Empresas y finanzas

El Gobierno penaliza la venta de empresas de servicios con los cambios laborales

  • Los fondos bajan su interés ante la subida del SMI y la derogación parcial de la ley
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Foto: Efe

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y los cambios en la normativa laboral planteados por el nuevo Gobierno han recibido en los últimos días las críticas del mundo empresarial, que desde diferentes segmentos ha advertido de las consecuencias para el empleo. Los riesgos de estas medidas se extienden a las operaciones corporativas, sobre todo a aquellas que tienen como protagonistas a empresas intensivas en capital humano en las que abundan sueldos limitados.

Es el caso de las transacciones que tienen en marcha algunos grupos de infraestructuras españoles para desinvertir en sus áreas de servicios, con actividades muy diversas como la recogida y tratamiento de basuras, la limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, la conservación de carreteras y 'facility management', entre otras. Ferrovial protagoniza el proceso más avanzado, pero otras firmas llevan tiempo estudiando alternativas, como FCC, con su filial de Medio Ambiente, o Acciona, y casi ninguna, en el sector de la construcción, descarta movimientos.

Antes incluso de que el alza del SMI haya sido consensuado entre el Gobierno, los sindicatos y también la CEOE, de manera que se situará en 950 euros al mes –el Gobierno de Pedro Sánchez había anunciado su intención de situarlo ya en 1.000 euros–, la sola amenaza de la subida ya tuvo consecuencias en las negociaciones de algunas operaciones. Así ocurrió hace apenas unas semanas con la venta de Ferrovial Servicios.

A principios de diciembre, Apax Partners decidió sorpresivamente retirarse de la compra del negocio de la empresa en España –la operación también incluía las actividades en Estados Unidos, Canadá, Chile, Portugal y Qatar-, como adelantó elEconomista. Detrás de la salida del fondo británco existen motivos diversos que no han trascendido. De acuerdo con fuentes conocedoras de las negociaciones, las crecientes incertidumbres en torno al mercado laboral español y al modelo de gestión de los servicios públicos han tenido un peso significativo en la decisión. Al fin y al cabo, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica son dos condiciones prioritarias para los fondos a la hora de invertir.

La subida del SMI de este año finalmente será del 5,55%, frente al 11,1% anunciado. Un incremento que se suma al que ya decretó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado año, cuando alcanzó el 22,3%, pasando de 736 euros mensuales a los 900 euros aún hoy vigentes. Por tanto, en apenas dos años, el aumento asciende al 29,1%. Y su pretensión es subirlo a 1.200 euros al final de la legislatura.

Los convenios de las grandes multinacionales suelen estar por encima del SMI, pero la subida de éste puede provocar un efecto alcista en la masa salarial global

En las empresas de servicios existe un alto porcentaje de operarios, ubicados habitualmente en franjas salariales bajas. Los convenios de las grandes multinacionales suelen estar por encima del SMI, pero la subida de éste, según advierten los asesores legales consultados, puede provocar un efecto alcista en la masa salarial global de empresas que cuentan con miles de empleados –Ferrovial Servicios, por ejemplo tiene más de 38.000 trabajadores sólo en España– y en otros costes ligados a proveedores.

Más allá de la subida del SMI, la previsible derogación de algunos puntos de la última reforma laboral, con el previsible encarecimiento del despido, también han hecho saltar las alarmas de las empresas y, en consecuencia, de los potenciales inversores. Tampoco ayuda a generar confianza la apuesta de Unidas Podemos -y de algunos sectores del PSOE- por la remunicipalización de determinados servicios que hoy están bajo gestión privada –muy especialmente el abastecimiento del agua–.

El valor de los activos

Son decisiones que los fondos observan con preocupación y que, en definitiva, dificultan el éxito de compraventas como las de los negocios de servicios, según reconocen distintos asesores legales que en este tipo de operaciones corporativas. No significa, en todo caso, que el interés de los inversores desaparezca por completo, pero sí afecta al valor de los activos.

Siguiendo con la operación de Ferrovial, el grupo que preside Rafael del Pino ha tenido que replantear la operación de venta de su división de servicios. Por ahora ha traspasado el negocio de Australia y Nueva Zelanda (Broadspectrum) a Ventia (controlada por Apollo, con el 53%, y Cimic, con el 47%). Ahora ha abierto la puerta a trocear aún más la desinversión de las filiales de España y del resto de mercados internacionales (la británica Amey que ya discurría por un proceso paralelo) tanto por geografías como por negocios o, incluso, proyectos.

La hoja de ruta de Ferrovial de abandonar el negocio de servicios sigue intacta, si bien se retrasará hasta finales de 2020 o 2021. Las dificultades con que se ha topado la compañía dirigida por Ignacio Madridejos ha puesto sobre aviso a otros grupos de infraestructuras como FCC y Acciona que se plantean desinvertir en sus actividades de servicios.

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