El juez de la Audiencia Nacional negó que BBVA fuera perjudicado por las investigación que las firmas del excomisario José Manuel Villarejo realizó para presuntos asuntos personales del expresidente de la entidad Francisco González (FG). El expolicía buscó fincas en varias zonas de España para que FG las adquiriera. Además, las empresas del exinspector también pagaron muebles al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Bajo estas dos actividades, la entidad quiso personarse en la causa como perjudicada, sin embargo el Ministerio Público propuso al juez Manuel García Castellón esta petición y aconsejó al grupo financiero que, si lo deseaba, podía "instar las acciones que estime conveniente en la reclamación de los derechos" si considera que la actuación de sus directivos "no se produjo en beneficio de la sociedad, sino únicamente en su perjuicio". Animando así a tomar acciones legales contra FG.
La entidad acusa a González, tras haber hallado documentación tras un rastreo interno, de haber utilizado a Villarejo para sus gestiones particulares, entre ella la localización, valoración y adquisición de fincas. Según la entidad "se han obtenido evidencias del interés del Sr. González por fincas sitas en Toledo, Islas Baleares, Marbella y Madrid". A este respecto, añade en la información enviada a la Audiencia Nacional, de haber encontrado documentación que señala que su expresidente finalmente adquirió un inmueble situado en Marbella. No obstante, de momento, la entidad no ha tomado medidas contra FG ni Corrochano.
En este sentido, BBVA indica que ha podido localizar correos electrónicos entre su exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, y el socio de Villarejo, Rafael Redondo, en los que tratan las averiguaciones por parte de la empresa del expolicía, Cenyt, acerca de la finca adquirida.
Asimismo, según los hallazgos de BBVA, la compañía del excomisario emitió un informe en septiembre de 2016 relativo al uso privado del avión propiedad de la entidad por parte de altos directivos, indiciariamente Francisco González. El banco señala que ha constatado que de este uso tuvieron conocimiento, al menos, Corrochano y otro miembro del equipo de Seguridad, Fernando Raya, que trataron la cuestión de este importe también con Redondo.
El magistrado ya señaló en su auto de imputación a FG este otoño que los directivos de la cúpula contrataron al expolicía para su beneficio personal.
Según la Fiscalía, "el presunto perjuicio invocado por el delito de corrupción en los negocios por la obtención de dádivas, o por las gestiones pagadas por BBVA para fines particulares del expresidente (Francisco González) no guardarían relación de conexión inescindible con la investigación de los otros delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos que son objeto de la presente pieza", indican en uno de los documentos que forman parte del sumario del caso.
