El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández Cos, ha alertado esta mañana de los riesgos que suponen para las entidades los fallos de gobernanza, coincidiendo con los nuevos datos que ha arrojado el sumario de la trama de espionaje protagonizada por BBVA y el excomisario José Manuel Villarejo conocidos estas dos últimas semanas tras levantarse el secreto de sumario. Además, cabe destacar que el banco está imputado por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.
"En un momento en el que se ha reforzado la regulación y la supervisión y en que el sector bancario se enfrenta a fuertes presiones competitivas por parte de nuevos actores, cualquier fallo adicional en la gobernanza puede dar lugar a una sanción económica y a daños en la reputación que podrían poner en peligro la solvencia de los bancos afectados", destacó este jueves durante su intervención en la XI Conferencia Anual de los Mercados de Capitales organizada por la Asociación para los Mercados Financieros de Europa (AFME).
De Cos aseguró que es fundamental que los participantes en el mercado financiero "sigan mejorando su gobernanza y restablezcan la confianza de sus clientes lo antes posible". A su juicio, estos esfuerzos deben llevarse a cabo aunque puedan imponer una carga adicional a corto plazo tanto en términos económicos como administrativos.
Precisamente ayer, BBVA aseguró en su informe de Gobierno Corporativo que remitió a la CNMV que los órganos de administración del banco han adoptado distintas medidas de refuerzo de los sistemas de control interno de la entidad entre los que destacó el establecimiento de una dependencia jerárquica directa de los responsables de control interno y auditoría interna del consejo de administración, la aprobación de nuevas políticas y la mejora de procesos de subcontratación y compras, y el refuerzo del modelo de prevención del delito.
Las declaraciones ante el juez de los distintos imputados en la causa, como la del exjefe de Riesgos, Antonio Béjar, o el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, evidenciaron fallos en los controles internos del banco. Corrochano aseguró que los servicios de contabilidad no verificaban si los proveedores (en este caso Cenyt) habían realizado el servicio y les bastaba con la confirmación del entonces jefe de Recursos Humanos y Medios, Ángel Cano.
Asimismo, Béjar, aseguró que se saltaron controles en la contratación como los procesos de homologación y filtrado de los proveedores. "Si no se hizo así es porque tenían autorización del presidente (entonces Francisco González) para hacerlo sin control", señaló en su declaración. También aseguró que falló el servicio jurídico del banco y auditoría interna. "Si auditoría interna, en 13 o 14 años nunca verificó que se ha hecho bien, si no existe un informe de auditoría interna de una firma que trabajó para el banco durante 13 o 14 años, es porque alguien le ha dicho que no haga ningún informe", señaló en el testimonio al que ha tenido acceso este diario.
Defensa a la actual cúpula
No obstante, BBVA señaló en ese mismo informe que los resultados de su investigación interna no han arrojado evidencias que impliquen ni al actual presidente de la entidad, Carlos Torres, ni a ninguno de los actuales miembros del consejo de administración. Asimismo, también destacó que no encontraron indicios que apunten a una responsabilidad penal del banco como entidad jurídica.
El banco admitió en el informe que hay "determinados directivos y empleados del grupo" actuales que están imputados, así como miembros de una esta anterior. Entre los directivos que aún trabajan en la entidad investigados están Inés Díaz Ochagavia, actual jefa de Seguridad; Nazarío Campo Campuzano, jefe de equipo de Seguridad Corporativa de BBVA; Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial del banco en España; Juan Asúa, asesor de presidencia de la entidad y Eduardo Ortega, directivo de servicios jurídicos.
