No han pasado los cien días preceptivos y las discrepancias en el seno del Gobierno empiezan a agrietar el edificio de la coalición sin que las extravagantes declaraciones de la vicepresidenta Calvo o los silencios arrogantes del presidente, sirvan para disimular las fisuras y las manchas. Destacados socialistas cercanos a La Moncloa confirman estas divergencias que afectan a pilares de ese inmueble construido sobre cimientos poco sólido como son la economía y la política exterior, además de a los límites a las cesiones al independentismo catalán.
Se pone en marcha un nuevo Gobierno, y ante él -nos jugamos mucho en caso de equivocarnos-, es preciso formularle preguntas muy serias desde el punto de vista precisamente de la economía. Conviene recordar el desastre que se originó al poner en marcha en 1868 un programa económico que, en parte fundamental, estaba basado en un caos forzoso debido a la bandera que exhibía conjuntamente, con un razonable librecambio, otro de puesta en marcha del llamado cantonalismo. Como éste, sencillamente, bloqueaba la economía, los sucesivos planteamientos partían de incapacidades para reaccionar, como consecuencia de una fractura gigantesca en el mercado interior. O si nos asomamos al siglo XX en términos económicos, el conjunto de medidas que se derivaba de los planteamientos de Azaña y que yo he expuesto en una publicación conjunta con Fernando Morán, evidenciaron que en plena crisis de 1930 se tenía forzosamente que acentuar ésta.
El 2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, una importante reforma de la actual Constitución Española: el cambio en el texto del artículo 135 del Título VII, relativo a Economía y Hacienda. José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Gobierno, promovió el cambio. La propuesta fue aprobada con los votos del PSOE y del PP. En total 316 síes. Muy por encima de los tres quintos necesarios (212 votos a favor) para la sacar adelante la modificación constitucional. Se ausentaron de la Cámara la mayoría de los que ahora facilitarán un Gobierno PSOE-UP: Izquierda Unida (hoy en UP), ERC, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), también con Podemos en la actualidad.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018 elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy se prorrogarán automáticamente este miércoles, 1 de enero, a la espera de que se forme un Ejecutivo con plenas funciones y pueda presentar unas nuevas cuentas públicas de 2020, cuyo proyecto de ley espera poder presentar el Gobierno lo antes posible.
Los ministerios económicos del Gobierno de Mariano Rajoy no informaron de oficio al Tribunal de Cuentas del 59% de las incidencias producidas en los contratos públicos que estos departamentos habían adjudicado y que este organismo había seleccionado para evaluar su ejecución entre 2014 y 2016.
Si ayer mismo el Ministerio de Política Territorial y Función Pública daba orden de abonar 280 euros en la nómina de junio al personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), formado por unas 40.000 personas, hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunciaba durante su visita a la Delegación Central de la Agencia Tributaria (AEAT) en Madrid que su ministerio está trabajando para devolver el 0,25% del alza salarial pendiente de los funcionarios en la nómina del próximo mes de julio.
Llegan las elecciones municipales y los alcaldes de España buscan argumentos para presumir de buena gestión, nada nuevo respecto a otras campañas. Sin embargo, resulta curioso ver una gran cantidad de alcaldes alardeando en corrillos, redes sociales y actos de haber reducido la deuda de sus pueblos/ciudades, incluso partidos que tradicionalmente han criticado la consecución de superávits (por ser supuestamente el resultado de una política fiscal austera) ahora sacan pecho de una reducción del endeudamiento sin precedentes. Esta 'victoria' a la que se apuntan cientos de alcaldes tiene un solo padre: la regla de gasto aprobada en 2012 dentro de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en la tan criticada reforma del artículo 135 de la Constitución.
La 18ª sesión del juicio del procés comenzó este martes con la declaración de Felipe Martínez Rico, ex subsecretario de Hacienda y mano derecha de Cristóbal Montoro en el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2016 y 2017. El testigo no pudo certificar con total seguridad que la Generalitat financiara con dinero público la celebración del referéndum, pero tampoco fue capaz de afirmar con rotundidad que no se hiciera ningún gasto relacionado con el 1-O. En Directo | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, denunció ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal de Cuentas los gastos de publicidad del referéndum ilegal del 1 de octubre, los pagos del Diplocat por los observadores internacionales, el posible desvío de fondos para crear la Hacienda catalana y los gastos por el viaje de 200 alcaldes a Bruselas.
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