El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha decidido este viernes posponer un año la aplicación de Basilea III, un conjunto de medidas para reforzar el capital de las entidades, con el objetivo de que los bancos no tengan que destinar sus recursos a fortalecer su solvencia y se vean más holgados para garantizar la financiación a familias y hogares por el impacto del coronavirus. Así, las primeras medidas, que debían entrar en vigor el 1 de enero de 2022, se retrasan a la misma fecha de 2023.
François Villeroy de Galjau, presidente del grupo de Gobernadores de Bancos Centrales y Jefes de Supervisión (GHOS) y gobernador del Banco de Francia, explicó en un comunicado que es importante que los bancos y los supervisores puedan comprometer todos sus recursos para responder al impacto de COVID-19, esto incluye proporcionar servicios críticos a la economía real y asegurar que el sistema bancario se mantenga financiera y operacionalmente resistente. "Las medidas aprobadas hoy por el GHOS tienen por objeto dar prioridad a estos objetivos y seguimos estando dispuestos a actuar en caso necesario", dijo.
Por su parte, Pablo Hernández de Cos, presidente del Comité de Basilea y gobernador del Banco de España, explicó que la medida tomada liberará la capacidad operativa de los bancos y los supervisores en su respuesta al impacto económico del coronavirus. "El Comité seguirá vigilando de cerca el impacto del COVID-19 en los bancos y los supervisores y responderá, según sea necesario, en coordinación con el Consejo de Estabilidad Financiera y otros órganos normativos sobre cuestiones intersectoriales", aseveró.
La fecha de aplicación de las normas de Basilea III finalizadas en diciembre de 2017 se ha aplazado un año hasta el 1 de enero de 2023. Las disposiciones transitorias conexas también se han prorrogado un año, hasta el 1 de enero de 2028. La fecha de aplicación del marco revisado de riesgos de mercado finalizado en enero de 2019 se ha aplazado otro año, hasta el 1 de enero de 2023. La fecha de aplicación de los requisitos de divulgación del tercer pilar revisado, finalizada en diciembre de 2018, se ha aplazado un año hasta el 1 de enero de 2023.
Desde el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España ya han advertido en varias ocasiones que serán flexibles con las exigencias regulatorias de la banca, ante el impacto del coronavirus. Así, el supervisor europeo y nacional no requerirán, por ejemplo, el nivel de provisiones que por regulación pide a las entidades para cubrir los impagos, en el caso de que los morosos sean clientes afectados por ellos efectos del coronavirus.
