El Gobierno socialista está decidido a agotar todas las opciones para sacar adelante los aspectos más relevantes de la llamada contrarreforma laboral a la impulsada por el PP en 2012. De este modo, el Ejecutivo ha intensificado los contactos con la patronal CEOE y los sindicatos para incluir en un Real Decreto Ley de urgencia, que se apruebe en las próximas semanas, ciertos cambios en el mercado de trabajo, sumando el mayor de los consensos posibles, tal y como señalan fuentes de Moncloa a elEconomista.
Este Real Decreto Ley podría ser anunciado por el Ejecutivo en un corto plazo de tiempo, hasta la celebración de las elecciones generales del próximo 28 de abril, momento en que entraría en funciones y perdería capacidad legislativa. Hasta entonces, los decretos que formalice podrán ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, una vez disueltas las Cortes. Y ésta es precisamente la idea con la que se está trabajando en la Mesa del Diálogo Social.
El Gobierno siempre podría echar mano de los puntos ya consensuados con los sindicatos
De hecho, fuentes implicadas en estas negociaciones aseguran a elEconomista que se están produciendo reuniones y conversaciones a contrarreloj entre los agentes sociales, aunque si no fuera posible incluir a los empresarios en el acuerdo, el Gobierno siempre podría echar mano de los puntos ya consensuados con los sindicatos recientemente, en virtud de los cuales se revertirá la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, se rescatará la ultraactividad de los convenios, se modificará la política de subcontratación y se impondrá el registro diario de la jornada de los trabajadores.
De hecho, si la patronal se suma finalmente al pacto, algunos de estos puntos o su profundidad podría decaer, dicen las mismas fuentes.
Todo ello, con el objetivo de llevar a término las intensas conversaciones que mantienen los agentes sociales desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en el mes de junio de 2018.
Valerio y Sánchez descafeinaron la contrarreforma laboral ciñéndola a los "aspectos más lesivos de la norma"
Cabe recordar que el derrumbe de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 ha sido uno de los mantras que ha jalonado el cartel electoral de los socialistas desde que entrara en vigor.
Sin embargo, una vez alcanzado el poder, en primer lugar la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y posteriormente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rebajaron la expectativa de derogación a una "reforma de los aspectos más lesivos de la norma".
Consecuencias de la medida
De producirse este último escenario, como explica el socio del área laboral de Toda & Nello, Dídac Ripollès, traería algunas consecuencias, donde la Seguridad Social sería la más beneficiada por las medidas. Concretamente, Ripollés señala que, según las estadísticas, se realizan 6,6 millones de horas extras semanales en España, de las cuales el 44% no se declaran como tales.
"Esa obligación de registro, además de una mejor conciliación de la vida personal y laboral, debería servir para hacer aflorar todos esos excesos de jornada, y su correspondiente cotización a la Seguridad Social", explica. Aunque estima que con el cambio de prevalencia del convenio "se perdería con ello un importante mecanismo de flexibilidad, que permite actualmente a las empresas apartarse del convenio sectorial para definir a nivel interno sus propias condiciones (con prioridad respecto al convenio del sector)".
Además, señala que el cambio en la subcontratación, otro de los puntos, en las contratas de propia actividad supondría responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a todas las deudas de cualquier naturaleza contraídas por el contratista o subcontratistas durante la vigencia de la contrata efectuada.
