Cristóbal Montoro

Parte del PSOE aboga por prorrogar Presupuestos

Pedro Sánchez ha dicho públicamente que su objetivo es tener los Presupuestos aprobados "antes de que acabe el verano" para terminar así con una prórroga presupuestaria que ya dura dos años. Pues bien, cuentan que existe un importante sector dentro del PSOE que aboga precisamente por alargar durante un año más la vigencia de las cuentas públicas hechas por Cristóbal Montero en 2018. Dicen que al frente de este grupo está el exministro de Industria Miguel Sebastián. Por lo que se comenta, este sector considera que es "mejor olvidarse del Presupuesto de 2020 y trabajar ya para el de 2021". Las razones que esgrimen para ello son principalmente dos. La primera es Cataluña y las elecciones autonómicas anunciadas por Quim Torra que pueden impedir o retrasar el necesario apoyo de ERC. Y la segunda pasa por la dificultad que existe a paliar el incremento del gasto que el Presupuesto de 2020 promete con el alza de impuestos. "Ni la subida de Sociedades ni la del IRPF a las rentas altas aportarán nada hasta 2021", explican en el entorno de Sebastián. "Además, tampoco se puede contar con la tasa Google, porque no se podrá aplicar en solitario a menos que nos quedamos arriesgar a la ira arancelaria de Trump"·, añaden. A pesar de estas voces en contra, dicen que Sánchez sigue empeñado en sacar adelante los Presupuestos de 2020.

No han pasado los cien días preceptivos y las discrepancias en el seno del Gobierno empiezan a agrietar el edificio de la coalición sin que las extravagantes declaraciones de la vicepresidenta Calvo o los silencios arrogantes del presidente, sirvan para disimular las fisuras y las manchas. Destacados socialistas cercanos a La Moncloa confirman estas divergencias que afectan a pilares de ese inmueble construido sobre cimientos poco sólido como son la economía y la política exterior, además de a los límites a las cesiones al independentismo catalán.

Se pone en marcha un nuevo Gobierno, y ante él -nos jugamos mucho en caso de equivocarnos-, es preciso formularle preguntas muy serias desde el punto de vista precisamente de la economía. Conviene recordar el desastre que se originó al poner en marcha en 1868 un programa económico que, en parte fundamental, estaba basado en un caos forzoso debido a la bandera que exhibía conjuntamente, con un razonable librecambio, otro de puesta en marcha del llamado cantonalismo. Como éste, sencillamente, bloqueaba la economía, los sucesivos planteamientos partían de incapacidades para reaccionar, como consecuencia de una fractura gigantesca en el mercado interior. O si nos asomamos al siglo XX en términos económicos, el conjunto de medidas que se derivaba de los planteamientos de Azaña y que yo he expuesto en una publicación conjunta con Fernando Morán, evidenciaron que en plena crisis de 1930 se tenía forzosamente que acentuar ésta.

El 2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, una importante reforma de la actual Constitución Española: el cambio en el texto del artículo 135 del Título VII, relativo a Economía y Hacienda. José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Gobierno, promovió el cambio. La propuesta fue aprobada con los votos del PSOE y del PP. En total 316 síes. Muy por encima de los tres quintos necesarios (212 votos a favor) para la sacar adelante la modificación constitucional. Se ausentaron de la Cámara la mayoría de los que ahora facilitarán un Gobierno PSOE-UP: Izquierda Unida (hoy en UP), ERC, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), también con Podemos en la actualidad.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018 elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy se prorrogarán automáticamente este miércoles, 1 de enero, a la espera de que se forme un Ejecutivo con plenas funciones y pueda presentar unas nuevas cuentas públicas de 2020, cuyo proyecto de ley espera poder presentar el Gobierno lo antes posible.

Los ministerios económicos del Gobierno de Mariano Rajoy no informaron de oficio al Tribunal de Cuentas del 59% de las incidencias producidas en los contratos públicos que estos departamentos habían adjudicado y que este organismo había seleccionado para evaluar su ejecución entre 2014 y 2016.

Si ayer mismo el Ministerio de Política Territorial y Función Pública daba orden de abonar 280 euros en la nómina de junio al personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), formado por unas 40.000 personas, hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunciaba durante su visita a la Delegación Central de la Agencia Tributaria (AEAT) en Madrid que su ministerio está trabajando para devolver el 0,25% del alza salarial pendiente de los funcionarios en la nómina del próximo mes de julio.

Llegan las elecciones municipales y los alcaldes de España buscan argumentos para presumir de buena gestión, nada nuevo respecto a otras campañas. Sin embargo, resulta curioso ver una gran cantidad de alcaldes alardeando en corrillos, redes sociales y actos de haber reducido la deuda de sus pueblos/ciudades, incluso partidos que tradicionalmente han criticado la consecución de superávits (por ser supuestamente el resultado de una política fiscal austera) ahora sacan pecho de una reducción del endeudamiento sin precedentes. Esta 'victoria' a la que se apuntan cientos de alcaldes tiene un solo padre: la regla de gasto aprobada en 2012 dentro de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en la tan criticada reforma del artículo 135 de la Constitución.

La 18ª sesión del juicio del procés comenzó este martes con la declaración de Felipe Martínez Rico, ex subsecretario de Hacienda y mano derecha de Cristóbal Montoro en el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2016 y 2017. El testigo no pudo certificar con total seguridad que la Generalitat financiara con dinero público la celebración del referéndum, pero tampoco fue capaz de afirmar con rotundidad que no se hiciera ningún gasto relacionado con el 1-O. En Directo | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, denunció ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal de Cuentas los gastos de publicidad del referéndum ilegal del 1 de octubre, los pagos del Diplocat por los observadores internacionales, el posible desvío de fondos para crear la Hacienda catalana y los gastos por el viaje de 200 alcaldes a Bruselas.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy declarará como testigo en el juicio por el proceso independentista en Cataluña la semana que viene, concretamente el próximo 26 de febrero, mientras que la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido, respectivamente, lo harán un día más tarde.

