Si ayer mismo el Ministerio de Política Territorial y Función Pública daba orden de abonar 280 euros en la nómina de junio al personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), formado por unas 40.000 personas, hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunciaba durante su visita a la Delegación Central de la Agencia Tributaria (AEAT) en Madrid que su ministerio está trabajando para devolver el 0,25% del alza salarial pendiente de los funcionarios en la nómina del próximo mes de julio.
Fue una promesa de Montoro
¿Pero de dónde viene este 0,25%? Es la última parte del alza salarial que acordó en su momento el ministro anterior de Hacienda Cristóbal Montoro con los sindicatos de la Función Pública en marzo de 2018. Este 0,25% dependía de que el PIB de 2018 superara el 2,5% y así ha sido ya que España creció un 2,6%.
Este nuevo aumento del 0,25%, sumado al alza del 2,25% de enero, eleva la subida salarial de este año al 2,5%. Y a ella podría sumarse también otro 0,25% de fondos adicionales, si bien este alza debe ser negociado por los sindicatos con cada administración, según lo fijado en los acuerdos con los sindicatos.
Los sindicatos temían que la subida salarial no se hiciese efectiva como mínimo hasta la nómina del mes de agosto. Según datos de CCOO, la subida adicional del 0,25% en la Administración Local supondrá para el personal administrativo o policías que estén en el Grupo C, entre 70 y 75 euros más de salario por año completo, mientras que para el personal técnico superior del grupo A el incremento se elevará a unos 150 euros anuales. En cuanto a los empleados públicos de Sanidad, la subida salarial adicional del 0,25% supondrá unos 58,78 euros anuales para el grupo A y unos 31,3 euros para el grupo E.
por su parte, UGT estima que el alza adicional del 0,25% ligado al PIB para todos los empleados públicos de todas las administraciones rondará los 280 millones de euros.
Hacienda, "a punto" de devolver el IRPF de maternidad a funcionarias y a madres con sentencias previas
La ministra de Hacienda en funciones ha avanzado además que ya se han devuelto 960 millones del IRPF de los permisos de paternidad y maternidad a más de 734.000 padres y madres, y ha asegurado que se devolverán "inmediatamente" los importes correspondientes a las funcionarias y mutualistas de previsión social y se está "a punto" de encontrar una solución para las 400.000 madres que reclamaron la devolución en los tribunales -y se la denegaron- antes de la sentencia del Supremo que estableció la exención del gravamen.
Hasta este lunes más de 734.000 madres y padres ya habían recibido la devolución del IRPF vinculadas con los permisos de maternidad y paternidad disfrutados entre 2014 y 2017, con un importe de devolución que supera los 960 millones de euros.
En concreto, los contribuyentes con derecho a devolución han recibido 1.309 euros de media (2.066 euros de media en el caso de las madres y 483 euros en el de los padres).
Sobre el impuesto al diésel
La ministra de Hacienda ha descartado una subida "inminente para el año 2019" del impuesto al diésel, y ha dicho que la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que aseguró que el Gobierno se pondrá a trabajar "con la mayor diligencia" para revisar la fiscalidad que se aplica al diésel, lo que estaba planteando era una "obviedad", ya que el Ejecutivo "no ha cambiado su política fiscal ni tiene variación respecto a lo planteado en el proyecto de PGE ni en las leyes aprobadas".
"No se trata de que (la subida) sea inminente para 2019 porque estamos discutiendo preguntas sobre la conformación del propio Gobierno; los tiempos corren para poder tramitar una modificación fiscal o el proyecto de PGE, hace falta tiempo suficiente para que pueda entrar en vigor", ha especificado Montero, que ha acudido a una delegación de la Agencia Tributaria en Madrid en el marco de la Campaña de la Renta 2018.
En este sentido, Montero ha indicado que el objetivo es eliminar una bonificación que tenía este carburante (diésel) respecto a la gasolina, ya que "se ha demostrado que la contaminación tiene unos niveles similares y no tiene sentido que haya diferencia". Por ello, ha insistido en que la pretensión del Ejecutivo es acercar "progresivamente" el precio del diésel al de la gasolina, algo que es "bastante común en otros países".
La titular de Hacienda en funciones ha asegurado que la medida no es por "afán recaudatorio", sino por promover comportamientos en beneficio del medio ambiente, al ser una "prioridad" para el Gobierno, añadiendo que la industria debe adaptarse y ser "más cuidadosos" con la emisión de CO2, así como los ciudadanos asumir "conductas" que contribuyan con el planeta.
Sobre las polémicas cartas preventivas
Por otra parte, preguntada por las cartas remitidas por la AEAT a las pymes y las críticas de organizaciones de autónomos como ATA, Montero ha insistido en que "a priori" no afecta a los autónomos, sino a los autónomos con empresas, ya que se dirigen "exclusivamente" a empresas por el Impuesto de Sociedades.
Montero ha defendido que trasladar a un contribuyente (pymes) que los datos que presenta de facturación tienen un diferencial respecto a la competencia hay que interpretarlo como una "tarea preventiva" de la AEAT, que pone en conocimiento del contribuyente información para que "se autorregule" y no dé lugar a ningún tipo de cuestión "no deseable".
"Aquel que tenga comprobados sus datos y esté en perfecto cumplimiento de las obligaciones fiscales no tiene absolutamente nada que temer", ha enfatizado Montero, quien ha añadido que estas misivas buscan también liberar recursos para combatir el fraude de los grandes contribuyentes.
