Tras el acuerdo anunciado por el Pacto de Toledo para subir las pensiones en función del incremento de los Precios al Consumo (IPC), las advertencias a la cuarta potencia del euro no se han hecho esperar desde las autoridades económicas mundiales. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por el rumbo que toma la reforma del Sistema, que se negocia en el Pacto de Toledo desde 2016, al término de la visita realizada en el mes de octubre. En el informe de conclusiones de los hombres de negro, el Fondo apunta a que la medida de volver a vincular la pensión con la tasa de inflación "puede hacer peligrar la sostenibilidad del Sistema", siempre y cuando ésta se aplique de forma aislada y no vaya acompañada de un paquete integral que equilibre los ingresos y gastos de la Seguridad Social.
Concretamente, el Fondo calcula que la vinculación entre pensiones e IPC elevaría el desembolso del Estado en esta materia entre un 3% y 4% sobre el PIB en los próximos 30 años. "Un gasto de esta magnitud ha de verse contrarrestado con otras medidas estructurales", sentencian desde el FMI, al tiempo que constatan que la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los jubilados "es muy difícil de revertir".
Desde Europa, la mayor crítica a la decisión tomada por el Gobierno socialista la realizó la propia Comisión Europea a tenor del acuerdo entre el PP y PNV para los Presupuestos de 2018 que recogían una subida del 1,6% para todas las pensiones -en línea con el IPC previsto a cierre de año-, además de un incremento del 3% para las más bajas.
Así, la Comisión defiende el denominado factor de sostenibilidad que vincula las pensiones a la esperanza de vida y cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para el año 2019. "Es una buena forma de conciliar la sostenibilidad y la adecuación de los sistemas de pensiones en el contexto del envejecimiento de la población", sostienen en contra de la decisión de aplazar su entrada en vigor hasta 2023.
La CE asegura que las reformas recientes del sistema -la llevada a cabo por el PP en 2013- tendrán un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema. "El Gobierno debería aborda las cuestiones de sostenibilidad, considerando medidas para garantizar un aumento de los ingresos y medidas para garantizar pensiones eficientes y efectivas de gasto", señalan.
Calviño: "Se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro"
En lo que se refiere a la subida con el IPC como referencia, la Comisión ve esta decisión como un elemento de incertidumbre que compromete la corrección del déficit público de la Seguridad Social, que ascendía a cerca de 18.000 millones en el año 2017 y superará los 16.000 millones este año.
Precisamente en este foro llegó la crítica menos esperada por el Gobierno, la de su propia ministra de Economía, Nadia Calviño, quien en una rueda de prensa posterior a la reunión del Ecofin celebrada este mes en Luxemburgo criticó subir las pensiones únicamente con el IPC. "Sobre este asunto concreto de las pensiones, yo siempre he dicho, y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro", explicaba apuntando a la concurrencia de otros factores como la demografía, el empleo, el crecimiento de los salarios, así como el número de años cotizados o la tasa de sustitución.
Por último, desde la OCDE, sus representantes han sido taxativos a la hora de desaprobar la subida de pensiones con el IPC. Aunque aseguran que es comprensible la necesidad de revalorizar las cuantías de las prestaciones, también creen que España no se lo puede permitir a no ser que introduzca medidas "impopulares" para reequilibrar las Cuentas. Algunas de estas medidas son "elevar la edad de jubilación o recortar las pensiones futuras, o aumentar los ingresos vía cotizaciones o impuestos". De hecho, en la media de países de la OCDE el incremento de las pensiones se hace en un 70% en función del precio de la vida y un 30% restante en base al salario previo a la jubilación.