El Tribunal Supremo ya ha cerrado la fecha de inicio del juicio al procés: será el 12 de febrero cuando tenga lugar la primera sesión, según ha confirmado el alto tribunal este viernes. En un primer momento se valoró que el comienzo del juicio tuviera lugar en torno al 5 de febrero pero precisamente ayer ya se avanzó que el Supremo se planteaba atrasarlo al día 12, como finalmente ha sido.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno y presentado en sociedad el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de unas Cuentas que incluyen un considerable incremento del gasto y también de la recaudación, aunque en este último caso el Ministerio de Hacienda ha recurrido a la contabilidad creativa para cuadrar los cálculos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la recaudación tributaria superará los 227.000 millones de euros en 2019, tal como recoge los Presupuesto aprobados hoy por el Consejo de Ministros. Supone que los ingresos fiscales crecerá de un 9,5% respecto al avance de liquidación de 207.000 millones en 2018, adelantados hoy por la ministra. Montero se ha quejado que el objetivo de déficit del 1,3% frente al 1,8% que ha intentado sacar adelante el Gobierno implica recorte del gasto de más de 6.000 millones.

Como estaba previsto desde hace meses, 2019 empieza con prórroga presupuestaria. El retraso al que ha condicionado el Gobierno la aprobación de nuevas Cuentas, por los insuficientes apoyos que tendrían los socialistas si llevaran su proyecto al Congreso -al menos por ahora-. ha provocado que España no tenga Presupuestos a tiempo, lo cual va a llevar a que el Ejecutivo tenga que recurrir a la vía de los reales decretos ley (RDL) para poder equilibrarlos.

El salario de los empleados públicos subirá con la llegada de 2019 al menos un 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, lo que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores de las tres administraciones públicas (Estatal, Local y Autonómica).

Madrid, 27 dic (EFE).- La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha lamentado este jueves el retraso que sufren algunos de los proyectos municipales, como el nuevo centro deportivo de La Cebada, y ha culpado de ello a la "paralización" que provocó la intervención de Hacienda y de los recursos del PP en 2017.

En las últimas semanas, el real decreto ley (RDL) se ha convertido en uno de los principales instrumentos políticos del Gobierno de Pedro Sánchez, dada la escasa fuerza parlamentaria que tienen los socialistas en el Congreso, con solo 84 diputados. Con él pretende sacar adelante su agenda social -algo que ya está haciendo mediante los Consejos de Ministros, como fue el caso del paquete de medidas en vivienda- si no puede amasar apoyos suficientes para su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, estas herramientas también pueden acabar convirtiéndose en un arma de doble filo, puesto que todo cambio legislativo que se proponga con ellas tendrá que ser ratificado por la Cámara Baja, quedando el Gobierno expuesto a la derogacion de la medida aprobada.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.

El Ministerio de Hacienda no tiene previsto modificar la actual regulación de la declaración de bienes en el extranjero (el llamado Modelo 720), a la espera de lo que decidan los tribunales, pendientes en estos momentos de la resolución del primer caso de un sancionado por declaración extemporánea, y a pesar de que la Unión Europea declaró ilegal este mecanismo, como ayer adelantó elEconomista. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "se trata de un problema técnico que afecta a una ley que es absolutamente legal porque no está recurrida en el Constitucional, de manera que hay que esperar a escuchar la palabra de los tribunales", señaló a elEconomista.

El exministro de Hacienda durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, se ha situado en el ojo del huracán ante las críticas de los asesores fiscales por el mantenimiento de la declaración de bienes en el extranjero un año después de que se conociera el dictamen motivado de Bruselas, que decía que su regulación no se ajusta al Derecho comunitario y que invade cinco derechos fundamentales europeos.La Comisión Europea dictaminó que es ilegal la normativa española que regula la declaración de bienes en el extranjero -conocida como Modelo 720- e impone multas de hasta el 150% de la ganancia patrimonial no justificada, en el caso de que no se haya declarado o se haya declarado de forma extemporánea. El caso es que Hacienda lo ha mantenido en secreto durante casi dos años.Para conocer su punto de vista, tras la requisitoria de la Audiencia Nacional para que se entregara el documento a un contribuyentes sancionado, elEconomista ha hablado con el exministro.

La amnistía fiscal de 2012, promovida por Mariano Rajoy y diseñada por Cristóbal Montoro, fue declarada nula y no ajustada a la Carta Magna, con la unanimidad del Pleno del Tribunal Constitucional, como consecuencia del recurso presentado por 50 diputados del PSOE en junio del año pasado.

Llega la Navidad. Época de nostalgia y alegría, por aquellos que ya no están y por la llegada del Niño Dios. Los abajo firmantes hemos sido protagonistas de un procedimiento de infracción contra la obligación informativa de bienes en el extranjero que impuso Montoro y las conclusiones del dictamen motivado emitido por la Unión Europea nos llenan de felicidad y, con estas líneas, queremos hacer más llevaderas estas fiestas a los afectados por tan gravosa normativa. Rememoremos.

La advertencia lanzada el lunes por el Gobierno central al Ejecutivo catalán por su "dejación de funciones" a raíz de la permisividad de los Mossos d'Esquadra ante las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) han surtido efecto en el Palau de la Generalitat.