Empresas y finanzas

Las empresas del 'cártel del AVE' ganan el mayor contrato de Adif

  • Comsa-Sacyr-Telice e Inabensa-Elecnor se postulan con ofertas por 188 millones
Foto: Archivo

Un consorcio integrado por Comsa, Sacyr Neopul y Telice y otro por Inabensa (Abengoa) y Elecnor han obtenido las mejores puntuaciones para hacerse con el mayor contrato que tiene en marcha Adif, la asistencia al mantenimiento y obras auxiliares de las distintas instalaciones de electrificación de la red convencional durante tres años. El primero se ha impuesto provisionalmente en cuatro de los seis lotes en que se divide la licitación, cuya valoración total asciende a 301,4 millones de euros, y el segundo, en dos. La adjudicación definitiva, en todo caso, está pendiente de la disponibilidad definitiva de los recursos técnicos y humanos de las empresas ganadoras y de la decisión final del consejo de administración del gestor ferroviario.

Debido a las exigencias sobre la disposición de dresinas homologadas (las máquinas para instalar la catenaria) que contiene el pliego del contrato, en el sector abren la puerta a que los consorcios que han presentado la mejor propuesta no asuman finalmente alguno de los lotes (especialmente en el caso de Comsa, Sacyr y Telice) y se queden únicamente con los trabajos para los que tienen capacidad.

Una posibilidad que se enmarca además en las mayores penalizaciones impuestas por Adif en caso de incumplimiento del contrato. De este modo, otros consorcios podrían hacerse con alguno de los lotes. El gestor ferroviario decidirá la asignación de los seis proyectos en las próximas semanas.

La entidad dependiente del Ministerio de Transportes ha recibido propuestas de cuatro UTEs (unión temporal de empresas), aunque no todas han ofertado por los seis lotes. Todas ellas están participadas mayoritariamente por compañías que fueron multadas el año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por acometer presuntamente prácticas anticompetitivas en las actividades de electrificación y mantenimiento de la red ferroviaria.

En concreto, ACS, la más golpeada por la CNMC, ha concurrido a través de Semi, Cobra, Cymi, Electren y Enyse (únicamente esta última no fue sancionada); Comsa (40%) ha unido fuerzas con Sacyr Neopul (40%) y Telice (20%); Inabensa (Abengoa) con Elecnor, al 50%; y Citraac (25%), con EYM, filial de OHL (25%), Coalvi, subsidiaria de Aldesa (25%), y Lantania (25%). Estas dos últimas no fueron multadas por Competencia (Lantania adquirió parte del negocio de Isolux, constructora quebrada que sí está incluida en el expediente del organismo que preside José María Marín Quemada).

El importe total de las ofertas con la mejor nota asciende a 188,6 millones, con una baja media próxima al 14%

El importe total de las ofertas con la mejor nota asciende a 188,6 millones, con una baja media próxima al 14% con respecto los 218,8 millones del presupuesto base. Inabensa y Elecnor se han impuesto en el lote centro y noreste, por un total de 75,5 millones, respectivamente. Comsa, Sacyr Neopul y Telice, por su parte, han hecho lo propio con los lotes del noroeste, sur, este y norte, con propuestas económicas que suman en total 113 millones.

Los adjudicatarios definitivos aún tendrán que esperar unas semanas, pero, en cualquier caso, los seis lotes se repartirán entre consorcios participados por empresas que integran el denominado cártel del AVE, compuesto por las firmas que han dominado el mercado en los últimos años.

El contrato había atraído el interés de algunas empresas que no habían operado en el segmento de la electrificación ferroviaria hasta ahora. Sin embargo, finalmente descartaron participar ante la dificultad para cumplir los requisitos de posesión de dresinas homologadas del pliego.

Sanción de 118 millones

La CNMC sancionó en 2019 con 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios cárteles para el reparto de concursos públicos. La decisión está recurrida por las empresas en los tribunales y no hay sentencia firme. Competencia llegó a proponer a Hacienda la prohibición de contratar a las presuntas infractoras. No obstante, el Ministerio fiscal tendrá que esperar a los jueces para poder adoptar esta medida.

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