BBVA reconoce por primera vez a los inversores que podría tener que enfrentarse a multas económicas por el 'caso Villarejo', por el que fue imputado el pasado 29 de julio y por el que ha sido llamado a declarar como persona jurídica el próximo 24 de septiembre en la Audiencia Nacional.
Hasta la fecha BBVA había admitido presuntos delitos por mala conducta, pero siempre a título personal de sus directivos o empleados. Pero ahora, no descarta una condena por parte de la Justicia o por parte de los reguladores. Estos últimos, con el BCE al frente, están siguiendo con preocupación la evolución de los acontecimientos y analizan las medidas a adoptar en un futuro, entre las que no se descarta la salida del actual presidente, Carlos Torres.
En los círculos financieros cada vez se rumorea más con la posibilidad de un cambio en el sillón de mando más pronto que tarde y no se descarta que su sustituto sea el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, quien fue número dos de BBVA entre 2002 y 2009 a través de una fusión de ambas entidades. Algo que el PNV estaría promoviendo.
En el folleto de emisión de las participaciones preferentes convertibles en acciones (CoCos), lanzado el miércoles, sostiene que entre las implicaciones o riesgos que podría acarrear la investigación de los tribunales, que está "en una fase preliminar", u otros "procedimientos relacionados" con la causa de las escuchas ilegales, se encuentran "multas", "daños" o "daños a nuestra reputación". Eso sí, matiza, que por el momento es difícil predecir su materialización y alcance. Desde el banco, además, apuntan que una sanción es una "posibilidad remota" a día de hoy.
Efecto en solvencia
La agencia Moody's ya alertó a finales de julio que la imputación de BBVA por los contratos a la empresa del excomisario Villarejo, Grupo Cenyt, podría tener efectos negativos sobre su solvencia y no sólo por una sanción económica. "Las consecuencias de un abuso en la gobernanza podrían por tanto ir más allá del efecto inmediato de una posible multa, el abuso también distrae la atención de la dirección y recursos, algo que puede dañar la calidad del crédito de la entidad", indicaba la calificadora de riesgos.
La alerta de Moody's se produjo apenas días después de que el consejero delegado del banco, Onur Genç, indicara que el 'caso Villarejo' no había tenido impacto ni en el negocio ni en la cotización, aunque sí sostenía que estaba teniendo "por supuesto, un impacto reputacional". "No nos gusta salir todos los días en los periódicos" por este asunto, señaló entonces el número dos del grupo financiero.
El BCE analiza medidas para actuar en caso de que sea necesario el cese del presidente
Como en ocasiones anteriores, en el folleto de la participaciones convertibles BBVA señala que ha colaborado de manera activa con la Justicia para esclarecer los hechos y que no puede hacer público la investigación interna de más de un año que ha realizado, con ayuda de Garriges, PwC y Uría Menéndez, que ha concluido este verano.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó al banco por posibles violaciones de la ley relacionadas con el soborno, la revelación de secretos y la corrupción, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, además de haber declarado sospechosos a ocho directivos y exdirectivos, entre ellos, el exconsejero delegado Ángel Cano.
Los hechos se remontan al periodo 2004-2017, bajo el mandato del expresidente Francisco González. Durante estos años, BBVA se sirvió de los servicios de espionaje de Villarejo para tumbar el asalto de Sacyr sobre la entidad, ara analizar la situación de los empresarios Fernando Martín y Luis Portillo, además de conocer los entresijos de la Asociación Ausbanc. En estas operaciones, el excomisario, según los papeles del mismo, había interrumpido irregularmente las comunicaciones de políticos y empresarios, además de hacer hostigamientos y seguimientos a un sinfín de personalidades, entre las destacan la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el exministro Miguel Sebastián.
Todos los focos ahora están puestos en Francisco González, quien ha negado cualquier tipo de conocimiento sobre las prácticas ilegales que relata Villarejo, además de en su sucesor, Carlos Torres, ya que durante la última etapa de los servicios del excomisario era el número dos del banco.
BBVA aún está estudiando la posibilidad de recurrir la decisión del juez de imputarlo como persona jurídica en la causa, pero para tomar una decisión está esperando a que el procedimiento deje de estar bajo el secreto sumarial, con el objetivo de tener toda la información a su alcance.
Seguimiento constante
El grupo, de momento, no ha llevado a cabo provisiones extraordinarias para poder afrontar cualquier contratiempo en los resultados finales de la causa. Eso sí, en distintas ocasiones, desde que estalló el escándalo en enero de este año, el banco ha venido indicando que "realiza un seguimiento constante de investigaciones, procedimientos y acciones judiciales o regulatorias para la defensa de sus intereses, dotando (en razón del número de litigios de los pronunciamientos y el estado de los procedimientos o acciones) las correspondientes provisiones para cuando sea necesario".
