Las autopistas de peaje que el Estado rescató entre febrero de 2018 y febrero de 2019 registraron en su primer año completo bajo gestión pública un descenso de los ingresos del 19% con respecto a 2018, hasta superar los 90 millones de euros, según datos oficiales del Gobierno a los que ha tenido acceso elEconomista. Un descenso que se fundamenta en la rebaja del 30% de media que el Gobierno aplicó a las tarifas desde el 15 de enero del pasado ejercicio. Esta medida ha permitido impulsar el tráfico, con un aumento medio del 12,7% para estas carreteras. Sin embargo, los objetivos del Ministerio de Fomento –ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– eran mucho más ambiciosos, toda vez que preveían un incremento de la cifra de negocio del 58,9% en el año recién concluido, hasta los 122,8 millones de euros.
El Ministerio diseñó una estrategia para fomentar el uso de las nueve autopistas que pasaron a ser operadas por Seitt, sociedad dependiente del departamento que lidera José Luis Ábalos. Se trata de las radiales R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid Arganda del Rey, R-4 Madrid-Ocaña y R-5 Madrid Navalcarnero, la M-12 Eje Aeropuerto, la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-7 Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante y la AP-41 Madrid-Toledo. Además de la bajada media del 30%, aprobó rebajas específicas a los conductores frecuentes que empleen sistemas de pago electrónico (TAG) y la gratuidad de las vías por la noche (entre las 00.00 y las 06.00 horas).
"Con estas medidas, se pretende incentivar el uso de las autopistas que gestiona Seitt, lo que contribuirá a la mejora de las condiciones de circulación y de seguridad vial, así como a la rentabilidad de las mismas", subrayó el Ministerio en un comunicado a finales de 2018.
Este plan efectivamente ha permitido que las nueve autopistas que Seitt asumió entre febrero de 2018 y febrero de 2019 hayan mejorado significativamente sus tráficos. No en vano, el número de vehículos diarios se ha incrementado en un 12,7% en los últimos 12 meses, según los datos facilitados por el Ministerio. Este porcentaje supera ampliamente el aumento general del tráfico de las autopistas de peaje estatales (+0,8% entre enero y noviembre). Más aún, el alza supone retomar la senda de crecimiento en términos de tráfico, después de que en 2018 acumularan una caída del 1,2%. Aquel retroceso contrastó con las subidas de 2017 (+8,5%), 2016 (7,4%) y 2015 (7,2%).
Todas las autopistas acumularon datos positivos (entre enero y noviembre). El mayor ascenso corresponde a la AP-41 Madrid-Toledo, la última de las vías que revirtió al Estado. Su tráfico subió un 24,89%, si bien sigue siendo la que menos usuarios registra al día (1.497 vehículos de media). La R-5 Madrid-Navalcarnero, con un alza del 23,17%, y la R-2 Madrid-Guadalajara, del 19,02%, completan el podio. Les siguen la AP-7 Cartagena-Vera (+15,42%), la AP-36 Ocaña-La Roda (+13,97%), la R-4 Madrid-Ocaña (+13,37%), R-3 Madrid-Arganda del Rey (+13,08%), la Circunvalación de Alicante (+7,52%) y la M-12 Eje Aeropuerto (+3,85%).
La realidad descubre que las medidas no han resultado tan efectivas en términos económicos
Ahora bien, contextualizadas estas cifras de tráfico con la rebaja de precios, la realidad descubre que las medidas no han resultado tan efectivas en términos económicos. Los ingresos netos han caído el 19%, hasta los 90 millones de euros, muy lejos de los 122,8 millones proyectados por el equipo de Ábalos. La diferencia es, por tanto, del 26,7%.
En cuanto a la rentabilidad habrá que esperar a que se cierren las cuentas del ejercicio. En las previsiones, el Ministerio estimaba obtener un saldo negativo de 19 millones en 2019 como consecuencia de las inversiones millonarias que debía acometer. En concreto, el déficit se situaba hace un año, de acuerdo con los cálculos oficiales, en 317,6 millones de euros hasta 2022, tanto para la puesta a punto de las autopistas como para hacer frente a nuevas actuaciones.
Pese a la disparidad que arrojan los datos, desde el Ministerio de Transportes "se realiza una valoración positiva de la medida, pues se avanza en la homogeneización de las condiciones de uso de la red de alta capacidad del Estado en España a la vez que se mejora la seguridad y la calidad del servicio, sin que se produzca un impacto presupuestario negativo que retraiga fondos para otras actuaciones".
Pendientes de la RPA
El Ministerio, de hecho, ha ratificado su estrategia y ha optado por congelar las tarifas de las autopistas rescatadas para 2020. Una decisión que confronta con la subida media que se aplicará al conjunto de las vías de peaje de España, del 0,84% desde el pasado 1 de enero.
Las proyecciones de Transportes de hace un año apuntaban a una evolución positiva tanto de los ingresos como del ebitda para los próximos ejercicios. Así, estimaba alcanzar los 126,4 millones de facturación al cierre de 2020, 129 millones en 2021 y 131,6 millones en 2022. Asimismo, el ebitda continuaría con saldos negativos de 12,9 millones este año, de 7,4 millones en 2021 y de 3,2 millones en 2022.
Entretanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dilatado en el último año la fijación del importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) ligada a las autopistas. La estimación oficial se sitúa en 2.000 millones de euros, con un coste ya para este año de alrededor de 120 millones. Sin embargo, los acreedores calculan que la cifra se aproxima a los 5.000 millones, lo que anticipa un largo proceso judicial.
