El Gobierno ha abierto la puerta a que las autopistas de peaje quebradas sigan en manos públicas al menos hasta el año 2023. La propuesta del Ministerio de Fomento es que Seitt extienda el convenio para gestionar estas carreteras, entre las que se incluyen las radiales de Madrid, durante cuatro años, el plazo máximo legal. Aunque el ministro José Luis Ábalos ha asegurado en reiteradas ocasiones que no cierra la puerta a la privatización de estas vías, todo apunta a que esta cuestión no será abordada en ningún caso en la legislatura presente.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2017 el convenio que habilitó a Seitt para explotar las autopistas quebradas a medida que revirtieran a la Administración durante este año. Ahora bien, impuso un plazo para ello hasta el próximo 31 de diciembre, toda vez que su objetivo era relicitar las concesiones antes de que llegara esa fecha y poder así compensar en parte el coste para las arcas públicas derivado de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Sin embargo, esta posibilidad fue desterrada enseguida por el Gobierno actual, que ha insistido en que ese proceso estaba mucho más verde de lo que había anunciado el exministro de Fomento Íñigo de la Serna y en ningún caso se podría haber implementado en 2018.
El problema para relicitar las autopistas radica en el desarrollo normativo de la Ley de Desindexación de la economía española, que impide licitar concesiones por un periodo superior a los cinco años si no conlleva inversiones asociadas. Esta regulación impedía, por tanto, sacar a concurso las vías con un plazo de 25 años, como pretendía el equipo de De la Serna. Con esa rebaja de la vida de las concesiones, el apetito de los potenciales inversores (concesionarias y fondos) se diluyó. En consecuencia, los posibles ingresos que el Estado podría conseguir quedaban muy lejos de los 700-1.000 millones estimados originalmente por Fomento.
Ante estas perspectivas, Ábalos ha optado por mantener las autopistas bajo la gestión pública a la espera de que se pueda llegar a adoptar alguna solución en el futuro. En el sector insisten en que bastaría con un cambio en la ley, pero desde Fomento estiman que no resulta tan sencillo. Sobre la privatización, en todo caso, "no decimos que no", dijo el ministro en el Ágora de elEconomista el día 11, pero "tendrían que ser unas condiciones que al mercado le interesaran y que a nosotros nos supusieran también unos ingresos que valieran la pena". "Si no lo son nos vamos a quedar como estamos", dijo.
Para dar cobertura de rango legal al cobro de peajes por Seitt, el consejo de ministros aprobó en noviembre cambios en la Ley de Carreteras, dentro de un Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras.
En los últimos meses, el Ministerio ha trabajado en un plan para poder sacar el mayor rendimiento a estas autopistas cuya quiebra se debió a los mayores costes en expropiaciones de los previstos y al incumplimiento de las proyecciones de tráfico. Precisamente, para favorecer la demanda en estas vías y, en consecuencia, su atractivo, Fomento ha anunciado una rebaja media del 30% de las tarifas a partir del 15 de enero y su gratuidad entre las 00:00 y las 06:00 horas. Dos medidas que el sector observa con recelo de cara a una futura privatización.
