Las empresas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó el año pasado por acometer prácticas anticompetitivas en las actividades de electrificación y mantenimiento de la red ferroviaria se repartirán el mayor contrato que tiene en marcha Adif, por un importe de más de 301 millones de euros. Las elevadas exigencias contenidas en el pliego de contratación, especialmente las relativas a la posesión de dresinas homologadas (las máquinas para instalar catenaria), impiden, según denuncian fuentes del mercado, que apenas haya cabida para que concurran compañías distintas a las sancionadas en 2019, que se erigen en las dominadoras históricas de este segmento y entre las que figuran varias filiales de ACS, Elecnor, Siemens, Inabensa (Abengoa), Alstom, Isolux, Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, EYM (OHL) y Citracc.
El contrato, cuyas ofertas se presentan este viernes, es para la asistencia al mantenimiento y obras auxiliares de las distintas instalaciones de electrificación de la red convencional durante tres años. Consta de seis lotes y un valor conjunto de 301,4 millones de euros. Sustituye al adjudicado en 2017 que se configuró en siete lotes por 21,4 millones. El cambio en el número de lotes se debe a la integración de la RAM (red de ancho métrico) en las subdirecciones de red convencional y a que el alcance del proyecto se ha ampliado para dar un mayor sorporte, al tiempo que se han incluido parte de inversiones y de gestión de materiales, según explican desde Adif.
El contrato cumple en todos sus términos con la ley de contratos del sector público y los requisitos referentes a la solvencia técnica y económica no representan una barrera de entrada para nuevos competidores. Las mayores restricciones surgen en el detalle los medios materiales, que han sido objeto de diversas aclaraciones de Adif a petición de algunas empresas interesadas.
Según figura en el pliego técnico, los licitadores deben poseer dresinas homologadas para todos los lotes (32 en total). Supone un cambio con respecto al contrato de 2017, en el que solo se requerían en tres de los siete lotes. Este aumento deriva del mayor alcance en el servicio demandado.
De acuerdo con las estimaciones del sector, la homologación de estas dresinas conlleva una duración, en el mejor de los casos, de seis meses. En este contrato, frente a lo que ocurre en otros, deberán, además, estar disponibles a la fecha de adjudicación (firma del acta), lo que, a juicio de las fuentes empresariales consultadas, ya supone un obstáculo decisivo dados los plazos de la licitación. Adif no admitirá que se haya iniciado la homologación en el momento de la adjudicación ni acreditar un certificado de compra. Existe la opción de alquilarlas, pero las dresinas homologadas son propiedad de las firmas del denominado cártel del AVE o de Adif, cuya disponibilidad es mínima.
Las compañías que han participado históricamente en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas son las que tienen mayor capacidad para cumplir con las exigencias de Adif en este contrato. Y se corresponden, en su mayoría, con las firmas sancionadas por la CNMC.
Prohibición de contratar
Quedan con opciones limitadas otros grupos, como FCC y Azvi, que habían vislumbrado una oportunidad de negocio ante la multa de la CNMC. Esta, en todo caso, está recurrida por las empresas en los tribunales y, por tanto, no hay sentencia firme. Competencia llegó a proponer a Hacienda la prohibición de contratar a las infractoras. No obstante, el Ministerio fiscal tendrá que esperar para adoptar cualquier medida en esta línea a la resolución de los jueces.
El gestor ferroviario, por ahora, ha incluido una cláusula de integridad durante la ejecución del contrato. El incumplimiento para las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en esta cláusula puede derivar en causa de exclusión en la participación del procedimiento de licitación correspondiente, así como, caso de que concurran los supuestos contemplados en la legislación vigente, en causa de prohibición de contratar.
Adif sostiene que las exigencias del pliego persiguen que las empresas dispongan de una solvencia técnica y profesional óptima para los trabajos encomendados. Quiere evitar que se produzcan situaciones en las que la falta de determinada maquinaria por parte de las empresas contratistas pueda provocar retrasos en la ejecución de los trabajos.
El pasado verano Adif aplicó unilateralmente una rebaja del 10% a los contratos con las empresas del cártel del AVE que aún estaban en vigor como respuesta al sobreprecio que provocó el pacto entre las firmas, según avanzó El País. Para ello, inició la retención del 10% consignando las cantidades ante notario. El gestor ferroviario ya lo ha efectuado en varias facturas y el último depósito notarial está fechado en diciembre pasado.
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