España dará la bienvenida al año 2020 con 468 kilómetros más de autopistas gratuitas. Fomento, que ha confirmado un alza generalizada de los peajes del 0,86%, no ha renovado con Abertis la concesión de la AP-4 y la AP-7 en el tramo Tarragona-Alicante, por lo que a partir del miércoles pasarán a ser gestionadas por el propio Ministerio, que dejará de cobrar por su uso.
La política del Gobierno de Pedro Sánchez de levantar los peajes no solo consolida España como el país de la Unión Europea (UE) que menos cobra por utilizar las vías de alta capacidad, sino que la aleja más cada vez más de sus vecinos, al ser la única que reduce la red de pago.
Y es que, según los datos recogidos por Fomento y la patronal Seopan, el 15,9% de la red de gran capacidad de España tiene peajes, frente al 79% de Francia, el 86% de Italia o el 100% de Alemania, Portugal y el resto de países comunitarios. Así, el 73% de la red libre europea se localiza en nuestro país, que en poco más de un año habrá liberalizado 551,9 kilómetros.
Nuestra red de carreteras no es solo una rara avis en la UE, sino que va camino de convertir los peajes en una excepción si no cambia la política de explotación y si las cuatro concesiones que vencen en agosto de 2021 siguen los pasos de sus antecesoras y levantan la barrera. En concreto, están en el punto de mira 474,5 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) entre la AP-7 y la AP-2, en el tramo Zaragoza-Mediterráneo, también gestionadas por Abertis. En noviembre de 2026 vence la concesión de la AP-68 Bilbao-Zaragoza, que tiene 294,4 kilómetros.
De los 12.017 kilómetros de vías de alta capacidad que dependen directamente de la Administración General del Estado (AGE) quedarán 1.191 kilómetros con peaje directo al usuario, una vez se eliminen en las próximas horas los de la AP-4 y la AP-7. O lo que es lo mismo, a partir de mañana 1 de enero apenas se pagará por usar el 9,9% de los kilómetros de autopistas, autovías y carreteras multicarril que dependen del Estado. Cifra que bajará al 6% en 2021 si las que vencen también eliminan los peajes.
Si se suman las vías de gran capacidad que dependen de las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales, la red alcanza los 17.228 kilómetros, de los que 3.307 kilómetros estaban bajo régimen de concesión a diciembre de 2017, el 19% del total, y generaron 1.849 millones en ingresos. Si se eliminan los 551,9 kilómetros revertidos, la red alcanza los 2.755 kilómetros, el 15,9%. Porcentaje que bajaría hasta el 13,2% si se revierten las que vencen en 2021. De ellos, 548 kilómetros dependen de la Generalitat de Cataluña, la Junta de Galicia, el gobierno Balear, la diputación foral de Navarra y de las vascas. En concreto, Cataluña tiene 212,3 kilómetros de longitud de itinerarios de autopistas de peaje.
Así, mientras Europa dispone de 61.782 kilómetros de vías de gran capacidad tarificadas, en España apenas había 3.307 kilómetros (el 5,3% del total) antes de que Fomento empezara el año pasado a poner freno a la renovación de las concesiones, que en algunos casos llevan casi 50 años manteniendo y explotando las infraestructuras.
Levantar los peajes de toda la red tendrá un coste de 1.000 millones al año, dice Seopan
La estrategia de liberar los peajes al terminar las concesiones y revertir el pago de la red pública no está sentando nada bien en el sector privado, que ven una amenaza a la conservación de las infraestructuras y un aumento de la presión fiscal, ya que las autopistas pasarán de estar financiadas exclusivamente por los usuarios a depender de los impuestos de toda la población. Así, según la patronal Seopan, el proceso de liberalización tendría un coste de 450 millones de euros anuales para el Estado, solo teniendo en cuenta las vías que terminan su plazo de concesión entre 2019 y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se incluye toda la red de pago.
En este punto, desde Seopan señalan que la red europea de peaje ahorra anualmente 5.000 millones de euros de gasto público en conservación y genera una cantidad similar de ingresos por recaudación. "Minimiza el gasto público en mantenimiento de a red viaria, liberando recursos para atender otras prioridades de gasto público y potencia la equidad social al gravar a los usuarios y no a todos los contribuyentes", señala la patronal.
¿Peajes blandos?
Paralelamente a la reversión de las autopistas de pago, desde el Ejecutivo socialista se ha abierto la puerta en más de una ocasión a plantear un nuevo modelo de financiación y conservación de las autopsias. "Lo que se ha hecho es plantear de buena fe un debate sobre financiación y la conservación de carreteras de este país, solamente para las de alta capacidad", aseguró José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, a la vuelta de las vacaciones de verano, después de que se publicara que estaban trabajando en un sistema de peajes blandos para toda la red, tal y como ha planteado la patronal en más de una ocasión.
En concreto, Seopan presentó el pasado mes de agosto una propuesta al Ministerio para implantar estos peajes blandos en toda la red, lo que generaría, según sus cálculos, un superávit de más de 173.212 millones en 40 años. La propuesta de la patronal se aplicaría a la red viaria interurbana, conformada por 14.130 kilómetros (13.119 kilómetros libres).
Cataluña, la que más vías con peaje tiene
Cataluña se corona en España como la Comunidad Autónoma que más kilómetros de vías de alta capacidad tiene con peaje, entre las autopistas que dependen del Estado y las de la Generalitat. En concreto, 633 kilómetros de pago frente a los 161 kilómetros de Madrid, o los 214 kilómetros de Castilla-La Mancha o los cero kilómetros de Extremadura. En el caso catalán, 212,3 dependen del Gobierno de Quim Torra, que no tiene un plan a corto plazo para levantar las barreras. En el País Vasco hay 255 kilómetros de vía de gran capacidad de pago, de los que 162 dependen de las distintas diputaciones.
