La banca está padeciendo las consecuencias de la ralentización económica. Además de estar registrando menores peticiones de préstamos, las pérdidas por impagos de créditos están ascendiendo. En el tercer trimestre del año pasado, estos números rojos se aceleraron hasta el punto de que se duplicaron con respecto al mismo periodo de 2018 y registraron un aumento del 59% sobre los contabilizados entre abril y junio de 2019. En concreto, este agujero por insolvencias avanzaron hasta los 1.240 millones de euros.
El Banco de España ya realizó una advertencia en octubre sobre este alza del deterioro de los activos financieros, que están creciendo por primera vez desde 2012, el peor ejercicio de la crisis y momento en el que España tuvo que afrontar el rescate europeo a buena parte de las antiguas cajas de ahorros.
Aunque la tasa de morosidad no está subiendo en términos generales, las entidades se están anotando mayores pérdidas por impagos ante las expectativas de que éstas se incrementarán en los próximos meses. La nueva regulación establece que las entidades tienen que apuntarse estos deterioros por pérdida esperada y no como materializada.
Crédito al consumo
Hasta la fecha el único segmento que está experimentando un alza de la morosidad, y sustancial, es el crédito al consumo. De hecho, el supervisor ha lanzado varias alertas al sector para que sea más prudente en la concesión a pesar de que sean más rentables en el corto plazo. Unas alertas que no están siendo del todo escuchadas, ya que el volumen de concesión se está elevando y alcanzó en noviembre niveles precisis y los precios se abarataron a mínimos de 2010, aprovechando la celebración del Black Friday.
Las pérdidas no solamente están ascendiendo por los créditos concedidos, sino que están mostrando un mayor importe por los activos inmobiliarios y participaciones que aún controlan. En el tercer trimestre el deterioro supuso un agujero en las cuentas de las entidades de 440 millones, frente a las ganancias que obtuvieron en el mismo periodo del año anterior.
El Banco de España también ha hecho énfasis en este cambio de tendencia al sostener que el contexto macroeconómico podría reducir la valoración de estos activos y reforzar la dificultad para desprenderse. En la actualidad el sector cuenta aún con inmuebles en sus balances por 40.000 millones, que necesitan vender para mejorar la rentabilidad que ofrecen a sus accionistas, que se sitúan casi en la mitad de lo que exigen los mercados.
El incremento de los deterioros está mermando los beneficios de las entidades por su negocio en España, un factor que se suma a la caída de los márgenes por el euribor en negativo y la bajada de la actividad. Hasta el punto que en octubre las ganancias netas del conjunto del sector fueron de solo 5 millones. En el tercer trimestre los resultados se situaron en 3.498 millones, un 13,1% menos en términos interanuales, algo que contribuyó al recorte de los mismos del 17,4% entre enero y septiembre, hasta 8.823 millones.
Las pérdidas por impagos fueron la principal causa que llevó a que buena parte de las antiguas cajas de ahorros tuvieran que recibir ayudas públicas para poder sobrevivir, pero en estos momentos la situación no es tan alarmante ni por los montantes ni por los niveles de concesión de créditos, que están muy por debajo de la época de la burbuja inmobiliaria.
Pago de impuestos a la mitad
En los nueve primeros meses del año la banca ha podido contar con un alivio fiscal gracias a la utilización de activos diferidos, que permitieron rebajar la factura. Las entidades pagaron entre enero y septiembre 833 millones de euros por el Impuesto de Sociedades, menos de la mitad que en el mismo periodo de 2018. Entonces, abonaron por este gravamen a las arcas públicas 1.703 millones, según los datos del Banco de España.
El sector pudo llevar a cabo este recorte en parte gracias a la devolución positiva que tuvo en el segundo trimestre. La Agencia Tributaria abonó al conjunto del sistema 123 millones.
La cantidad pagada supone una tasa efectiva fiscal del 8,5%, es decir muy por debajo de las aspiraciones del nuevo Gobierno. Según el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos la intención del Ejecutivo de coalición es fijar un tipo mínimo efectivo del 15% para las empresas y de un 18% para la banca.
Eso sí, el partido de Pablo Iglesias ha renunciado a imponer en sus condiciones para apoyar la presidencia de Pedro Sánchez la puesta en marcha de un impuesto especial al sector financiero para reembolsar las ayudas públicas del rescate de 60.000 millones en los próximos diez años, lo que representa un alivio para las cuentas de las entidades.
