles sostenibles, y las estrategias de adaptación al cambio climático y del sector forestal.
Además, está en discusión el retraso de todo el resto de medidas, nueve en total, tanto de legislación, como la revisión de la Directiva de información no financiera -obliga a ser más transparentes a las grandes empresas- y el Octavo Programa de Acción Ambiental, como de otro tipo, tal que el Pacto Climático Europeo, el fomento de la energía eólica marina, y las estrategias para la biodiversidad, para el agro -denominada de la Granja al Tenedor-, para la sostenibilidad de la industria química o para la movilidad sostenible e inteligente.
En todo caso, habrá que esperar para ver cómo queda finalmente el calendario, porque la presión para que se mantenga el Pacto Verde es enorme: esta misma semana, 180 políticos y líderes empresariales, sindicales, de ONG y think Tanks -entre los que se cuentan los primeros espada de Iberdrola, Enel, EDP, Suez, Coca Cola, Lego, Nestlé…- lanzaron un manifiesto para defender la inversión verde en el viejo continente.
