La abultada factura de la nómina de pensiones ha hecho claudicar al Gobierno en su intención de abonar la paga extra de Navidad únicamente con la recaudación por cotizaciones y el préstamo procedente del Estado previsto en el Presupuesto de 2018. Finalmente, tal y como se anunció este viernes en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo financiará la nómina ordinaria y la extra de noviembre, y la del último mes del año con recursos adicionales por valor de casi 11.000 millones de euros: 6.330 millones procedentes del préstamo presupuestario, otros 3.000 millones que se extraerán de la conocida como hucha de las pensiones y 1.500 millones más de una ampliación de crédito solicitada por la Seguridad Social.
Tal y como señalan fuentes oficiales a elEconomista, estos últimos 1.500 millones no tendrán ningún impacto en el déficit público, ya que éste se calcula en términos de contabilidad nacional, que aplica criterio de devengo, toda vez que se obtienen de dos partidas ya presupuestadas: unos 500 millones en créditos sobrantes de otros conceptos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y casi 1.000 millones en créditos del INSS con previsión de expedición en 2019, pero presupuestados en 2018, que no iban a utilizarse en este momento y se destinan a este menester a través de una modificación en el crédito del INSS.
Todo ello para hacer frente a un desembolso de 18.000 millones de euros, correspondiente a las dos pagas de noviembre, aunque la extra se abona según la Ley de la Seguridad Social el primer día hábil de diciembre (1 de diciembre en este caso), y que incluye la subida del 1,6% aplicada a finales de julio, además de la nómina ordinaria del mes de diciembre, que incrementará aún más si cabe la presión sobre la Tesorería de la Seguridad Social.
De hecho, el mejunje de fuentes de financiación que concurrirán en el pago del cierre de año incluye dos errores de predicción del Gobierno: por el lado negativo, el Gabinete de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, descartó tras la llegada al Ejecutivo la extracción de más recursos de la hucha de las pensiones -dispondrá de 3.000 millones en noviembre- y por el lado positivo, según el comunicado oficial, en mayo, la previsión del Comité del Fondo de Reserva realizada por el todavía Gobierno del PP era utilizar 5.000 millones para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. Sin embargo, gracias al mejor comportamiento del empleo y la recaudación por cotizaciones se han establecido estas necesidades financieras en 2.000 millones menos que entonces.
Además, el Ministerio de Trabajo recuerda en la nota oficial sobre estas nuevas disposiciones que los desajustes tienen su origen en un problema contable, ya que la aprobación de la subida de las pensiones al 1,6% fijada en la negociación presupuestaria de mayo "se realizó sin hacer la previsión en el estado de ingresos de la cantidad necesaria para financiar este gasto".
De hecho, el actual Gabinete de Trabajo se queja de que tampoco se asentó económicamente la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 56% abonada a finales de año, y desliza que estos compromisos adquiridos "vulneraron la legislación presupuestaria y los reglamentos del Congreso y del Senado", forzando a la Seguridad Social a tramitar la mencionada ampliación del crédito.
"Tensiones financieras"
Todo ello implica una mayor presión para la Tesorería del Sistema, que solo por la subida del IPC advierte un pago de 2.800 millones extra en 2019 en concepto de pensiones y refrendan la coyuntura de "tensiones financieras" que vaticinó allá por septiembre el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, cuando explicó que su equipo trabajaba para encontrar los resquicios en el Presupuesto heredado para conseguir la financiación extraordinaria y no presupuestada que precisaría para este momento.
Cabe recordar que el PP fió el remanente para esta empresa de final de año al ahorro que hallaría el Estado en intereses de la deuda y en un eventual impuesto a las empresas digitales, que el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cifró en una recaudación de 600 millones de euros, lo que evitaría tener que elevar el déficit público reflejado en los Presupuestos Generales de 2018.
