Extrapolar los datos de las elecciones generales, celebradas el pasado 28 de abril, para hacer un cálculo de cómo puede quedar el mapa de las municipales y autonómicas, no sirve para gran cosa. Aunque el sistema por el que se rigen unos comicios y otros es prácticamente el mismo, y aunque la conocida Ley D'Hondt es también la herramienta que determina el número de diputados en las cortes autonómicas y el número de concejales en la corporaciones locales, las proyecciones electorales no se pueden hacer de igual modo, básicamente porque la proporcionalidad de las autonómicas y municipales es infinitamente mayor en el reparto de votos que en el de las generales. Especial Elecciones 26-M.
Dicho de otro modo, el 26-M habrá más diputados regionales y ediles que diputados nacionales, luego el reparto será más equitativo y el precio de los votos para conseguir un escaño tendrá menos distancia entre unos partidos y otros.
En efecto, situaciones como en las generales del 28-A, en las que las circunscripciones pequeñas favorecían a los partidos grandes, dejando sin representación a los pequeños, este 26-M cambiarán y verán cómo es posible que en sus parlamentos autonómicos y en sus ayuntamientos sean elegidos candidatos de formaciones que comprobaron cómo sus votos se perdieron en abril. Esto puede ocurrir en Canarias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra o Extremadura, entre otras regiones.
El precio del voto
Nuestro sistema, regulado por la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, con la ley D'Hondt en la mano, propició que en estas últimas elecciones 2,6 millones de votos se quedaran sin representación. Por ejemplo, en Soria, el 40% acabaron en la papelera. De los cinco principales partidos, Unidas Podemos y Vox fueron los más perjudicados. Muchos de sus papeletas no solo no sirvieron, sino que además restaron a los bloques de izquierda y derecha respectivamente. Y la explicación es sencilla, con el sistema de reparto por promedio mayor (D'Hondt), que funciona en España, el 28-A, al PSOE le costó un diputado 60.619 votos, al PP 66.000 votos, a Ciudadanos 72.571 votos, a Unidas Podemos 88.879 votos y a Vox, 111.548 votos.
Paradójicamente, esta ley contempla que en la España donde se da el voto nacionalista, a partidos como ERC, JxCat-Junts, PNV o EHBildu les resulte más barato obtener una silla en el Parlamento, de manera que, en su caso, y por este orden, necesitaron por diputado 67.690 votos, 71.091 votos, 65.711 votos y, 64.710 votos, respectivamente.
Pero tampoco se le puede reprochar este reparto a los nacionalistas. La LOREG conforma que, en circunscripciones pequeñas como Soria, obtener un escaño en las elecciones nacionales cueste infinitamente menos que en una de grandes dimensiones. Es el caso del PP, en la provincia castellana le costó 20.895 votos conseguir uno de los dos diputados que reparte la circunscripción, mientras que en Madrid, le costó un escaño 131.102 votos.
Pero ahora estos cálculos no valen. El 26-M no habrá tanto voto perdido. Eso sí, el mínimo de porcentaje de voto válido sí condicionará, hasta el punto de que, si no se logra ese mínimo, hace más fuerte a un bloque en detrimento de otro.
La importancia del porcentaje
Veamos el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, donde según las últimas encuestas, el proyecto que representa Carlos Sánchez Mato, de IU y con el apoyo de Unidas Podemos, se puede quedar sin concejal si no consigue el 5% de los votos válidos. Si ese porcentaje fuera más bajo, por ejemplo, el 3%, al fraccionar el voto de la izquierda, mejoraría el resultado del bloque contrario. Además, si aunque en esta ocasión la proporcionalidad del voto se multiplica con respecto a las generales, y la apelación del voto útil no es tan sustancial como el 28-A, si el voto de Vox se va al Partido Popular -como a esta formación le cuesta menos votos obtener su concejal-, a la postre aumentan las posibilidades del PP, reforzando el bloque del centro-derecha.
En asuntos de porcentajes, el mapa es de lo más variado. Mientras que para las elecciones nacionales el umbral que marca la LOREG es del 3% de los votos válidos, en las locales ese umbral sube al 5%, y en las Comunidades Autónomas se reparte según criterio político. Así, en Aragón, Asturias, las dos Castillas, Navarra y Murcia se pide un 3%, y en Cantabria, Madrid, Extremadura y La Rioja se exige el 5%.
Precisamente es la mayor proporcionalidad de las elecciones municipales, y especialmente autonómicas lo que puede remover los resultados. En Navarra, donde ganó Summa (PP, Cs y Unión del Pueblo Navarro) l 28-A, el 26-A su parlamento autonómico puede abrir las puertas a Unidas Podemos, Vox y Gbai. En Cantabria, también pueden entrar Vox y Unidas Podemos y, en Castilla-La Mancha y en Castilla León es posible que su parlamento tenga que abrir hueco a UP.
En cuanto a las europeas, con circunscripción única y sin ningún umbral electoral, el reparto también será bastante proporcional, favoreciendo la entrada de partidos emergentes como Vox, en detrimento de un PP tocado, fragmentado, y muy pegado a los resultados de Cs.
La abstención de Andalucía
El sistema de reparto, la mayor o menor proporcionalidad y la abstención, factor este último que influyó en buena medida para que el PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, llegaran al Gobierno de San Telmo y derrocaran 37 años de gobiernos socialistas de manera consecutiva e ininterrumpida. Además, en estas elecciones, por su carácter de mayor proximidad al votante, influirá de manera notable el perfil del candidato, más allá de la marca que representa.
