Francisco González (FG) pensaba que era intocable y que sus acciones no tenían consecuencias. Pero la realidad, por mucho que a él le parezca sorprendente ahora, se impone. Ni era intocable ni tampoco parece que fuera lo que ha pretendido aparentar durante años: un banquero ético y con valores. Su imputación en el caso Villarejo desmonta por completo de lo que ha presumido y no se entiende que aprovechara cualquier ocasión para insistir en algo que no era y que podría desvelarse en el tiempo, como así ha sucedido.
Aún está por demostrarse que FG encargara las escuchas ilegales realizadas por el excomisario Villarejo a empresarios y políticos, pero su marcha anticipada del banco el pasado mes de diciembre, días antes de que se destapara el escándalo, genera una sospecha generalizada de que como mínimo estaba al tanto de tales prácticas. Máxime, cuando estas tenían por objeto derribar o bloquear operaciones de enemigos acérrimos de BBVA y de él mismo, como fueron Sacyr, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero o la asociación Ausbanc.
Que se sepa el banco contrató a las empresas de Villarejo en 2004 con el fin de torpedear el asalto de Sacyr, un movimiento que ponía en peligro su permanencia en la presidencia del que entonces era el mayor grupo financiero del país. La relación contractual del excomisario, hoy en prisión provisional y la entidad, se mantuvo hasta finales de 2017. Por los trabajos realizados, que es lo único que BBVA ha confirmado hasta la fecha, se habrían abonado unos 10 millones de euros. Es decir, es el dinero que el banco destinó a lo que él ha denominado "labores de inteligencia para defenderse".
En su última entrevista pública, en El País Semanal, publicada el 30 de diciembre, FG señalaba categóricamente que "oponernos a las malas prácticas y a la corrupción ha definido mi presidencia y el carácter del consejo de administración y de mis ejecutivos". Sólo diez días después se publicaron las primeras informaciones de que Villarejo había realizado entre 2004 y 2005 para BBVA, durante su mandato, seguimientos y pinchazos telefónicos de manera masiva. En concreto, se había interceptado más de 15.000 comunicaciones a destacados políticos y empresarios, entre ellos, a la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Entonces el banco ya contaba con un código de conducta para que la cúpula y los empleados actuaran bajo determinados valores y que en ningún momento se saltaran la legislación vigente. Un código del que el propio FG alardeaba que había impulsado para una mejor gestión.
En 2011, mientras abonaba facturas a Villarejo, BBVA editó un libro bajo el título 'Valores y Ética para el siglo XXI', que incluía un capítulo firmado por su presidente con el encabezamiento 'Ética en la empresa y en las finanzas: el gran reto poscrisis'. En algo menos de 30 páginas, FG intentaba dar una clase magistral sobre este asunto y planteaba distintos consejos sobre la necesidad de que los directivos de las compañías actúen con principios. Los mismos que parece que nunca siguió.
El lunes se sentará ante el juez de la Audiencia Nacional para dar su versión de lo sucedido, porque hasta ahora lo único que ha hecho ha sido negar cualquier conocimiento de las supuesta trama de espionaje, por la que ya está imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos. El jueves, tras la petición de la Fiscalía de su imputación en la causa, el banquero prometió su disposición a colaborar con la Justicia. Se espera que mantenga la posición de que no sabía nada de lo que Villarejo cuenta en sus informes y que están en manos del magistrado García Castellón. El problema es que su versión puede ser tumbada si el resto de los acusados empieza a cantar y a apuntarle directamente. El juez, en uno de sus últimos autos, hablaba ya de la posible responsabilidad de la cúpula.
